9 Feb. 2018 - En la mesa de negociación entre el Gobierno y la oposición venezolana circularon al menos dos borradores de un acuerdo, uno elaborado por los mediadores y el segundo, que presuntamente sería el definitivo, se le adjudica al expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, sin embargo no se logró el consenso entre las partes.

Ambos contenían seis puntos, y el primero de estos era trabajar para que se levantaran las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea al país suramericano.

"Gobierno y oposición acuerdan trabajar conjuntamente para que se revisen y supriman las sanciones internacionales (…) se crea una comisión bilateral para las oportunas gestiones (…) deberá comenzar a funcionar en un plazo de quince días", expresaba el primer borrador del acuerdo y hacía la salvedad de que la continuidad de estas gestiones dependía del cumplimiento en lo establecido en los otros cinco puntos.

Este planteamiento se hizo durante las reuniones del 1 y 2 de diciembre, cuando por primera vez las partes se sentaron en República Dominicana con el acompañamiento de Chile y México, invitados por la oposición y Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las Granadinas, por el Gobierno.

El debate continuó en base a los puntos allí establecidos y el canciller de México, Luis Videgaray, suspendió su participación al considerar que no había avances ni disposición real por parte del Gobierno venezolano; y el de Chile, Heraldo Muñoz, no acudió más a las reuniones.

Posteriormente, las partes volvieron a reunirse y el primer punto quedó modificado en un documento, en el que trabajaron Zapatero, el presidente dominicano, Danilo Medina, su canciller, Miguel Vargas y representantes de los garantes invitados por el Gobierno venezolano.

El primer punto pasó de llamarse "Sanciones contra Venezuela" a "Soberanía y sanciones unilaterales contra Venezuela".

En la propuesta Gobierno y oposición acordarían "trabajar conjuntamente para que se revisen y supriman las sanciones unilaterales contra el país, que bloquean capacidades financieras para atender necesidades básicas del pueblo venezolano", para lo cual se crearía una comisión que debía comenzar a trabajar 48 horas después de que se concretara el acuerdo.
De este modo, se eliminaba la condición establecida en el primer borrador de que la comisión seguiría su trabajo, solo si se cumplían el resto de los puntos.

Además, se incluyó el rechazo de ambas partes a las recomendaciones del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, de llevar el conflicto territorial por el Esequibo ante Corte Internacional de Justicia y en su lugar se ratificaba el Acuerdo de Ginebra de 1966, como único mecanismo para resolver las diferencias.

Elecciones

En el primer borrador se fijó que las presidenciales debían hacerse a finales del segundo semestre de 2018, y la integración de un nuevo Consejo Nacional Electoral, con 5 rectores dos de cada sector y el restante vía consenso, que llamaría a elecciones con al menos 6 meses de anticipación y publicaría el cronograma completo.

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En el segundo se decidió que las elecciones se convocarían el 22 de abril, se nombrarían por consenso a los rectores que sustituirían a Tania D"Amelio y Socorro Hernández.

En ambos se acordaba solicitar a la Organización de Naciones Unidas conformar una delegación de acompañamiento y observación internacional.

Parlamento y Constituyente

Otra de las diferencias guarda relación con el conflicto entre la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), pues al inicio la propuesta exigía levantar el desacato del órgano legislador, y un acuerdo entre los dos entes para precisar el mandato y la temporalidad de la ANC.

Sin embargo, en la propuesta que se creía sería la definitiva se había cambiado este aspecto por la creación de una comisión política entre ambos entes que garantizara la coexistencia institucional en la que además, planteaba la creación de una comisión mixta para presentar propuestas que permitieran abordar la situación económica del país y trabajar por la "supresión de los bloqueos financieros y la obtención de líneas de financiamiento" para la adquisición de alimentos y medicamentos.


Mientras, en el primer borrador se pactaba crear un grupo económico y social para garantizar el acceso de los venezolanos a productos básicos a través de "diversas vías existentes, supresión de los bloqueos financieros y obtención de líneas de financiamiento".

Comisión de la verdad

En ambos documentos se planteaba el funcionamiento de una Comisión de la Verdad, con la incorporación de la oposición, y en el realizado por los cancilleres se limitaba su funcionamiento a cuatro meses, mientras en el segundo carecía de lapso y se sumaba a representantes de una ONG de "larga trayectoria en la promoción y defensa de los DDHH".

Por último, se establecía una comisión de verificación y seguimiento que en la primera propuesta no fue desarrollada y en la segunda, especificaba que debía estar integrada por los cancilleres que participaron en el proceso, el Gobierno de República Dominicana y el exjefe del Gobierno español.

Sin acuerdo

Aunque la delegación del Gobierno e incluso el presidente Nicolás Maduro, decidieron firmar el documento, cuya redacción la oposición le adjudica a Zapatero, no hubo acuerdo, pues la oposición se negó a aceptarlo.

En su lugar presentó una tercera propuesta, que no fue debatida por las partes, pues ante la negativa de la oposición a rubricar, la delegación del Gobierno retornó para cumplir con actividades pautadas en su país.
El documento contenía al igual seis puntos: soberanía y sanciones unilaterales contra Venezuela, elecciones, fortalecimiento del estado de derecho constitucional, situación económica y social, comisión de la verdad y comisión de seguimiento y verificación.

Todos los puntos llevaban el mismo nombre que el "Acuerdo de Convivencia Democrática por Venezuela", que promovió el expresidente español, pero con especificaciones diferentes en su contenido.

En él aseguran que la fecha y el cronograma electoral estaban por definir, y puntualiza sus exigencias en relación a las garantías y condiciones electorales, piden, entre otras cosas, que no se realicen cadenas de radio y televisión durante la campaña presidencial a la que el presidente Maduro es candidato a la reelección.
Además, solicitan la legalización inmediata, en un plazo de 48 horas, de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, cuyo partido no podrá participar en las presidenciales, ante una sentencia que impide el bipartidismo, y de igual forma la validación de los principales partidos de ese sector Primero Justicia y Voluntad Popular.

En dos meses y quince días Venezuela irá a elecciones presidenciales y el candidato que resulte electo estará al frente del país entre 2019 y 2025.

El presidente Nicolás Maduro, aspirante a la reelección, asumió el mandato en 2015, ante la muerte del expresidente Hugo Chávez (1954 – 2013), y fue electo para continuar con la denominada Revolución Bolivariana iniciada en 1.999.
Además, sobre él y altos funcionarios de su Gobierno pesan sanciones de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, donde se cuestiona la democracia venezolana.

Mientras, el Gobierno de la nación caribeña denuncia un cerco financiero internacional, el cual, asegura, ha profundizado la crisis económica que provocó la caída estrepitosa de los precios del crudo, del cual dependen el 96% de sus ingresos.