Pero el problema del Poder Popular, no es estricto sentido, un asunto meramente legal o jurídico. Es decir, no es necesario disponer de leyes para que este Poder Popular se active. Además de poseer un marco jurídico que es necesario; el Poder Popular o mejor dicho, las comunidades organizadas para poder tener opción de ser poder, necesitan de mucha conciencia y saber tomar distancia de la política partidista, que no significa separarse de la política. Es importante que los voceros y voceras de los consejos comunales y las comunas tengan su corazón colocado en el PSUV, PCV, GPP u otra fuerza política revolucionaria; pero es más importante, que las organizaciones comunitarias, como expresión de del Poder Popular organizado mantengan autonomía y dejen sentirse como poder.
La percepción que logran dar las organizaciones comunitarias es fundamental para su desarrollo como fuerza. Si una determinada alcaldía o gobernación, capta a través de demostraciones, que las organizaciones comunitarias están comprometidas con un partido y se dejan ver como unos apéndices de las organizaciones partidistas, sucede lo que ha venido aconteciendo y el llamado Poder Popular es eso: un apéndice de un partido. Si el poder constituido capta esa señal, es porque el poder constituyente puede estar enviándo la señal en esos términos. El soberano o poder constituyente pierda así, su condición de fuerza o ser efectivamente un “contra poder”.
Si esta dinámica se desarrolla de la manera que se explicó anteriormente. Es decir, si las comunidades organizadas son un simple apéndice de un partido, gran parte de los aspectos relevantes contenidos en las leyes del Poder Popular pierden su esencia y sirven de muy pocos porque no se activan. Desde mi perspectiva, entiendo que lo fundamental para el proyecto bolivariano, es que las comunidades organizadas mantengan su autonomía de lucha y esto le devolverá al proyecto bolivariano una fuerza renovadora increíble y una gran capacidad para meter en cintura a gestiones locales que tanto daño le hacen al proyecto.
A pesar de la ley de Contraloría social, no hay contraloría social porque no se tiene conciencia de la importancia de este instrumento y las comunidades no se percatan, que controlando a los gobiernos locales, las posibilidades de tener mejores servicios son mayores. No hay Empresas de Propiedad Social (EPS), porque las comunidades organizadas no han asumido que este es un importante instrumento para que el Poder Constituyente discuta con el Poder Constituido políticas públicas. Las Alcaldías no tienen planes, porque las comunidades organizadas no han asumido como Poder, que la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular ofrece un espacio para que las comunidades y los poderes públicos articulen iniciativas y esta articulación, se traduzca en un plan concreto con objetivos compartidos y en correspondencia con las necesidades de las comunidades.
Así pues, que para que el Poder Popular pueda ser efectivamente PODER, debe asumirse como una fuerza autónoma y con ello no se le está negando a sus voceros y voceras involucrarse como ciudadanos y ciudadanas en un el PSUV u otra fuerza política revolucionaria. Es necesario que las Comunidades organizadas entiendan, que mejor que un alcalde o un gobernador, es un poder organizado claro y consciente en sus propósitos. Es necesario que las comunidades organizadas se sientan como un poder en condiciones de negociar con el poder constituido. Negociar se deja ver aquí, como la posibilidad de lograr un espacio para debatir los problemas y necesidades de las comunidades. Ese debate debe dar un espacio mancomunado para la toma de decisiones.
@ClaudioElcuaco
Por: Claudio Domínguez
Con el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Gestión Comunitaria, se logra una nueva ley que le ofrece nuevas posibilidades al Poder Popular. Son hasta ahora siete leyes y es necesario incluir como un elemento adicional, la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, que aunque no califica como una Ley propia del Poder Popular, su contenido es muy importante para su fortalecimiento.
Pero el problema del Poder Popular, no es estricto sentido, un asunto meramente legal o jurídico. Es decir, no es necesario disponer de leyes para que este Poder Popular se active. Además de poseer un marco jurídico que es necesario; el Poder Popular o mejor dicho, las comunidades organizadas para poder tener opción de ser poder, necesitan de mucha conciencia y saber tomar distancia de la política partidista, que no significa separarse de la política. Es importante que los voceros y voceras de los consejos comunales y las comunas tengan su corazón colocado en el PSUV, PCV, GPP u otra fuerza política revolucionaria; pero es más importante, que las organizaciones comunitarias, como expresión de del Poder Popular organizado mantengan autonomía y dejen sentirse como poder.
La percepción que logran dar las organizaciones comunitarias es fundamental para su desarrollo como fuerza. Si una determinada alcaldía o gobernación, capta a través de demostraciones, que las organizaciones comunitarias están comprometidas con un partido y se dejan ver como unos apéndices de las organizaciones partidistas, sucede lo que ha venido aconteciendo y el llamado Poder Popular es eso: un apéndice de un partido. Si el poder constituido capta esa señal, es porque el poder constituyente puede estar enviándo la señal en esos términos. El soberano o poder constituyente pierda así, su condición de fuerza o ser efectivamente un “contra poder”.
Si esta dinámica se desarrolla de la manera que se explicó anteriormente. Es decir, si las comunidades organizadas son un simple apéndice de un partido, gran parte de los aspectos relevantes contenidos en las leyes del Poder Popular pierden su esencia y sirven de muy pocos porque no se activan. Desde mi perspectiva, entiendo que lo fundamental para el proyecto bolivariano, es que las comunidades organizadas mantengan su autonomía de lucha y esto le devolverá al proyecto bolivariano una fuerza renovadora increíble y una gran capacidad para meter en cintura a gestiones locales que tanto daño le hacen al proyecto.
A pesar de la ley de Contraloría social, no hay contraloría social porque no se tiene conciencia de la importancia de este instrumento y las comunidades no se percatan, que controlando a los gobiernos locales, las posibilidades de tener mejores servicios son mayores. No hay Empresas de Propiedad Social (EPS), porque las comunidades organizadas no han asumido que este es un importante instrumento para que el Poder Constituyente discuta con el Poder Constituido políticas públicas. Las Alcaldías no tienen planes, porque las comunidades organizadas no han asumido como Poder, que la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular ofrece un espacio para que las comunidades y los poderes públicos articulen iniciativas y esta articulación, se traduzca en un plan concreto con objetivos compartidos y en correspondencia con las necesidades de las comunidades.
Así pues, que para que el Poder Popular pueda ser efectivamente PODER, debe asumirse como una fuerza autónoma y con ello no se le está negando a sus voceros y voceras involucrarse como ciudadanos y ciudadanas en un el PSUV u otra fuerza política revolucionaria. Es necesario que las Comunidades organizadas entiendan, que mejor que un alcalde o un gobernador, es un poder organizado claro y consciente en sus propósitos. Es necesario que las comunidades organizadas se sientan como un poder en condiciones de negociar con el poder constituido. Negociar se deja ver aquí, como la posibilidad de lograr un espacio para debatir los problemas y necesidades de las comunidades. Ese debate debe dar un espacio mancomunado para la toma de decisiones.
@ClaudioElcuaco
