La forma como se desarrollaron los acontecimientos después del golpe de estado de 2002 envalentonó a la oligarquía venezolana y sus operadores políticos. La soberbia acumulada tras media centuria de poder y dominación les impidió ver el porqué de algunas hechos.
El llamado a la paz y a la concordia que hizo el Presidente aquella madrugada del 13 de abril fue interpretado, una vez pasado el susto inicial, como un acto de debilidad del ejecutivo. Jamás se le ocurrió pensar que el mismo, además de necesario, era un camino para ganar tiempo y reagrupar fuerzas.
El perdón concedido a los golpistas de PDVSA y la renuncia de una junta directiva nombrada apenas mes y medio antes, sirvió para alimentarles su ego de imprescindibles y la creencia de que nada podía el gobierno contra ellos.
De igual manera, el que no se procediera contra unos canales de televisión que manipularon información para promover y justificar el golpe de estado, que violentaron la ley descaradamente al dividir la pantalla durante una cadena presidencial y que ocultaron la información sobre lo que ocurría en las calles una vez que el pueblo se lanzó al rescate de su líder; llevó a sus dueños y ejecutivos a creerse omnipotentes y reforzar su convicción de que estaban por encima de la ley..
Esas convicciones son comunes en todas las oligarquías del mundo, pero en una torpe y en oposición como la nuestra, resultan sumamente peligrosas para sí mismas.
Es así como paso a paso y error tras error han ido brindando las oportunidades para consolidar la revolución bolivariana.
Controlaban instituciones de gran importancia para el país y las usaron con una torpeza y un inmediatismo que explican bastante bien por que llegaron al extremo de seleccionar a un analfabeto funcional, como Manuel Rosales, como su candidato presidencial.
Para el avance de la revolución era necesario depurar las fuerzas armadas e incorporar a PDVSA a los planes políticos y económicos de la nación y ¿qué hicieron los genios de la oligarquía criolla?
Como unos perfectos imbéciles enviaron a Altamira a sus mejores cuadros y embarcaron a veinte mil trabajadores en una acción ilegal, apátrida y criminal.
Hoy no son más que el triste recuerdo que explica el porqué de dos años de crisis económica y política.
Los dueños de medios, entre tanto, continuaban, como si nada hubiese ocurrido, mintiendo, manipulando y sembrando miedos y odios contra el gobierno y la revolución. El camino recorrido por la CTV, Fedecámaras, PDVSA y un sector de las FAN parecía no decirles nada.
Sabían que la mayoría del pueblo exigía la cancelación de las concesiones televisivas, sabían que algunas estaban por vencerse y sabían que el alto gobierno evaluaba los pro y los contra de una acción de ese tipo; pero se creían omnipotentes.
El gobierno, por su parte, consciente de la importancia que tiene los medios y del peligro que representa tener el noventa por ciento de ellos en contra, se armó de paciencia y acumuló un caudal de pruebas contra cada uno de ellos que hace inobjetable no sólo la no renovación de una licencia, sino la confiscación de todas y cada una de las existentes.
Ya anunció la primera medida: no habrá renovación de licencia para RCTV, y ¿qué pasó?
Nada, absolutamente nada que ya no hayamos visto. La oligarquía no tiene quien la defienda; muy pocos están dispuestos a salir a la calle a gritar nuevamente “con mis medios no te metas”.
Pobre Marcel, como se parecen sus argumentos a aquellos con los que trataron inútilmente de defender a los saboteadores de PDVSA: ilegal, injusto, inhumano, inconstitucional, increíble y todos los in que se les vino en gana.
Chao Marcel, que Dios perdone tus marramucias y mentiras y tu mujer haberle hecho perder un buen negocio.
