Con motivo de la inminente decisión gubernamental de no prorrogar la concesión a Rctv, tanto en Venezuela como en el exterior se han levantado voces denunciando que se vulnera la libertad de expresión. Como lo escribí en ocasión anterior, la medida que no viola ninguna ley o reglamento no puede calificarse de atropello, arbitraria o injusta; está ajustada a derecho. La única materia que está por decidirse en el Tribunal Supremo de Justicia es si esa concesión se vence hoy, o años más tarde, como alega una de las partes. No creo que piensen que esas concesiones son eternas y que el Estado debe renovarlas obligatoriamente.

Ahora bien, ¿afecta la libertad de expresión? Por supuesto, afecta la libertad que han tenido los dueños de Rctv a informar lo que han creído importante y a no informar lo que, siendo importante, no convenía a sus negocios o intereses político-empresariales.

Veamos cuatro momentos distintos en el tiempo y en las circunstancias. Durante los 20 años que tuvieron El Observador Creole no se difundían informaciones u opiniones contrarias a los intereses de las transnacionales del petróleo, aun cuando fueran favorables al país. Cuando el presidente Herrera Campins prohibió transmitir publicidad de licores y cigarrillos, Rctv decretó su muerte civil. Nunca más fue noticia, ni como ex Presidente.

¿Qué derecho tenían a silenciar sus opiniones, casi siempre noticiosas, y a desaparecer su imagen de la pantalla? En época floreciente del Grupo Roraima, la política informativa de Rctv estuvo orientada a contribuir al desprestigio de la democracia y de sus instituciones, como el Congreso y los partidos, buscando vías alternas para acceder al poder.

Hechos más recientes son mucho más conocidos. Antes del golpe de abril del 2002 sus informaciones y opiniones estuvieron orientadas a crear las condiciones para ese golpe, y cuando emergieron las fuerzas constitucionalistas para reponer a Chávez en el poder, se negaron obstinadamente a ofrecer cualquier información por veraz e importante que fuera (movilizaciones, retoma de Miraflores, pronunciamiento de oficiales en Maracay), y el 13 de abril decretaron el silencio informativo que tanto sorprendió en el exterior, aunque, por supuesto, no hubo ninguna condena. No vieron cómo era atropellada la libertad de prensa.

De manera que ese poder que tuvieron para informar o desinformar, según sus intereses políticos o empresariales, no podrán usarlo por el canal 2. En ese sentido, les afecta la decisión, pero no les niega la posibilidad de hacerlo por otros medios, incluidos los televisivos, la radio y los impresos.

¿Sonó la alarma por la pérdida de esa libertad? No son nada originales, ya lo hizo el Bloque de Prensa el 18 de noviembre de 1998, poco antes de que eligieran a Chávez, y después, ellos y la SIP y Cía. lo han venido repitiendo. Pero ni ellos ni los expedientes anuales sobre la materia pueden mostrar las noticias y opiniones que no han sido difundidas por presión o acción gubernamental.

Ni una sola.


Inaudito lo sucedido
en el Parlamento Europeo cuando se votó una proposición de la extrema derecha agrupada en el Partido Popular, con base en el PP español. De los 784 diputados de las diversas tendencias y países, sólo 43 votaron por el proyecto que criticó la decisión de no prorrogar la concesión a Rctv. ¡Es 5,4% de ese Parlamento! Mientras la Comisión Ejecutiva de la Unión Europea se abstuvo de opinar, por ser una materia de exclusivo interés de los venezolanos.


El Senado de EEUU
calificó la decisión como "un asalto contra la libertad de pensamiento".

Es el colmo del cinismo, pues ese mismo día Amnistía Internacional declaraba que "Estados Unidos (y Rusia) son considerados como los principales violadores de la libertad de expresión", y los acusó de "usar el miedo al disentimiento para justificar medidas que reprimen las libertades y el debido proceso". Ese mismo Senado guardó silencio.


En la resolución
N° 355 (16-11-1973 ) del Ministerio de Agricultura y Cría se lee: "Las instalaciones que requiera construir Rctv, el terreno, las torres y construcciones que se instalen a expensas de Rctv se entenderán propiedad exclusiva de la República".


En el manifiesto de
intelectuales, creadores y artistas, afirman: "Celebramos la democratización de los medios que comporta la medida de no renovar una concesión a un consorcio oligopólico, caracterizado por la concentración horizontal y vertical de la propiedad y que acaparó sistemáticamente las funciones de difusión, producción de contenidos y factura publicitaria".