Ya durante el siglo XVII, Jean Jaques Rousseau, en su obra “El Contrato Social”, consideraba necesario la intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas, de modo que no se limitara a participar en elecciones solamente. Rousseau describía la participación como un proceso de aprendizaje necesario, para sentar las bases de un contrato social. Desde aquellos días, la participación ciudadana ha sido vista como un enemigo peligroso para los gobernantes y el poder absolutista del Estado; pero ya a finales del siglo XX y en el umbral de éste, la participación ciudadana ha comenzado a ser vista como el núcleo central del desarrollo y de la gerencia moderna.
Aquí en Venezuela, las experiencias participativas tienen cierta relevancia a partir del inicio de la instauración del régimen de democracia representativa, que conocerían los venezolanos después de 1958, y de forma muy particular con la promulgación de la Constitución de 1961. Con el desarrollo de éste ordenamiento jurídico y las iniciativas impulsadas por los partidos políticos que acompañaban este proceso de cambio democrático, Venezuela incorpora exitosas experiencia de participación; pero pagando el precio de un amplio clientelismo político, que a partir de la década de los 80 hizo crisis en el sistema político y social.
En medio de esta inversión de valores en torno a la participación y las formas democráticas de su ejercicio, la sociedad venezolana y los actores políticos, promotores del cambio se anotan algunas victorias, y a partir del 1989 entra en vigencia un conjunto de leyes, entre las que se destacan: Ley de Elección y Remoción de Gobernadores, Reforma de la Ley Orgánica del Régimen Municipal y la Ley Orgánica de Descentralización, de Limitación y Transferencia de Competencia de Poder Público.
También se incorporaron otras iniciativas legislativas que contribuyeron al hecho participativo y democrático, afianzando con esto, el proceso de descentralización que se había iniciado en la década de los 80. Leyes como la Ley del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) y la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE), se inscribieron entre los esfuerzos normativos que buscaban dar repuesta al reclamo democrático de la población, que seguía excluida del sistema político y de la tomas de decisiones en el marco de la planificación y la administración pública.
Con la llegada al poder en 1998 del actual presidente, Hugo Chávez Frías, se produce en definitiva la ruptura con el viejo sistema político, el cual venia operando desde 1961, y donde la población utilizaba los mecanismos de participación, fundamentalmente a través de la partidización de sus propios organismos gremiales y comunitarios. Desde el ejecutivo, el Presidente Hugo Chávez, inicia el proceso constituyente, para elaborar una nueva constitución que incorporaría los mecanismos de la democracia participativa y protagónica del pueblo venezolano en la toma de sus decisiones.
La novísima Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece entre sus principios que: “El Estado venezolano será Federal Descentralizado, y con un Sistema Político Democrático y Participativo”, acercando con ello, las estructuras del Estado a la población y dotando un conjunto de preceptos constitucionales y legales, que se orientan al desarrollo de una sociedad democrática, participativa, protagónica y pluralista, en un Estado de justicia, federal y descentralizado.
La revalorización de la participación en el campo social, desde la óptica de la Constitución Bolivariana, se inscribe en un proceso donde se busca afianzar los aportes que la participación del ciudadano debe hacer a la nueva gerencia pública, y esto significa que su objetivo primordial seria lograr, una mayor eficiencia en las organizaciones a través de la participación de los ciudadanos en todos los niveles de decisiones, estén las mismas vinculadas o no a la actividad gubernamental.
Ahora bien, la participación no se decreta desde arriba, ella implica un largo proceso de aprendizaje, y se transforma en un hecho cultural, sus frutos no se obtienen de inmediato, y como proceso implica una cotidianidad que se asume cuando se asiste a reuniones, cuando el ciudadano deposita su voto en una urna electoral, manifestando en las calles a favor o en contra de una propuesta determinada; en fin, en cada acto donde ejerce y recupera su condición de ciudadano.
Hoy es necesario conferir poder a las comunidades, al pueblo, esto haría más eficiente la gestión del Estado y contribuiría enormemente a superar las carencias de la sociedad. Quienes se oponen a la participación directa, libre, democrática, inclusiva y protagónica, contraponiéndole a estos valores la tutela mediatizada del Estados, a través de mecanismos sectarios y excluyentes, bajo formulas no preestablecidas por nuestra constitución, sólo buscan perpetuarse en el poder, convirtiéndose así mismo en un obstáculo para el desarrollo de la sociedad y la misma democracia.
De allí, que lo más identificado con una política de cambio social, dentro y fuera de las organizaciones partidistas, en las instituciones del Estado y al margen de ellas, sea la participación activa del ciudadano. Quizás esa sea la razón para expresar que la participación ciudadana, a través de los Concejos Comunales y hasta en las criticadas Comunas, vistas e impulsadas hoy como una gran jornada de inclusión social por parte del Estado, sea el reto del presente, lo demás sería ceder de forma absurda estos importantes espacios para el combate social, a quienes precisamente pretenden frenar y distorsionar la participación ciudadana.
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