Antonio Aponte escribe en El Grano de Maíz de hoy lo siguiente: “Debemos reconocer que la ofensiva enemiga ha calado en la masa. Y debemos reconocer con valentía que muchas veces nuestra ostentación da pie a la duda. Y que por sobre todo no hemos sabido defender la imagen de la Revolución”
Al razonamiento de Aponte, nosotros le agregaríamos en tono interrogativo: ¿Hasta cuando vamos a plantear que nuestro problema es que carecemos de una acertada política comunicacional? ¿Será que acaso podemos crear, una que supere la experiencia que tiene el imperio en esta materia? ¿Para qué necesitamos una “acertada política comunicacional? ¿Acaso para defendernos de Globovisión?
Quienes insisten en que nuestro problema es la política comunicacional, ven el problema desde la óptica capitalista. Para ellos el problema se reduce a quien vende mejor sus ideas o quien usa mejor los medios para alcanzar sus fines… Estamos fritos con esa visión.
El enemigo tiene los medios, tiene la experiencia, tiene la asesoría adecuada, es experto en el área de la comunicación y no tiene que preocuparse de mostrar resultados de su gestión. Si algo no da resultado intenta con otra cosa y va, mientras tanto, mellando la confianza, generando incertidumbre y destruyendo lo que tanto nos ha costado. Ese es su único objetivo.
Nosotros, mientras tanto tenemos, además de defendernos, que gobernar, que mostrar resultados y que hacer la revolución.
El problema hay que verlo desde la óptica de la lucha de clases. La oligarquía es nuestra enemiga y con ella no hay posibilidad de negociación, es ella o nosotros. Necesario es eliminarla (no desde el punto de vista físico, sino como clase dominante) y esto no es posible con las reglas que ella misma creó para garantizar su supremacía.
Globovisión es el arma comunicacional más importante de la oligarquía venezolana y en su uso no hay respeto alguno por la ley, la moral ni la ética. Ravel, Mazharane y Zuluaga, sus amos y sus socios políticos están claros en que su objetivo es derrocar a Hugo Chávez, destruir la revolución y arrasar con todo aquello que huela a chavismo.
Nosotros, mientras tanto, seguimos aferrados a la estrategia suicida de querer desarrollar una política comunicacional que neutralice una estrategia diseñada en el imperio más grande que ha conocido la humanidad. Nos empeñamos en luchar con nuestros pocos medios con quienes han demostrado eficiencia, con su Holliwood, con su televisión y con su Internet, en imponer al mundo su visión y sus aberrantes valores culturales.
A Globovisión hay que tratarla como se trata al enemigo, hay que sacarla del juego, hay que eliminarla y hay que hacerlo pronto; pero tal parece que de esto nadie tiene conciencia.
Las denuncias, las multas y las amenazas le resbalan a los delincuentes que la dirigen. Ellos saben que eso es parte del gasto en el que deben incurrir en su plan de asaltar el poder.
Hace unos meses propusimos que el Estado se aprovechara de la ventaja que le ofrece ser dueño de CANTV, Movilnet, Satélite Simón Bolívar y de miles de kilómetros de fibra óptica para crear una empresa de televisión por suscripción, que cobrara una tarifa inferior en 50% a las vigentes en el mercado.
Completamos, proponiendo que en esa empresa estatal se excluyera la señal de Globovisión, RCTV, Caracol y CNN.
Esa es la solución definitiva del problema. Con una tarifa como la mencionada NADIE, ABSOLUTAMENTE NADIE se quedaría con aquellas empresas que ofrecen en su menú a Globovisión.
¿Qué resultado obtuvimos con nuestra propuesta? Ninguno, nada, cero.
De inmediato llegaron a nuestro correo decenas de mensajes argumentando que esa acción quebraría las cableras y generaría desempleo; que Cisneros se enojaría con el gobierno y que eso no era revolucionario porque tendríamos que incluir a Sony, a TNT, a Discovery y otros. Se me acusó incluso de promover una acción ilegal que discriminaría a empresas nacionales (léase Globovisión y RCTV).
Ante estos planteamientos nos preguntamos ¿Qué importancia tiene que incluyamos canales gringos, como los mencionados, si eliminamos el enemigo? Si es ilegal, ¿no podemos hacer una ley que diga que si el dueño de la cablera es el Estado no está obligado a incluir la transmisión de canales que considere enemigos?
Si los empleados de las cableras quedan cesantes ¿no podemos incluirlos en la que creemos? Si Cisneros se enoja ¿No podemos aplicarle la misma medicina?
