04/04/2017.- El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Maikel Moreno, advirtió que en los actuales momentos "carece de legalidad y legitimidad cualquier intento, de la Asamblea Nacional en desacato, de remover a magistrados". Explicó que el procedimiento para ello está contenido en la Carta Magna y se inicia con la intervención del Poder Ciudadano, es decir, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, el defensor Tareck William Saab y el contralor Manuel Galindo.
"No existe posibilidad alguna que en el marco del orden constitucional se le permita al Parlamento tomarse atribuciones que corresponden exclusivamente al Poder Ciudadano", indicó el magistrado aludiendo al eventual juicio anunciado por la Asamblea Nacional contra los siete magistrados de la Sala Constitucional del Alto Tribunal.
Moreno aclaró que el artículo 265 de la Carta Magna que faculta al Poder Ciudadano para calificar las faltas graves de los miembros del TSJ. "Esa norma es legible, concisa y no da lugar a interpretaciones", destacó Moreno.
Son tres los requisitos que establece la Carta Magna para calificar la falta grave y remover a un magistrado, informó el presidente del TSJ. "El primero de ellos, es que exista un voto favorable con mayoría calificada de las dos terceras partes de los integrantes del Parlamento. Por obvias razones carecen de este quorum lo que impide que cuenten con el primero de los requisitos", precisó el magistrado.
"En segundo lugar, deben cumplir con el debido proceso y el derecho a la defensa, lo que igualmente es inexistente en este procedimiento írrito de la AN, porque de ninguna manera han presentado solicitud alguna al Poder Ciudadano, muy especialmente al Consejo Moral Republicano para que aperture y de inicio a una investigación que permita calificar como grave, la falta de un Magistrado", indicó.
Y como tercer requisito, Moreno refirió el informe que debe ser presentado ante la AN por los tres integrantes del Poder Ciudadano.
"Solo queda del Parlamento someterse a la Constitución para que sus actos sean válidos, poniendo fin al desacato y rigiéndose estrictamente a lo que señala la Carta Magna", recalcó Moreno quien alertó que la AN se encuentra hoy "en la peligrosa circunstancia de pasar del desacato, a derogar de facto la Constitución y es deber del Tribunal Supremo conforme lo establece el artículo 334 de nuestra carta magna, asegurar la integridad de la Carta Magna".