La aprobación de la enmienda constitucional por la Asamblea Nacional (AN), llevada a referéndum el 15 de febrero del 2009, ha motivado nuevamente el debate político, conformado en los bloques del SI y el NO, las inscripciones de los partidos o grupos que apoyan al gobierno bolivariano y lo de oposición. El argumento esgrimido por la oposición de que esta propuesta es inconstitucional, ha sido refutado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por considerar que la convocatoria y la aprobación de la consulta están en el marco de la constitución venezolana.

La nueva convocatoria a las urnas se ha convertido en 10 años del proceso bolivariano, en un ejercicio democrático, pero la oposición difiere de este concepto de democracia y apela a crear una falsa imagen de la realidad venezolana, distorsionando la legalidad del gobierno bolivariano, creando la imagen de un régimen autoritario. Acusan al gobierno de represión y aplicar la violencia contra las manifestaciones por el NO, pero sin embargo utiliza la violencia, incitan a través de sus medios de prensa al enfrentamiento y a la sublevación, como un intento desesperado ante la posible aprobación del SI en el próximo referéndum.

Los medios de prensa privados actúan como partidos políticos

Una de las constantes en estos 10 años del gobierno del presidente Chávez, ha sido las campañas difamatorias y las mentiras sobre la revolución bolivariana. Los medios de oposición han creado constantes matrices sobre las deficiencias gubernamentales, pero no señalan ninguno de sus logros. Es como si no hubiera cambiado nada en esta última década, no existen los logros en materia económica, en crecimiento de la infraestructura, en las reservas internacionales, en la educación, o en los niveles de salario. Muchos de estos avances han sido señalados por organismos internacionales BID, OEA; UNESCO; pero estos no aparecen en ningún medio privado.

Ahora las páginas de estos medios reflejan la violencia, pero la adjudican a las fuerzas policiales venezolanas, como también a algunos grupos de ultra izquierda, que desdibujan con sus acciones la política del mandatario venezolano, que va contra la aplicación de la violencia. Pero el sensacionalismo de algunos medios, habla de “protestas cívicas” de los estudiantes por el NO, los cuales son agredidos en su voluntad “democrática”, pero la mentira sobre sus informaciones son desmentidas por la realidad.

Nos parece importante reseñar alguno hechos, para dejar al desnudo esta falsa apología periodística:

En una marcha ilegal convocada este martes por los estudiantes de la oposición genero hechos violentos en las calles de Caracas, el ministro del Interior y Justicia venezolano, Tareck el Aissami, informó que las autoridades detuvieron a cinco personas implicadas en los disturbios que protagonizaron hoy sectores opositores estudiantiles. En la sede de la Policía Metropolitana, el titular precisó que uno de los detenidos es José Ramón Learde, conductor de un camión incautado por las fuerzas de seguridad que en su interior contenía 100 bombas caseras, un saco de piedras y una garrafa con gasolina.

Los otros apresados son los estudiantes Carlos Berlar, Alfredo Pulido, Rafael Del Rosario y Federico Black, quienes intentaron rescatar el camión y en la acción lesionaron a un policía metropolitano, quien se encuentra en estado estable, señaló. A los detenidos se les garantizaron todos los derechos establecidos en la Constitución de la República y están en perfecto estado de salud, expresó el ministro, quien personalmente, dijo, habló con los estudiantes. A lo que manifestó que “Hacemos un llamado a esos ciudadanos para que reflexionen, ellos no pueden tomarse las calles por cuenta de ellos y arrastrar al país a escenarios de violencia (...) ellos deben comprometerse y deslastrarse de esas agendas ocultas, muchas veces agendas comprometidas con escenarios de violencia”.

El presidente venezolano habló sobre los ataques de la oposición

Al manifestar que "No es el gobierno que dirijo represivo, ni tengo yo un carácter represivo", destacó. “Sólo les he dicho que el Chávez (permisivo) quedó atrás en el 2002”. También mencionó que “todos los ataques de la burguesía a través de sus periódicos, de sus emisoras de radio y televisión, de sus voceros, todos, están dirigiendo los ataques contra mi porque quieren debilitarme en lo personal y mientras más me ataquen, más garra saco yo".

También indicó que “en las últimas horas ha visto a una oposición desesperada, que comenzó el año con el llamado pacto de Puerto Rico y el mensaje traído por los pactantes fue muy claro: incendiar Venezuela. Por eso sacaron a la calle a los estudiantes para buscar el enfrentamiento y la violencia”.

Declaraciones del CNE sobre los hechos de violencia

El rector principal del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), Germán Yépez, en un programa de VTV condenó hoy la utilización de la violencia por parte de sectores opositores estudiantiles y garantizó la transparencia del referendo del 15 de febrero.

Yépez comentó que “esos estudiantes son militantes de los partidos Acción Democrática, Primero Justicia y Nuevo Tiempo y tienen la orientación de hacer movilizaciones extremas en las principales ciudades del país. Esas marchas, dijo, están dirigidas a crear una sensación de desespero en las colectividades, electores y electoras, haciendo uso de la violencia a través de esquemas utilizados en varios escenarios del mundo”.

Llamó a actuar en el marco de la democracia, con la búsqueda pacífica de los votos y tratar de convencer al electorado de que "tu propuesta es la mejor opción". Sobre el proceso de votación del 15 de febrero indicó que en estos momentos el CNE despliega mil máquinas por todo el país que van a servir para desarrollar el proyecto de contacto popular con la tecnología.

Por último expresó que el “referéndum de febrero tendrá acompañamiento y observación nacional e internacional, de manera que existe todo el mecanismo de certificación y garantía que el CNE les ha venido brindando a los actores políticos venezolanos”.

El papel de la jerarquía de la iglesia

Con motivo de la última asamblea realizada por la Conferencia Episcopal Venezolana se evidenció, por una lado, que el sector más agresivo del Episcopado, el que liderizan obispos como Baltazar Porras, Roberto Lücker y otros, reasumieron el control de la institución. La tendencia que representaban otros prelados, menos beligerantes en política, tendiente a la conciliación y el diálogo, quedó definitivamente desplazada.

A propósito, el hecho hay que vincularlo al proceso que se da con la cúpula de la Iglesia católica en diversas partes del mundo, en especial en América Latina, y países como España. La tendencia en los lugares donde se dan cambios sociales importantes y aparecen nuevos liderazgos, es a que los altos funcionarios de la Iglesia se ubiquen en una posición militantemente contraria. Ocurre en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, incluso en Chile, donde hay tensiones y un tácito rechazo a algunas medidas progresistas de la presidenta Bachelet. En países de Centroamérica como Nicaragua, Guatemala, Honduras, y en la España gobernada por el PSOE de Rodríguez Zapatero la jerarquía adopta posturas identificadas con sectores poderosos, con grupos económicos y factores internacionales. Las reformas sociales que se cumplen son desdeñadas, y la orientación consiste en aliarse a fuerzas de oposición con programas y líneas políticas francamente de derecha. Los ataques se producen por el lado del presunto conculcamiento de las libertades públicas y atentados a la democracia, situaciones que en realidad no se plantean en la actualidad y que, por cierto, motivaron el silencio de la jerarquía eclesiástica durante gobiernos dictatoriales y seudo democráticos.

También la Iglesia se configura en una suerte de partido político, abandonando su papel autodeclarado de apolítica. En la última asamblea realizada por la Conferencia Episcopal Venezolana se evidenció esta postura. En el documento titulado "Situación del país y renovación ética", emanado de la reunión de los obispos, donde reivindican una abierta participación en política y asumen los argumentos de la oposición respecto a la enmienda constitucional. Uno de los argumentos que dan es que "la reelección indefinida no resuelve la crisis social", silenciando deliberadamente que no se trata de reelección, sino de postularse de nuevo, sin excepciones, para un cargo de elección popular.

Argumento absolutamente banal, inconsistente, que demuestra ignorancia, ya que está demostrado que ninguna ley y constitución resuelven por sí sola algo tan complejo como la crisis social. La crisis social la resuelve, o por lo menos la atenúa, una política global donde lo legal es sólo un aspecto. Si aceptamos el inefable argumento de los obispos no valdría la pena legislar, y se puede del mismo modo sostener que tampoco la alternabilidad resuelve la crisis social, como ha quedado ampliamente demostrado en el país. Pero claro, se trata de una actitud política que toca, superficialmente, un tema de gran importancia: la existencia de un proceso de cambio social en marcha en Venezuela y la necesidad de garantizar su continuidad y el liderazgo. ¿No ha hecho esfuerzos gigantes el gobierno de Chávez, como nunca antes se hicieron en el país, para encarar el drama de la pobreza y dar respuesta a los requerimientos educativos, de salud, de participación que le negaron al pueblo los gobiernos del pasado? Por un elemental sentido de responsabilidad ética los obispos podrían hacer un reconocimiento al profundo esfuerzo social de Chávez desde el gobierno para cancelar la deuda que el Estado venezolano contrajo con la colectividad. Pero la visión contraria a los cambios y la pequeñez de alma de los prelados venezolanos, impide que reconozcan algo de lo realizado y prefieran optar por el cuestionamiento tipo partidista con lo cual pierden rango y autoridad.

En el mismo documento los obispos se acuerdan de la calle, la cual abandonaron por completo --de ahí el crecimiento impresionante de otros credos religiosos, en particular los evangélicos-- y plantean llevar el mensaje de Jesucristo "casa por casa", con lo cual admiten que no lo han hecho. Para completar el cuadro de críticas sin soporte, hablan de que la enmienda "persigue extender los privilegios de los poderosos sin que se ataquen las carencias que sufre el pueblo". Es lamentable que la alta jerarquía de la Iglesia católica recurra a un lenguaje demagógico, mitinero, para tratar temas de envergadura. Y, sobre todo, para eludir su responsabilidad dirigente. ¿Cómo es posible afirmar que la enmienda "persigue extender los privilegios de los poderosos"? Si así fuera los poderosos seguramente estarían con la enmienda y con Chávez, es decir, grupos económicos como Fedecámaras, Fedeindustria, los ganaderos, los latifundistas, las roscas profesionales, los bufetes tribales, etc. Y algo más, a manera de pregunta provocadora: ¿Realmente cuándo se ha ocupado esa jerarquía de la Iglesia católica de "las carencias que sufre el pueblo"? En la actualidad, es sólo una operadora política de la oposición.

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