Naciones Unidas decretó el 3 de mayo, como el Día Mundial de la Libertad de Prensa 1993, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo la Recomendación adoptada durante la 26ª sesión de la UNESCO, en resolución de 1991 sobre la «Promoción de la libertad de prensa en el mundo» había reconocido que una prensa libre, pluralista e independiente era un componente esencial de toda sociedad democrática y un derecho humano fundamental.

Nuestra Constitución Bolivariana, que es la más avanzada en materia de derechos humanos, precisa la libertad de expresión en su artículo 57:

“Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas y opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de ese derecho asume plena responsabilidad por lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos para dar cuenta de los asuntos bajo su responsabilidad”.

El derecho a la información está definido en el artículo 58 de la Constitución.

“La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral”.

Nuestra Constitución supera los estándares internacionales de derechos humanos, en cuanto a garantizar el derecho a estar informado, porque exige que la información sea “oportuna, veraz e imparcial”. Esta exigencia la consideramos imprescindible para garantizar el derecho a los ciudadanos a recibir una información que no sea manipulada, tergiversada y en tiempo real.

La CIDH y la Corte no admiten ninguna limitación al derecho a la información, tampoco aceptan el derecho a la réplica y rectificación cuando la información sea inexacta o agraviante. Asimismo, no admiten que los niños y adolecentes tengan derecho a recibir una información adecuada para su desarrollo integral.

Para ellos no existe aquella máxima del periodismo “los hechos son sagrados, la opinión es libre” como el paradigma del equilibro necesario para dar una información objetiva. Para los dueños de los medios de comunicación globalizados que atienden a los intereses imperiales y no la ética periodística la verdad de los hechos han quedado en desuso. Desde el año 1917, el senador estadounidense Hiram Johnson dijo: “(…) la primera víctima de la guerra es la verdad”.

Con el derrumbe de las Torres Gemelas el 11-09- 2001, no solo se oculto la verdad, sino que también se deformaron los hechos. Con ese acto “terrorista” inventado por el imperio yanki, se ha justificado una campaña militar estadounidense contra el “terrorismo mundial” para justificar la intervención militar en cualquier país que quiera hacer respetar su soberanía.

Tenemos actualmente, unos grupos mediáticos con dos características nuevas. (1) Se ocupan de todo lo escrito, filmado y difundido mediante el sonido. Lo divulgan por prensa, radio, televisión e Internet. (2) Son grupos mundiales, planetarios, y no sólo nacionales o locales. Hoy, estas híper-empresas poseen todos los sectores mediáticos en muchos países, en casi todos los continentes.

La globalización llego a los medios de comunicación y de información, y estos megagrupos ya no se plantean como objetivo cívico el de ser un “cuarto poder” para corregir los “errores” de la democracia y perfeccionar así este sistema político. Ahora, quien ser el único poder mundial para aplastar al ciudadano.

Lo vivimos, en la lucha que se desarrolla actualmente en Venezuela, donde la oposición política fue derrotada en 1998 en elecciones libres y democráticas, donde la oposición política fue democráticamente barrida. Pero los grupos mediáticos de prensa, radio y televisión más importantes del país se lanzaron en una guerra mediática y derrocaron por 48 horas el gobierno legítimo de Hugo Chávez Frías, el 11-04-2002.

Venezuela, es ejemplo de la situación internacional, en la que unos grupos mediáticos enfurecidos, asumen abiertamente su nueva función de perros guardianes del orden económico establecido por el imperio estadounidense. Esos grupos no se asumen sólo como poder mediático, sino –sobre todo– como poder ideológico. Los dueños de medios deben comprender que la libertad de expresión tiene sus limitaciones, incluso reconocidos por los organismos internacionales de derechos humanos, y si continúan con la actitud de desconocer la constitución venezolana, simplemente hay que revocarle la concesión.

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