La suerte de las emisoras que el Gobierno Bolivariano ha por fin decidido montar en ley, no las determina la casualidad ni tampoco la “intensión de acallarlas”, ellos son los principales responsables de su destino porque no han cumplido con lo establecido en la legislación vigente. Entonces es cuando el virus de la desinformación se riega en la atmosfera viciada del espectro  a las que las empresas privadas de comunicación nos tienen acostumbrados colocando esa circunstancia en la banal idea de la “violación a la libertad de expresión”. 

Nos acostumbraron a escuchar pasivamente la voz de lo que mejor pensaron los dueños de las empresas de comunicación bajo una velada y supuesta libertad de expresión, siempre se negaron a abrir esos micrófonos al pueblo, nos habituaron a escuchar una radio pasivamente enunciativa y denunciativa, escudadas muchas veces sobre los “supuestos hechos” eludiendo responsabilidades activas. 

Ante ello la comunicación comunitaria se propone la posibilidad que las comunidades sean actores activos donde los protagonistas del hecho comunicacional no sólo asuman responsabilidades frente al micrófono sino  de una realidad transformadora en la acción comunal. En términos sencillos que lo denunciativo adquiere un asunto concreto de responsabilidad social cuando los denunciantes de un problema se encuentren en medio de las soluciones a ese problema y ayudan a resolverlo y no en una actitud meramente enunciativa. Es lo que llamamos intermediación activa. 

Esa es la gran diferencia de la comunicación comunitaria que es esencialmente una radio o una televisora con vocación local en la que los actores del  hecho comunicacional son agentes activos de esas comunidades y están conectados a los usuarios no sólo a través de las transmisiones sino en las propias localidades haciendo labor comunal. 

La comunicación comunitaria transita un proceso donde algunos se han contaminado con el hecho “politiquero” en la que algunos actores sociales han intentado utilizarlas como negocio, para hacer proselitismo a favor de una u otra corriente, en algunos casos bajo la escusa de la  “libertad de expresión” como aldabón de la democracia. Es una situación que deben entender con claridad directivos y dirigentes a  hora de establecer debates políticos éticos y discusiones de altura sobre temas políticos y no sobre la base del oportunismo, la descalificación personal, la demagogia que es lo que prevalece en la contracultura generalmente usada por el oposicionismo de derecha 

Recordemos que estamos saliendo de un modelo de país en la que las empresas privadas de comunicación han formado dañinos hábitos en la audiencias públicas, que el modelo socialista de comunicación debemos hacerlo desde una nueva visión ética, ese modelo democrático tenemos que construirlo desde nuestra propia experiencia trascendental. 

La pregunta que nos hacemos, como reflexión es sobre el movimiento de medios comunitarios y alternativos en Venezuela pasa por interrogarnos críticamente si hemos avanzado en el camino de darle la palabra al pueblo, si hemos ampliado nuestras audiencias de usuarios y usuarias para hacerle frente al terrorismo mediático que  a diario las élites comunicacionales privadas someten al país en los más oscuros y crónicos propósitos demenciales por socavar las bases de la Revolución Bolivariana. 

Una tradición de sobre 80 años de práctica comunicacional en la que los distintos gobiernos entregaban a las empresas privadas de comunicación, desde las tímidas concesiones de Juan Vicente Gómez hasta la repartición de licencias para operar frecuencias radioeléctricas a los “amigos” (empresarios privados) del partido o de los partidos de la Cuarta República,  para administrar y controlar el espacio radioeléctrico.

Durante casi un siglo se ha formado una casta de negociantes y mercaderes que trataban de sostener las estructuras políticas de un estado en franco deterioro, corroído por la corrupción y la desidia, a veces de manera descarada otras veces veladas escondidos tras una supuesta cortina de independencia política para sostener los pedazos de gobiernos que se desmoronaban bajo la tutela del imperio, actuando siempre de manera solapada y soterrada. 

Ese modelo debe terminar no sólo para dar paso a un nuevo y más digno modelo de comunicación sino para permitirle al país un espectro radioeléctrico donde circule información veraz y oportuna, donde la crítica responsable y constructiva sustituya la de no asumir responsabilidades hasta por hacer silencio antes realidades de facto que deben ser reflejadas en las realidades simbólicas de hechos constatables. 

Es difícil creer que  las empresas privadas de comunicación  vayan en algún momento a asumir posiciones justas y dignas, cónsonas con la Constitución, porque sus condiciones originarias y las doctrinas políticas que las guían están en contradicción con los valores que nuestra carta magna propone. La confrontación se hace más ejemplar cuando se aplica la ley y la letra constitucional se hace viva realidad, mientras que con las Constitución del 1961 durante los años de su vigencia fue letra muerta  y solo se aplicaba cuando favorecía los intereses de los grupos de poder económico y a los cogollos del poder político.  

En  fin es devolverle al pueblo venezolano el derecho de tener un espectro radioeléctrico sano donde circule información edificante y se haga crítica responsable bajo el criterio de una intermediación activa que de manera sostenida irá construyendo una nueva y mejor comunicación en esta República Bolivariana de Venezuela