La oposición venezolana sabe -porque así se lo han hecho saber tanto sus asesores como sus encuestas, focus groups y demás estudios de la opinión pública-, que es imposible que la mayoría de los venezolanos se coman el cuento y acepten que para “progresar” debemos volver al modelo neoliberal, modelo económico político y social que desembocó en niveles de pobreza alarmantes y que costaron casi la ruina del país.

Ellos están conscientes plenamente de esta realidad y es por ello, que su discurso político oculta sus verdaderas intenciones. Cuando recomiendan en su plan de gobierno “preservar los niveles de protección social que el actual gobierno haya alcanzado, aunque reorientándolos o reconduciéndolos a la lógica institucional”1 lo hacen no porque estén convencidos de la necesidad que esta política social tiene sobre la sociedad venezolana, sino porque ellos y sus asesores saben que es imposible volver al modelo que a sangre y fuego se impuso en Venezuela en los años de la llamada democracia representativa; pues el venezolano común hoy, ha internalizado lo plasmado en la Constitución nacional y esta conciencia política que actualmente gozamos, no pueden simplemente borrarla de la noche a la mañana .

Miremos con atención la declaración que aparece en su proyecto referida a que “la prioridad político-institucional del nuevo gobierno no ha de cifrarse en el cambio global de esa Constitución, ni en la convocatoria de una Asamblea Constituyente. La dinámica política determinará el momento propicio para introducir reformas necesarias dirigidas a restablecer el bicameralismo; fortalecer el federalismo; limitar el ámbito de las leyes habilitantes y de los decretos-leyes; moderar el presidencialismo y democratizar la regulación de la seguridad de la nación y de las fuerzas armadas entre otras”. 2

Que es lo que nos aclara esta afirmación? Que su plan es volver al pasado pero poco a poco, pues de golpe no podrían y eso quedó demostrado durante el Golpe de Estado de 2002. Lo que no dicen estos sectores opositores “progresistas” es que como ya aprendieron la lección de 2002, hoy por razones electorales no pueden decir lo que piensan hacer, por lo menos no abiertamente.

La oposición venezolana ha acusado al gobierno nacional hasta en los Tribunales celestiales de que Chávez ha irrespetado el principio de separación de los poderes y que el presidencialismo y centralismo de la acción gubernamental han destruido la institucionalidad. Si tal como ellos lo aseguran ellos, estos son los hechos, nos preguntamos entonces ¿porqué su plan prevé? “ejercer la iniciativa legislativa del Presidente de la República para presentar proyectos de ley que desmonten las regulaciones contrarias a la Constitución dictadas en los últimos años, incluyendo las que responden al modelo del Estado socialista comunal”.3

Y continúan en su delirio de poder asegurando que “ni esos recursos judiciales ni tales iniciativas legislativas tienen grandes posibilidades de prosperar, en virtud de la composición de los órganos correspondientes, hay que prepararse para acometer reformas reglamentarias y administrativas que permitan reconducir a la Constitución, tanto como sea posible, las pautas de actuación de las autoridades y funcionarios en los respectivos ámbitos de acción pública”, es decir torcer el rumbo de la Constitución –desmontarla- cubriéndose con un aparente manto de “institucionalidad”.4

Aseguran que “no hay que descartar la posibilidad de acuerdos o simples entendimientos con sectores o individualidades, hoy partidarios del actual gobierno, que se avengan a modificaciones en torno a las cuales pudiera haber coincidencias enmarcadas en la circunstancial conveniencia común, aunque responda a ópticas diferentes” o sea, a negociar con quien sea y como sea con tal de conseguir nuestro objetivo que al final es desmontar el Estado Social de derecho y de justicia que prevé la Constitución desde dentro.

Buscan además “promover, desde el inicio del gobierno de construcción democrática y con base en un trabajo previamente elaborado, una amplia discusión en el país sobre el nuevo Plan de Desarrollo Económico y Social de La formulación del citado Plan, que corresponde al Presidente de la República y se nutriría de esa intensa consulta ciudadana, desembocaría en un referendo consultivo, cuyo resultado favorable, unido a las consultas efectuadas, contribuiría a doblegar las posibles resistencias de la Asamblea Nacional a darle la aprobación prevista en la Constitución (art. 187, numeral 8)”

Sin embargo y ahí revelan el plan B o C que ya tienen concebido y expresan que “aún en ausencia de esta aprobación parlamentaria, el gobierno estaría legitimado para orientar sus políticas por el contenido del Plan, en virtud de la amplia consulta ciudadana y de la esperable ratificación popular”.

Es decir, ellos que acusan a Chávez y al gobierno nacional de “acabar con la independencia de los poderes” y nos han denunciado en TODAS las instancias nacionales, internacionales y como dije hasta en la Corte celestial, lo que aspiran es precisamente eso, acabar con la institucionalidad prevista en la Constitución de 1999, apoderarse de las instancias de gobierno y desde adentro explosionar y acabar con la democracia participativa y protagónica, cuya base constitucional es el Estado social de derecho y de justicia.


alecucolo@cantv.net

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