3 Dic. 2015 - Suspender los aumentos de las pensiones desde 2016 hasta el 2018 y congelar el otorgamiento de nuevos beneficios durante el mismo período forma parte de la propuesta legislativa de la alianza opositora venezolana, conocida como MUD, que impulsará durante los seis meses siguientes a las elecciones parlamentarias del venidero 6 de diciembre, según un documento de la "Sala Privada de Análisis de Coyuntura y Asesoría Estratégica" de la coalición de derecha.

Las medidas contra las pensiones son sólo una parte de un paquete de ajuste del gasto público corriente, estimado en unos 7 mil millones de dólares y que contempla además la reducción de la "masa salarial del sector público en un 5 por ciento en términos anuales" así como un plan de dolarización de sueldos y salarios, contenido en un proyecto legislativo denominado Ley de Eliminación del Régimen de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones. Cabe destacar que los aspectos relacionados con la dolarización, coinciden con lo que ha declarado abiertamente durante la campaña el candidato de Primero Justicia en Caracas, Tomas Guanipa.

El documento obtenido por La Tabla es un simple esbozo del contenido y objetivos de la norma, con una extensión de 8 páginas, y no recoge el articulado como tal. Sí define los seis capítulos o bloques en que estaría estructurada la propuesta, los cuales apuntan declaradamente a la reducción del déficit fiscal, el cual atribuye a las políticas del gobierno chavista.

En el primer capítulo, se recogen las disposiciones encaminadas a reducir, con criterios de progresividad, la masa salarial del sector público en un 5 por ciento en términos anuales. Por su parte, el capítulo II suspende la revalorización de las pensiones públicas para el año 2016, 2017 y 2018. El capítulo III congela el otorgamiento de nuevas pensiones a nuevos solicitantes.

En el capítulo IV se concretaría el modelo de dolarización de las pensiones y jubilaciones en el marco de una dolarización general de sueldos y salarios. En el capítulo V se establecen medidas adicionales tendentes a realizar un control más eficaz del gasto público. Por último, en el capítulo VI se estructuran las disposiciones transitorias de la ley.

El instrumento legislativo dice fundamentarse en el llamado Compromiso por el Gobierno de Unidad Nacional 2013-2019, firmado en 2012 por los precandidatos de la MUD que participaron en las primarias del 12 de febrero de ese año. De allí su insistencia y precisión con respecto al régimen de pensiones que según el Compromiso es denominado como "de reparto" ya que se sustenta en "la transferencia masiva de recursos generados por la bonanza petrolera".

Ante eso, en esa oportunidad, los precandidatos acordaron "un mecanismo gradual de transición del sistema de reparto actual hacia un sistema de tres pilares." Uno asistencial financiado con recursos públicos que otorgue pensiones mínimas. Otro, de capitalización individual con un componente solidario, el cual mediante el aporte proveniente de la liquidación de activos públicos y aportes tributarios, "pueda ir fondeando el pasivo actual del sistema hasta lograr su capitalización total.". Mientras que el tercer pilar tendría caracter voluntario y sus aportes tendría origen en la capitalización individual.

La propuesta de ley parece apuntar a esa meta, pero eliminando la gradualidad planteada: simplemente opta por dejar de ajustar el monto de la pensión, conforme a lo establecido como salario mínimo, al menos durante los próximos tres años. Y por otra parte congelar el otorgamiento de nuevas pensiones por el mismo período mientras se garantiza la capitalización del fondo.

El bloque referido a la reducción de la masa salarial indica que la misma operaría tanto sobre las retribuciones básicas como sobre las de carácter complementario, y sería de obligatorio cumplimiento por todos los niveles e instancias de la administración pública: Sin embargo precisa que tendrá un criterio de progresividad de manera de minimizar sus efectos sobre los salarios más bajos.

En lo referente a la "dolarización general de sueldos y salarios", explica que "no es otra cosa que lograr que los venezolanos ganen un monto en bolívares equivalente a un monto fijo en divisas".

El papel de trabajo habría sido eleborado por un grupo conformado por doce especialistas en el área, a saber, Ángel Alvarado, Luis Oliveros, José Guerra, .Liba Saiovici, Ricardo Hausmann, Sary Levy, Ronald Balza, José Toro Hardy, Pedro Palma, Richarrd Obuchi, Patricia Hernández y Tamara Herrera, quienes formarían parte de una denominada "sala privada".

La Tabla ha podido comprobar la existencia de coincidencias con las propuestas de consenso que comparte la mayor parte de la alianza opositora, lo cual pudiera validar su autenticidad. Sin embargo no lo ha podido certificar directamente la misma.