Hemos celebrado los 26 Decretos-Leyes sancionados por el Presidente en Consejo de Ministros, los que en su conjunto refuerzan al Poder Popular, al gobierno en mano de los ciudadanos y de sus comunidades organizadas. Nuestras Constitución, profundamente participativa, comienza a concretarse y desarrollarse a través de las leyes, tal como la propia Constitución lo indica. Estos 26 Decretos-Leyes son un paso fundamental, ahora si los Consejos Comunales tienen funciones claras de Contraloría Social.

Hay quienes piensan que los Poderes que las 26 Leyes otorgan a los Consejos Comunales son descomunales, es decir desmedidos, demasiado grandes. Yo no comparto esa idea, todo el poder para el pueblo; el ciudadano organizado tiene derecho a construir su propio camino. Lo que hay que observar, a lo que tenemos que estar atentos, es a la capacidad real y especifica que puedan tener determinados Consejos Comunales, para atender ellos mismos, tareas técnicas complejas, sin la debida formación previa.

En próximas entregas de esta Cátedra Comunal, veremos en detalle las funciones de los Consejos Comunales a la luz de los 26 Decretos-Leyes; entonces nos referiremos por lo menos a diez de ellos, a los que más directamente tienen que ver con la participación del ciudadano organizado.

Ahora hoy, junto a felicitarnos por los aciertos del Presidente de la República al dar este paso legislativo, quiero hacer un alerta que, estoy seguro, el Presidente escuchará y actuará luego en consecuencia. Si bien es cierto que nunca son demasiados los derechos y atribuciones que se otorgan a los ciudadanos organizados, porque ¿en qué mejores manos puede estar que en las del propio pueblo?, no obstante la asignación de las funciones a los ciudadanos organizados, y la administración de los recursos y el control de obras complejas, requieren de formación, de práctica y de tiempo. Someter ya a los Consejos Comunales a funciones para las que no están hoy en capacidad real de enfrentar, no sólo podría no generar beneficio colectivo, sino afectarlos como organización social del pueblo, como instrumento vital para la consolidación del Poder Popular. Me explico en los párrafos que siguen.

El gobierno -sea el nacional, regional o municipal- no puede cargar en los hombros de los Consejos Comunales la satisfacción de las necesidades de éstos, ni la plena garantía de sus derechos, para eso existe el Estado. No puede un Alcalde u otro funcionario público entregar recursos a los Consejos Comunales para que atiendan sus problemas -digamos, por ejemplo, limpieza u otro servicio- para quedarse los jefezotes en sus despachos echándose aire, y sin que se haya formado gerencialmente a los ciudadanos. La responsabilidad y obligación es para el Alcalde y los demás funcionarios públicos; el derecho de actuar y controlar es del ciudadano. Que los funcionarios realicen su parte, que los ciudadanos ejerzan su derecho.

No toda comunidad está en capacidad de, por ejemplo, elaborar un catastro, que tiene exigencias técnicas, ni de acometer obras civiles complejas, que requieran de particulares conocimientos; el organismo público correspondiente debe brindar la asistencia requerida a la gente. Hemos dicho y repetimos hasta el cansancio, la formación y capacitación de los dirigentes comunales son tarea fundamental de un proceso de cambio, para la construcción del hombre nuevo. A este respecto hemos fallado, sin hombres cambiados no hay cambio; no reconocerlo es criminal.

Delegar tareas de la ciudad como un todo, a barrios o urbanizaciones particulares, sin tener una visión de conjunto de la ciudad, es una locura porque la ciudad no es una colcha de retazos, requiere ser vista en su totalidad. Delegar funciones locales, pero dejar de lado el ciudadano en la visión global de su ciudad, es por lo menos una torpeza.

Que las leyes cada vez más otorguen poderes a los Consejos Comunales, poderes que nunca podrán ser descomunales, porque el poder popular es del pueblo, ¿de quién más? Ojo con la ejecución de las Leyes.


(*)Municipalista

cesar_dorta@hotmail.com