Ha sido y sigue siendo repetitivo la imposibilidad inmediata de sanear los distintos niveles de la administración pública en cuanto al personal protegido antes por la Ley de Carrera Administrativa y ahora por la Ley de la Función Pública; los procesos para salir de mucho empleado corrupto, vago, irresponsable, de malos tratos, son interminables y de poca efectividad, entre otras cosas por la ineficiencia de las ahora llamadas Auditorías Internas que no cumplen el papel para lo que fueron asignadas y que supone el ejercicio del Control Fiscal y la responsabilidad en la tarea diaria de los funcionarios, desde el adolecimiento rígido de los famosos “reposos”, hasta el control estricto de los cuentadantes, comisiones de licitaciones, entre otros. Lamentablemente la ostentación de funcionarios no es vigilada por nadie, ni existe un componente legal que permita sustanciar expedientes, pasando por las benditas declaraciones de patrimonio que le ganaron a la declaración de impuesto sobre la renta, en los inventos e irregularidades y que además no son parte de un proceso de seguimiento por la Contraloría General solo cuando el funcionario o tiene un enemigo o accidentalmente se encuentra en un proceso de averiguación, lo señalado hasta ahora corresponde al accionar diario y quienes hemos transitado alguna vez por la administración pública podemos decir que es el pan de cada día. Ahora desde el punto de vista del cumplimiento de las tareas y orientaciones del Poder Ejecutivo para ser cumplidas por las distintas instancias de la administración, es decir las líneas de acción en la gestión, el problema es más grave aún y el asunto persiste desde la cuarta república porque la mayoría de funcionarios que “conocen el trabajo”, continúan al frente de responsabilidades que incluyen decisiones de carácter político o al menos de política gubernamental, en muchos casos ocurre que el funcionario al no conocer el carácter de la revolución sigue actuando a la usanza anterior, en otros casos y he aquí la gravedad actúan de manera disfrazada con inclinación al sabotaje de las políticas instrumentadas. En este sentido un área tan decisiva como lo es la Planificación y el Presupuesto están invadidas por estas características anteriores, de allí, surgen las informaciones que debe manejar el presidente por ejemplo en el Aló Presidente, un caso patético es el del Ministerio de Alimentación que ha dado información sobre la cobertura de Mercal a partir de los volúmenes de ventas que le ofrece la Corporación Casa, lo cual es irreal y poco objetivo, al punto que el INE ofrece cifras superiores en dicha cobertura (Minal: 15 millones; INE: 17 millones), no hay estudio de campo y esa materia corresponde sino hacerla, exigirla la Unidad de Planificación quien además tiene la responsabilidad del Informe de Gestión. Como bien al parecer este problema es de compleja resolución, debido a los alcances de protección al personal, bien podríamos pensar en constituir una o un conjunto de misiones que actúen en un principio de manera orgánica acompañando a esa estructura tradicional hasta tanto se vayan dando los elementos necesarios y útiles para el ejercicio pleno de la función pública, sería una manera eficaz y no traumática de abordar definitivamente la ineficiencia del Estado y el encaramiento persistente de muchos funcionarios. La preocupación del Jefe del Estado sobre la ineficiencia de la administración pública pasa por el qué hacer y cómo hacerlo, no solo es un asunto de nombramiento de funcionarios sino el compromiso de lealtad y capacidad que estamos seguros requiere el presidente para la asunción de los asuntos públicos. La única manera de combatir la burocracia mal entendida y la corrupción no es con paños calientes, por lo tanto los métodos conocidos nunca darán resultados sino se toma una decisión de una nueva instancia que actúe de manera coordinada con los directivos y asuman toda política no importa de que ministerio u organismo se trate, signada por el entorno social al cual se debe, esto debe ser una Política de Estado que coadyuve a una relación biunívoca entre el Estado y los ciudadanos.