Si algo quedó evidenciado durante las últimas jornadas en Bolivia, fue la escasa vocación democrática de la oposición al proceso de cambio liderado por Evo Morales.

El pasado sábado, el presidente había cedido en la pretensión opositora de armar un nuevo padrón electoral para realizar las elecciones del 6 de diciembre, el domingo pareció que el camino para la aprobación de la ley quedaba habilitado, incluso el diario La Razón, que se caracteriza por su férrea oposición al proceso de cambio tituló el domingo: “Evo acepta nuevo padrón y allana la vía a la ley electoral”.

Pero la oposición tenía otras cartas bajo la manga, y cuando comenzó la sesión el lunes, nuevos señalamientos para evitar presentarse a las elecciones; nuevas excusas sería más exacto decir.

Primero pidieron que se legalicen los estatutos autonómicos que algunos departamentos organizaron de manera ilegal el año pasado, y hay que decir que esos famosos estatutos fueron aprobados con el padrón electoral con el que ahora se negaban a ir a elecciones. Y hay que decir también que ese padrón demonizado lo armaron durante la etapa neoliberal y que las autoridades de las cortes departamentales que organizan los procesos electorales también responden a los partidos neoliberales. Pero pese a todo esto la oposición no quiere someterse a las urnas, pues con todas esas ventajas, igual saben que pierden.

En la tarde del lunes el oficialismo se negó a legalizar los estatutos, y entonces la oposición pretendió marginar del voto a miles de bolivianos pobres cuyo único documento es la libreta militar, todo esto para evitar que puedan ejercer su derecho a elegir a sus autoridades, por supuesto que la inmensa mayoría de estos bolivianos pobres que pretendieron marginar apoyan a Evo Morales.

Las idas y vueltas ante tantas excusas para evitar las elecciones se hicieron tan absurdas, que los huelguistas que estaban en el palacio presidencial, declararon enérgicamente que si no se aprobaba la ley durante lo que quedaba del lunes, el martes sería cerrado el congreso por los movimientos sociales, que fueron convocados a la plaza Murillo de La Paz (donde se encuentra la sede del gobierno y el congreso boliviano).

Finalmente la ley se aprobó a las 4 y cuarto de la mañana del martes, pero estos hechos abren nuevamente el debate sobre el papel de la oposición boliviana.

Desde la llegada al poder de Evo Morales en 2006 han hecho lo imposible por acabar con su gobierno, primero quisieron frenar la asamblea constituyente, y lo cierto es que casi logran su objetivo de evitar una nueva constitución que recién pudo ser aprobada en enero de este año.

El año pasado se lanzaron a la aventura de votar estatutos autonómicos sin el permiso del gobierno central ni del organismo electoral nacional, cuando aprobaron por amplio margen la autonomía de Santa Cruz (el departamento más rico del país y el principal foco de oposición al gobierno), se sintieron tan fortalecidos que impulsaron el referéndum revocatorio contra el presidente Morales. Estaban convencidos de que lo vencerían.

Luego de perder ese referéndum por paliza (recordemos que Morales fue ratificado en agosto pasado con el 67 por ciento de los votos), iniciaron un proceso sedicioso que incluyó la quema y el saqueo de oficinas públicas en Santa Cruz, (durante la jornada destruyeron las oficinas de la radio estatal) y la tristemente recordada masacre de campesinos en Pando. También atentaron contra gasoductos para bloquear las exportaciones de gas y ahogar la economía del país.

Sólo la masiva movilización campesina, que cercó literalmente la ciudad de Santa Cruz, logró aplacar la intentona golpista.

Desde entonces y hasta los últimos hechos, parecía que la oposición había entendido que debía respetar la voluntad de las mayorías, pero en estos días han demostrado nuevamente sus intenciones desestabilizadoras.

Han fracasado nuevamente y creo que ahora la pregunta, es sí la oposición finalmente asumirá el papel que le corresponde dentro de las reglas democráticas, o si insistirá en su intención de negar el proceso de cambio que se destaca una vez más, goza del respaldo de la mayoría de la población boliviana.

El pasado domingo, el presidente Morales denunció planes de magnicidio organizados por la derecha fascista y alentados por la embajada de Estados Unidos.

El mismo domingo por la noche pasé caminando por la puerta de esa legación en La Paz y me detuve a observar su enorme infraestructura de concreto. La embajada debe ser por lo menos 10 veces más grande que cualquier ministerio boliviano.

¿Por qué es necesario un edificio tan grande?

Lo primero que me vino a la mente fue pensar que desde allí sólo se pueden hacer dos cosas: gobernar o conspirar.

Hasta el 22 de enero de 2006 (cuando asumió Evo Morales) desde allí designaban ministros y militares, es decir, gobernaban. Desde entonces, por supuesto, no les queda otra que conspirar.

Yo me permito despedirme hasta el próximo complot.



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