Las empresas encuestadoras se han convertido en verdaderos fabricantes de la “voluntad popular” y, como tal, instrumentos fundamentales de las estrategias electorales de poderosos grupos políticos y económicos, nacionales o extranjeros, que buscan en sus productos de “marketing” diseñar campañas fraudulentas dirigidas a influir en le comportamiento de los votantes, demonizar a los adversarios de sus candidatos y crear rivalidades artificiales pero políticamente convenientes para quienes financian sus operaciones fraudulentas.
No se trata de que tales empresas no tengan una base científica de sus instrumento de medición de realidades y tendencias en el comportamiento político electoral, (Eso les sobra!), sino a la manipulación de cuestionarios, escenarios y cifras y, a la interpretación intencionada de los resultados numéricos, dirigidos a favorecer a quienes financian los costosos contratos de estudios demoscópicos, generando un verdadero fraude político y produciendo un daño a los valores republicanos y democráticos de un pueblo, a quien se le conculca su Derecho al ejercicio pleno de su Soberanía en la escogencia de sus voceros y mandatarios.
Es tal la importancia adquirida por estos votantes anónimos que, en Colombia han fabricado un presidente, otorgándole legitimidad a todos sus actos y dándole una amplísima FAVORABILIDAD de opinión pública, que ello condujo, finalmente, a producir un peligrosos mamotreto fascista bautizado con el nombre de “Estado de Opinión”, mediante el cual, un autócrata, ungido supuestamente por la opinión favorable del pueblo, expresada en las encuestas “científicas” de las empresas encuestadoras, gobernaba sin tomar en cuenta a las instituciones y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, teniendo, solo, como base de sus actos, la FAVORABILIDAD otorgada por el resultado de las encuestas dadas a conocer por las empresas productoras de opinión pública y retransmitidas por sus secuaces de las empresas de la comunicación.
Durante la larga vigencia del llamado “Estado de Opinión”, el gobierno se sostuvo, desde el punto de vista de la legitimidad democrática, en el concurso de un triángulo perfecto que unió al Autócrata, las encuestadoras y las empresas privadas de la comunicación, unificadas en el propósito de convencer al pueblo colombiano y a la opinión pública internacional, de la asombrosa FAVORABILIDAD de un gobernante con un índice promedio de aprobación de 76%, que no podía reflejar la durísima realidad de la pobreza del campo y la miseria de las ciudades, los cuatro millones de desplazados internos y los 3 millones de emigrados, el narcotráfico, la reconversión del paramilitarismo en bandas “emergentes, la violencia social, la ruina impositiva, la falta de seguridad social y una guerra que se traga el presupuesto nacional, mientras cientos de valiosos hombres y mujeres se matan para que la oligarquía santanderiana, con el apoyo del
gobierno imperialista de los Estados Unidos, siga martirizando a Colombia.
Ahora, cuando las elecciones abren el abanico de posibilidades, aún con la abstención de millones de colombianos víctimas de su propio Estado, estas fabricantes de opinión pública y sustento de gobiernos ilegítimos, no pueden explicar, “científicamente”, como es que el candidato que representa la continuidad del “Estado de Opinión” y la “Seguridad Democrática” tiene menos de la mitad de la FAVORABILIDAD que sus amañadas encuestas le daban, hasta hace un mes, a su favorecido mandatario.
La verdad es que la capacidad manipuladora de las encuestadoras, los medios que la reproducen y los gobernantes que la financian, tienen como límite la irrupción del pueblo en el proceso político, no como espectador y consumidor de las realidades construidas, sino como protagonistas de procesos que hacen avanzar la sociedad hacia sus propósitos de Democracia, con Paz, Justicia y Bienestar para todos. Eso hizo el pueblo bolivariano venezolano en 1998 y, el hermano pueblo bolivariano de Colombia, en elecciones o fuera de ella, no será la excepción.
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