Las empresas privadas de televisión tienen como principios rectores de sus acciones (telebasura, manipular, desinformar, degradar, etc.) aquello que dice: “la audiencia lo justifica todo” y “lo que quiere el público hay que dárselo”.
Seguramente muchos recordarán aquel bodrio y repugnante show, conducido por el ahora diputado ¿fascista? Julio Borges del partido Primero Justicia, transmitido por RCTV, llamado Justicia para todos.
Ese programa Justicia para todos -desde el más profundo desprecio al ser humano y el desconocimiento de las condiciones de vida en la pobreza, en todas sus formas- compraba lo más sórdido del sufrimiento y la miseria para mostrarlo en pantalla e impartir su farsante y burlona ¿justicia? que no era otra cosa que la humillación de un pueblo.
Les era muy fácil traficar con la pobreza, necesidades y los sentimientos surgidos de éstas, pero para nada tocaban temas como las estafas bancarias, inmobiliarias, la corrupción, la tortura, las desapariciones de los gobiernos de entonces.
Hoy la televisión privada sigue respondiendo a los mismos esquemas (clasistas, sexistas, racistas, golpistas, etc.), para ellos la ética, la cultura y la calidad no tienen nada que ver con el capital.
La televisión es un bien público que debemos someter a las leyes vigentes, y que desde la ética y ante las nuevas tecnologías audiovisuales -televisión digital, etc.- dichas leyes deben modificarse y blindarse para proteger la seguridad de la nación y sus ciudadanos.
Nota; Articulo publicado en el diario Correo del Orinoco
