LAS CONTRALORÍAS INTERNAS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS SON AGENCIAS DE MAQUILLAJE FINANCIEROS.
Mariano Crespo
La
sociedad venezolana mediante el estado, y de manera mas específica
el gobierno, aporta los recursos financieros para que las Universidades
públicas cumplan con sus funciones fundamentales como lo son la Docencia,
la Investigación y la Extensión, y dado el origen público de estos
recursos que por definición corresponden a la sociedad, ella está
en el ineludible deber de ejercer la contraloría social e institucional
en la planificación y ejecución presupuestaria universitaria, en cuanto
a la contraloría social exigiendo la rendición de cuentas a sus autoridades,
y en tanto a la contraloría institucional, a través de la Contraloría
General de la República, la cual dispone legalmente de los procedimientos
y criterios técnicos administrativos, sancionatorios o de penalización,
para garantizar una administración pulcra, transparente y pertinentes
de los presupuestos asignados a la universidades autónomas y experimentales
dependientes del erario público, a fin de garantizar que las
mismas cumplan con el propósito que la propia sociedad les ha encomendado.
Por
lo que resulta un contrasentido que las autoridades de las universidades
públicas se niegan a que su gestión financiera sea objeto de supervisión
y control por la sociedad misma, y por el Estado mediante sus
órganos competentes, ante esta circunstancia nos preguntamos: ¿Es
que estas instituciones públicas, se consideran un “Estado dentro
del Estado venezolano”?, ¿Es que se manipula el concepto de
autonomía para enmascarar el manejo inconfesable de los recursos financieros
universitarios?.
La
oculta administración de los cuantiosos recursos manejados por las
autoridades universitarias ha conllevado a la conformación de verdaderas
mafias depredadoras de estos presupuestos, como se evidencia en
el despilfarro y el asalto al dinero correspondiente en las partidas
de las “providencias estudiantiles” con los ticket del pasaje estudiantil,
o con los cupos del comedor estudiantil, con el tráfico de cupos estudiantiles
para ingresar como estudiantes a estas universidades que manejan los
Centros de Estudiantes ( y que hasta muertes de estudiantes han causado)
con el beneplácito y complacencia de las autoridades universitarias.
Mención aparte merece mencionar lo que ocurre con los llamados “ingresos
propios”, esto es el dinero obtenido mediante el Postgrado, Diplomados
y cursos varios de Extensión, nunca se sabe cuanto ingresa y cuento
se gasta, lo que si sabemos, es que este dinero constituye “la partida
secreta” y “la caja chica” de la autoridades universitarias, cosa
igual ocurre con los llamados “acuerdos federativos” mediante los
cuales la Universidad le aporta al gremio Docente, o Sindical, una voluminosa
suma de dinero el cual invierten sus directivos sin rendir cuenta y
en absoluta ausencia de controles administrativos y financieros.
Ante
este desaguisado las universidades públicas disponen de un servicio
de contraloría interna que más que contraloría son “maquilladores
de entuertos”, y mientras mejores maquilladores, más apetecibles
son para las autoridades señaladas.
Ante
este panorama le hacemos un llamado al Ministro para el Poder Popular
de la Educación superior, al Contralor General de la República,
y a los Diputados a la Asamblea Nacional a diligenciar de manera urgente,
para que la Contraloría General de la República designe los representantes
de este organismo a objeto de ejercer la contraloría institucional
y se le provean las normas respectivas a las comunidades de las
universidades para que estas puedan efectuar de manera eficiente
la contraloría social de la ejecución presupuestaria de la universidades,
Las agencias de maquillaje que son las contralorías internas deben
ser substituidas por delegaciones de la Contraloría General de la República
en las Universidades públicas, materia de particular urgencia.
