El pròximo 3 de diciembre ocurrirà una confrontación que algunos actores incapaces de ganarla en el campo electoral intentaràn vencer en el mediàtico, internacional, econòmico o militar. Estudiemos los papeles de algunos actores en este escenario.
1.Comunicado de la Embajada de Estados Unidos. En documento hecho pùblico por Internet, la sede diplomática advierte a los estadounidenses sobre posibles conmociones y perturbaciones de naturaleza no bien especificada para el día de los comicios. Una sede diplomàtica acreditada no se dedica a formular augurios sin segunda intenciòn. Dicho documento debe ser apreciado sòlo como gesto intimidatorio, aprobación anticipada a terceros perturbadores e intento de profecía autocumplida. En el caso de que marcharan proyectos coherentes y efectivos de la Embajada para propiciar de manera directa una alteración del orden público, la sede diplomática sería la última en anunciar sus efectos. Disturbios avisados no impiden elecciones. La hipótesis más probable es que tenga conocimiento de planes perturbadores en marcha, los apruebe e incluso los aliente, pero no tendría sentido anunciar un proyecto desestabilizador de gran magnitud en el cual tuviera participación activa y principal.
2. Plan V. El Plan V, formulado con retórica promocional de cursillo de gerencia en Power Point, se reduce a proponer una suerte de permanencia “pacífica” de los opositores alrededor de sus mesas de votación, hasta que éstas les suministren el resultado deseado. No tiene en cuenta para nada que las mesas son meros terminales que envían información al sistema centralizado del CNE, y que la presencia física ante ellas no custodia nada tangible: ni urnas, ni actas, ni boletas de votación. En varias mesas se controlarán los resultados informáticos mediante un conteo manual. La permanencia de los opositores intenta revestir en estos casos caràcter intimidatoria. Es de esperar que los participantes en dicho conteo que tengan tendencia opositora inventarán supuestas irregularidades, a fin de suscitar incidentes entre el pùblico que espere resultados. Mientras la presencia de los opositores ante las mesas sea “pacífica”, no surtirá otro efecto que el de servir de modelo para reportajes parcializados de los medios; pero la oposición no tiene ni la disciplina, ni el número de electores suficiente para hacer presencia significativa ante la mayoría de los centros electorales del país, y mucho menos ante los de las zonas populares. Cuando màs, haràn guardia frente a algunas mesas de las zonas residenciales del Este de Caracas y de otras ciudades, en donde de todos modos es de esperar una alta votaciòn opositora de la minorìa acomodada. No es de esperar por lo tanto un “efecto México” en Venezuela. No serían descartables intentos de violencia focalizados, pero ocasionales y de poca magnitud. Sería recomendable la mayor serenidad de la fuerza pública al tratar con ellos, ya que los medios estarán alertas para magnificar cualquier incidente.
3. Anuncio prematuro de resultados electorales por la oposición. Con motivo del referendo, la oposición avanzó unos falsos resultados, supuestamente fundados en encuestas “a boca de urna”. Todo el material que se ha hecho público lleva a pensar que en el presente caso también habrá una prematura divulgación de resultados electorales fraguados, que marcarán una clara ventaja para la oposición. Esta técnica fue usada por movimientos financiados por la NED en Georgia y en Ucrania. Las órdenes impartidas a la oposición por diversos medios exhortan a “esperar las instrucciones del candidato y sólo de él”. Vale decir, de una vez desestiman anticipadamente el pronunciamiento del CNE y de las autoridades constituidas y enfatizan que la conducta de la oposición no acogerá ningún lineamiento institucional, sino sólo el comando de su candidato. Estos pronunciamientos contarán con la más absoluta complicidad de los medios privados, con las excepciones del caso.
4. Atentado contra el candidato opositor Rosales. A lo largo de su actuación, un sector de la oposición ha utilizado sistemáticamente la táctica de causar muertos para luego endosárselos al proceso bolivariano. Recordemos apenas las bajas del 11 de abril, el misterioso tiroteo efectuado en la plaza Altamira por un taxista, que relanzò el entusiasmo por el ya declinante cierre patronal, los bolivarianos asesinados a principios de 2002 durante las “retomas” de barrios populares, homicidios que luego fueron atribuidos a los revolucionarios mediante titulares que hablaban de “dos muertos en emboscada chavista”. No es descartable en absoluto un atentado o intento de atentado contra votantes opositores o contra el candidato opositor, con el objeto de atribuirlo al gobierno y excitar la ira de un sector de la población. Sería oportuno en este caso extremar las medidas de inteligencia para garantizar la seguridad del candidato. Y obviamente, redoblar las medidas de seguridad para proteger la vida del mismo Presidente de la República.
Tras repasar dichos escenarios, se puede afirmar que todos ellos, así como otros que circulan, tienen como propósito enviar “señales de ataque” o proporcionar “coartadas legitimatorias” para que otros actores intervengan en la política por medios distintos del proceso electoral mismo. Analicemos sumariamente dichos eventuales actores y la posibilidad de su intervención directa:
1. Estados Unidos. Desde el golpe del 11 de abril se demostró que la intervención estadounidense no es una remota eventualidad, sino una realidad con la que hay que contar, y frente a la cual se debe estimar cuidadosamente tanto la oportunidad como las dificultades que encontraría. En la actualidad, la administración Bush se encuentra seriamente comprometida por la resistencia iraquí, por el triunfo de los demócratas en su poder legislativo y por la oposición que en el frente internacional le presentan Irán, Corea y los países no alineados. No parece concebible que Bush intente abrir otro frente de batalla, que además podría comprometer gran parte de su suministro de petróleo. Por otra parte, las intervenciones masivas directas por lo regular están acompañadas de un operativo propagandístico abrumador, abierto y frontal, que en el presente caso todavía no se ha manifestado. La intervención de Estados Unidos, en la presente coyuntura, se circunscribirá al masivo financiamiento de la oposición, a la asesoría técnica electoral y política, y a continuos pronunciamientos de simpatía hacia los opositores. Una adecuada campaña de denuncia e información puede neutralizar dichos esfuerzos.
2. El sector militar venezolano. Las declaraciones opositoras recalcan obsesivamente la necesidad de crear disturbios para que los militares se vean enfrentados a la disyuntiva de disparar contra los opositores o unirse a ellos. Es posible que todavía resten en el ejército sectores no afectos a la institucionalidad democrática, pero éstos seguramente tendrán presentes los ejemplos del 13 de abril de 2002 y de los militares de la plaza de Altamira. En la presente coyuntura falta además, una significativa movilización de masas a favor de la desestabilización, y ha cesado el enfrentamiento abierto del sector empresarial con las autoridades. Una intentona golpista enfrentaría a sus autores con la inmensa mayoría de la población y les plantearía la disyuntiva de disparar contra el pueblo perpetrando un verdadero genocidio, o rendirse. No parece probable una tentativa de tal índole, que por otra parte podrìa desencadenar un conflicto interno inacabable.
3. El sector empresarial. Las estrategias indicadas en la sección anterior también están encaminadas a servir de legitimación para una posible acción de sabotaje de cierto sector empresarial, como epìlogo del cierre patronal de diciembre de 2002. De hecho, éste ha provocado varios desabastecimientos artificiales de artículos de primera necesidad en los meses pasados, a fin de provocar descontento entre la población. Sin embargo, no parece creíble que un empresariado derrotado en tres intentos consecutivos de lock out, que goza de los beneficios de un crecimiento económico que ha repuntado hasta un incremento de 10,2 % del PIB, y que espera las compras que resultarán de las utilidades, se vaya a embarcar en frío en una nueva guerra económica frontal contra el Estado.
4. La clase media conservadora. La más obvia finalidad de las estrategias opositoras indicadas consiste en activar el sentimiento de pánico de la clase media conservadora para lanzarla de nuevo a la calle, crear perturbaciones y cosechar víctimas supuestas o reales que sirvan de llamamiento a los actores antes mencionados. Hay que señalar, sin embargo, que gran parte de esta clase media siente en la actualidad un notable rechazo hacia dirigencias que la llevaron, de apuntarse un 40% en el referendo, a lograr resultados casi nulos en las elecciones para gobernador y absolutamente nulos en los comicios para la Asamblea Nacional. Gran parte de esta clase media conservadora podría votar contra Chávez, pero lo pensaría mil veces antes de salir de nuevo a encerrarse a sí misma con Guarimbas, a colocarse como blanco de francotiradores o a realizar vigilias perpetuas ante centros electorales vacíos. A falta de movilización notable de una base social poderosa, la oposición deberá conformarse una vez más con fingir una movilización inflando incidentes minùsculos a través de la manipulación mediática, que sólo opera sobre cierto sector convencido pero que hasta el presente se ha revelado inútil para producir cambios sustanciales en la política venezolana.
5. Paramilitares. La fácil aprehensión del centenar y medio de paramilitares acuartelados por Robert Alonso en las cercanías de Caracas ha contribuido a la tentación de soslayar el incidente y ha creado una falsa impresión de que el problema está resuelto. Por el contrario: existe una continua infiltración de paramilitares por los estados fronterizos; autorizadas denuncias señalan que dichas fuerzas cobran vacuna y establecen alcabalas en dichos estados, que actúan como milicias privadas de hacendados colombianos con propiedades en Venezuela, y numerosos reportes señalan su creciente presencia en las barriadas populares, donde sustituyen progresivamente a los criollos en las industrias del préstamo usurario, la trata de personas y el juego ilegal. Tales contingentes están a la orden de organizaciones contrarrevolucionarias o del hampa organizada; tienen entrenamiento y disciplina militar, armas y mecanismos de escape y escondite. No es de descartar la perpetración de atentados contra los votantes revolucionarios y la ejecución de provocaciones. Ante estas posibilidades, sólo se puede recomendar una intensificada vigilancia, que debe ser el inicio de un plan revolucionario para erradicar de una vez por todas el brazo armado paramilitar de narcotraficantes y promotores del juego ilegal y de casinos.
6. Los medios. Se puede dar por descontado que la mayoría de los medios privados difundirá masivamente los falsos resultados que fragüe la oposición, de la misma manera que han divulgado encuestas fantasiosas y fraudulentas investigaciones de opinión. Al igual que sucedió durante el referendo, seguramente algunos medios se anticiparán a los políticos en desconocer por su cuenta y riesgo el pronunciamiento del CNE. Igualmente cubrirán en forma exhaustiva todas las protestas, vigilias, manifestaciones y pronunciamientos opositores sobre supuestos fraudes. Ante cualquier tentativa de esta índole, sería indispensable un inmediato pronunciamiento tanto del CNE como del Minci en el sentido de que sólo son válidos los resultados avalados por el primero, cuando estén debidamente totalizados. Tal pronunciamiento debe ser difundido por todos los medios de los cuales dispone el proceso bolivariano, y si ello es indispensable, divulgado asimismo mediante cadena. Una vez más, sería de desear la inmediata aplicación de las sanciones legales para los medios infractores, y una vez más, seguramente tales sanciones brillarán por su ausencia, con lo cual se alentará la comisión de nuevas infracciones debido a la reiterada negligencia o incompetencia flagrante de los funcionarios encargados de aplicar las leyes sobre la materia.
En todo caso, es pertinente recordar que los medios ni deciden ni actúan por sí mismos, sino que operan como instigadores de la acción (legal o ilegal) de otros actores. En el presente caso, la mayoría de sus llamamientos no tendrán eco ni suscitarán respuestas graves.
El poder permanecerá en las manos del pueblo, y a partir del 4-D, éste debe comprender la urgencia de usarlo efectivamente.
