La comuna en Venezuela debiera ser ciertamente una forma de gobierno popular revolucionario que supla el poder ejercido tradicionalmente por las autoridades constituidas. No se trata, por ende, de tutelarlas o de integrarlas a las diversas instituciones del Estado, coartando así el ejercicio de la democracia participativa y protagónica que debe caracterizarla en todo momento. Esto quizá sea un escándalo para aquellos que tratan de acceder al poder sin comprender que, como hecho revolucionario significativo, la construcción de las comunas representa un salto cualitativo en la evolución que debe producirse en lo que respecta a la consolidación del proceso revolucionario bolivariano en Venezuela, del mismo modo que los sectores populares comprometidos con su activación y funcionamiento han de entender que éstas no pueden (ni deben) reproducir los criterios, la ideología y las estructuras burocrática-representativas del Estado vigente. De esta manera se evitará que el actual proceso revolucionario bolivariano derive hacia arreglos opuestos a la existencia, consolidación e influencia del poder popular, retornándose al sistema y a las prácticas de la democracia representativa en vez de profundizar el poder constituyente del pueblo como garantía y preámbulo de la construcción real del socialismo revolucionario.
Sin embargo, es de admitirse que aún existe un vacío en lo tocante a la formación de una conciencia revolucionaria que podría echar al traste con este propósito. Tal vacío representa el principal obstáculo que debe vencerse, de modo que la construcción de las comunas no sea simplemente un cambio cosmético que termine por dejar todo igual. De hecho, la difusión y discusión del Segundo Plan Socialista de Desarrollo de la Nación para el período 2013-2019 que se ha estado realizando en el país debiera convertirse en el instrumento inmediato para que este hecho revolucionario significativo sea una realidad posible, a pesar del burocratismo incrustado en las instituciones del Estado que, de una u otra forma, conspiraría contra su existencia, desarrollo y funcionamiento autónomo. En este sentido, vale decir que los mismos sectores populares tienen que apropiarse del mismo, generando sus propios espacios organizativos, utilizando por lo pronto las distintas leyes del poder popular sancionadas por la Asamblea Nacional, lo cual -a su vez- debiera motivarlos a cuestionar las estructuras estatales, logrando que el Estado sufra un cambio estructural que esté acoplado a la necesidad de consolidar la participación y el protagonismo revolucionario del pueblo, deslastrándolo de los procedimientos burocrático-representativos que los imposibilitan.
Por ello, las comunas no deben convertirse en una consigna revolucionaria carente de contenido popular y, por supuesto, en parte de un cambio gatopardiano. Ellas deben ser consecuencia directa del debate y las aspiraciones de los sectores populares, adaptadas a cada situación específica, a cada región, siendo construidas desde abajo, sin interferenciaalguna del Estado, sea cual sea su nivel; lo que redundará -sin duda- en el avance cualitativo delproceso revolucionario bolivariano.-
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