1 En personas con las que converso frecuentemente, analistas, columnistas, gente del chavismo e, inclusive, de la oposición, así como no alineadas políticamente, independientes, observo una coincidencia. Y advierto: no es que se ponen de acuerdo para decir lo mismo. Cada una de ellas manifiesta una preocupación que sube de tono a medida que el país se acerca a los comicios del 8 de diciembre. Esa preocupación tiene varias motivaciones. Una es la paz, la estabilidad del país. La mayoría considera que la nueva cita electoral no debe ser para dividir más a los venezolanos, para degradar los valores democráticos y extremar la polarización. Mis interlocutores aspiran a que el 8-D sea el instante histórico del cierre de un circuito de violencia --tácita o abierta-- y se abran espacios para el diálogo y el ejercicio respetuoso de la política. En otras palabras, que se convierta en la oportunidad para que Venezuela acceda a un clima de paz. Que el acto comicial previsto sirva para fortalecer las instituciones.
2 Otro motivo de angustia de ese sector al que me refiero, consiste en el reclamo --casi patético-- por el respeto a las reglas de juego. Dada la experiencia de los venezolanos en materia electoral, de cómo a través del voto hemos sorteado situaciones delicadas, es comprensible esa actitud. No basta concurrir a una elección. Cualquiera puede hacerlo. Esa voluntad democrática tiene que estar acompañada por el compromiso que genera la palabra empeñada. Al final de un proceso electoral, luego de aceptar la normativa y el árbitro, lo que importa es acatar el resultado. La voluntad expresada por el pueblo.
3 Al respecto hay angustia. Debido a que la oposición, en todos los comicios de la etapa bolivariana, ha demostrado falta de responsabilidad cívica. Se ha comportado como los tahures. Mostrando desprecio por lo que implica participar en unas elecciones. Ya que al contar los votos, cuando el organismo rector revela el escrutinio final, su reacción inmediata consiste en denunciar fraude sin prueba alguna. En recurrir a la descalificación del evento con el consiguiente saldo de violencia, de víctimas humanas, como ocurrió a raíz del 14 de abril cuando Maduro fue electo por la mayoria del pueblo venezolano.
4 ¿Hay derecho en una democracia a cuestionar un resultado electoral? Claro que si; pero utilizando los recursos que la ley establece, siempre a través de los canales institucionales, sin incitar al desconocimiento del orden democrático. No como hasta ahora ocurre: remitiendo la competencia de los órganos jurisdiccionales a acciones de calle irresponsablemente convocadas. De ahí que se imponga un emplazamiento a la oposición --a su cúpula dirigente-- para que responda si está dispuesta a respetar el resultado de las elecciones municipales del 8-D. Si se niega a acatar las reglas de juego y guarda silencio como ya lo ha venido haciendo; si persiste en su conducta de rechazar, sin soporte serio, cualquier resultado adverso, habría que preparar una respuesta contundente. Desde luego, en el marco legal y de respeto a la democracia. Una respuesta con peso institucional. Con la firme determinación de que lo electoral no sea convertido por dirigentes inescrupulosos en recurso subversivo. Es inaceptable seguir tolerando semejante dualidad que desgasta el ejercicio democrático y mina a las instituciones.
