Pero unas cosas dice Chávez -y muy seguidas-, y otras hacen quienes están al mando de las empresas suministradoras de agua, conocidas en nuestro país como “hidrológicas” (nombre que no concuerda mucho con las agresiones que le hacen al pueblo, que no entran dentro de la “lógica” presidencial, por lo que bien podrían llamarse hidro-ilógicas, en todo caso).
Los servicios públicos constituyen una actividad dirigida a la colectividad, de interés general y público, que presta el Estado en corresponsabilidad con la comunidad organizada, y deben llegar a los ciudadanos que convivimos en un territorio determinado. Su finalidad es (o debería ser) satisfacer las necesidades que tengan un interés general y colectivo, y cuyo cumplimiento incida en el incremento de la calidad de vida del pueblo.
La prestación de los servicios públicos (como lo dice el Presidente) es una obligación constitucional asignada al Estado. Así se desprende del artículo 156 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela… En especial, aquellos que entrañan el suministro de electricidad, el agua potable y el gas (como bien lo dice el Presidente a cada momento) a fin de proporcionarle -si no a todos- al menos a una mayoría de la población venezolana, el mayor grado de bienestar posible respecto de tales necesidades que los ciudadanos no pueden proporcionarse por sí mismos.
El servicio del agua, que es en el que quiero hacer énfasis -como cualquier otro-, debe estar regido -entre algunos principios- (como el de la obligatoriedad, las mejoras constantes del mismo, la continuidad, la igualdad en la recepción, etc.), por el de LA TRANSPARENCIA, que es aquella que permite a los usuarios estar informados acerca de la manera en que el servicio está organizado y la forma en que funciona, así como de los motivos de decisiones -técnicas, operativas, económicas, etc.- tomadas, con las que son sorprendidos como destinatarios. Y es el caso que los sufridos usuarios no saben cómo funciona este servicio, cuyos resultados son cada vez peores (porque no mejora sino que empeora), que proporciona agua no precisamente transparente, que es discontinuo (porque lo suspenden a cada instante y la mayoría de las veces sin informar), y mucho menos -los usuarios- son avisados de los aumentos que las empresas hidro-ilógicas “solicitan a Caracas” y les son “autorizados”, contraviniendo las palabras del Presidente Chávez (esas que nos dice cada vez que puede, a través de la televisión), aumentos que se convierten -mes a mes- en votos en su contra y en contra de su gobierno.
El servicio de agua potable está catalogado como un servicio público ‘a domicilio’, es decir, que lo presta el Estado a los ciudadanos, directamente en sus viviendas. ES un derecho humano. ES un bien público. El agua, como fuente fundamental e insustituible de vida ES un bien común. ES patrimonio de la humanidad (de nosotros los humanos). Y aunque otras formas de vida también la precisan, no debe ser administrada por seres de escaso entendimiento, o, en el caso que nos compete, por administradores que no siguen las líneas políticas del Presidente, jefe supremo de la administración pública.
Por todas las razones anteriores este bien esencial no solamente es reconocido por nuestro ordenamiento jurídico, sino universalmente. Tan es así que uno de los elementos esenciales para reducir la pobreza (como lo viene haciendo con éxito nuestro gobierno), descansa en el acceso de las poblaciones al agua saludable, ofrecida como servicio público.
De los índices más importantes de desarrollo en nuestro planeta, el del acceso al agua potable es uno de los más importantes. Pero el coronel que en el Táchira funge como responsable de tal fenómeno, está como empeñado en que este índice se reduzca a como dé lugar.
Y lo peor es que esto se produce en uno de los Estados del país con mayores precipitaciones pluviales, uno de los Estados donde más llueve. Los tachirenses hacemos un chiste con esto y decimos que en el Táchira “el mes en que menos llueve es Febrero, pero eso es porque Febrero… tiene menos días…!”. Y no sólo llueve a borbotones, sino que el agua baja -por simple gravedad- de las montañas hacia las ciudades, pueblos y zonas más bajas. No nos sucede como en otros lugares del país, a los que tenemos que llevar el agua desde sitios bastante apartados, impulsándola con enormes y poderosas motobombas, que consumen ingentes cantidades de combustible (gasoil, gasolina, etc.). No, por aquí hay agua en cantidades industriales y baja de las montañas por tuberías, sin ninguna clase de impulso artificial.
El servicio de agua, al igual que otros servicios básicos, sobre los que carecemos (o carece la población) de poder de ordenación y disposición directa, produce lo que se denomina -en términos jurídico-económicos- “la menesterosidad social”, es decir la inestabilidad -o debilidad- de la existencia. Y ante una situación como la que queremos mostrar, le corresponde al Estado -como una de sus principales misiones-, la RESPONSABILIDAD de la procura existencial de sus ciudadanos. O dicho de otra forma: llevar a cabo las medidas que aseguren al hombre (y a la mujer, por supuesto) las posibilidades de existencia que no puede asegurarse por sí mismo. Tarea que rebasa -holgadamente- las nociones clásicas de servicio público y/o política social (como lo dice a cada momento nuestro Presidente, pero, el ciudadano coronel que dirige Hidrosuroeste no entiende… ).
A la luz de la Constitución de 1999, el Estado venezolano se constituyó en un Estado Democrático y Social, de Derecho y de Justicia, que promueve como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, y, en general, le preeminencia de los Derechos Humanos, así como LA ÉTICA, que debería idealmente ser ‘la ética socialista’… y no la antítesis neoliberal que parece guiar a las empresas suministradoras de agua: las ‘famosas’ y mentadas ‘Hidro… ‘.
En virtud de valores como los mencionados, el Estado tiene entre sus fines esenciales, la promoción de la prosperidad, el bienestar del pueblo, y, en fin, la mayor suma de felicidad posible (como reiteradamente nos lo recuerda nuestro Presidente).
La Sala Constitucional de nuestro Tribunal Superior de Justicia ha expresado (en sentencia N° 385 del 27/03/2001) que el servicio público de distribución y suministro de agua potable está íntimamente relacionado con el Derecho a la Salud, a la Vida, a un Ambiente Sano… hechos expresamente reconocidos en los artículos 82, 83 y 127 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
LAS HIDROLÓGICAS CONTRA CHÁVEZ
De nada (o muy poco) vale que el Presidente se deslome trabajando día y noche para llevarle la mayor suma de felicidad posible a su pueblo, de aumentarle los salarios a los trabajadores, de homologar y asignar pensiones, de ayudar a ancianos y a discapacitados, de becar a estudiantes y trabajadores, de construir casas y apartamentos en cantidades nunca antes vistas… si los pobres de este país son azotados por burócratas como el que dirige los destinos de Hidrosuroeste (y los de otras “hidro-ilógicas”), que aumentan de manera obscena las tarifas comerciales para que el pueblo pueda acceder al agua potable. El agua, muchas veces sucia, se la echan además al Presidente, cuando dicen (como me lo han dicho a mí) que “esos aumentos los impone Chávez…”. Y lo peor es que no contentos con la subidera absurda de tarifas, que hacen del agua el servicio más costoso que pagamos en el Táchira, y que a los pobres trabajadores les signifique disponer de más del 15 % del salario mínimo, para pagarla, … no contentos con esos abusos reiterados, al usuario que no paga, bien porque no pueda o porque se niegue a pagar el abuso, o porque introduzca un reclamo, le cortan el suministro del vital líquido..!
Hace pocos días leí en Aporrea, que en el Estado Monagas está sucediendo algo similar. Entonces, Presidente Chávez, todo lo que usted nos habla sobre los servicios públicos: que deben servir para mejorar la calidad de vida de los venezolanos, y que deben estar subsidiados, de acuerdo con un sinnúmero de explicaciones que usted mismo nos ha dado por televisión… ¿ Será que no lo entienden estos burócratas mata-votos ? O es que acaso -por casualidad- existe un doble discurso ?
A mí, sinceramente me da lástima con el candidato que usted designó para optar por la gobernación del Táchira, en este caso el ministro El-Aissami, porque por más obras que venga a inaugurar, y por muchas otras que ofrezca en su campaña electoral, dizque para recuperar este territorio y quitárselo de las manos a la ultra-derecha (porque en manos de la derecha parece estar…), nada de eso se convertirá en votos, ante esta política neoliberal -que parece estar dirigida por el propio Fondo Monetario Internacional-, y que llevan a cabo estos burócratas-gerentes, asesinos de votos a mansalva y atropelladores de pueblos. Estos, por lo visto, o no entienden ni papa lo que significa el actual proceso político y ni siquiera han oído hablar de las “metas del milenio”, o están abiertamente (y arduamente) trabajando por el fracaso de este experimento revolucionario.
Podría apostar que menos de la tercera parte de los usuarios del servicio de agua (en Táchira) cuentan con medidores, tal y como lo establece la Ley (Ley orgánica para la prestación de los servicios de agua potable…). Al no contar la mayoría de los usuarios con medidores, las empresas hidro-ilógicas asumen alegremente el abuso de establecer unas llamadas “tarifas planas”, bastante ‘discrecionales’, y que por lo gordas, de planas nada tienen. Con esas discrecionales y fantasiosas tarifas, pretenden hacerle creer a uno, que cualquier vivienda (por muy modesta que sea) consume más de sesenta metros cúbicos de agua, mensualmente, como si todos tuviésemos negocios de autolavado en nuestras casas. Y eso lo imponen ‘a la bulla de los cocos’, porque -como digo- la mayoría de los usuarios no cuenta con medidores.
Por otra parte, se produce una verdadera aberración, cuando de manera compulsiva cobran por el servicio, cortándole el agua a conglomerados (como me consta) que apenas deben la factura del mes que acaba de terminar. O sea, que no están atrasados o ‘morosos’. Tal como les sucedió, hace apenas unos días, a un grupo de vecinos en un edificio residencial-comercial en la ciudad de San Cristóbal, a quienes como respuesta a un reclamo que introdujeron, porque en menos de siete (7) meses les aumentó la factura desde Bs. 5.646,40 a Bs. 23.916,59 (!), vinieron de la hidrológica, -en un aparente plan de venganza y amedrentamiento- y les cortaron el servicio para obligarlos a pagar por lo que estaban reclamando. Cuando la conserje salió a tratar de impedir el corte, y alegar que no tenían atraso alguno, que lo que se debía era el último recibo, los funcionarios dijeron que tenían la orden de cortar el agua, so pena de que les cortaran (a ellos) la cabeza… O sea que me pagas o te corto. O bien, me pagas o me pagas, y sin reclamar.
¿ Y de lo que dice el Presidente ? Baaah… Por su parte y mientras tanto, voceros de la oposición ya andan diciendo que estos cobros excesivos se están haciendo para ‘costear la campaña electoral del chavismo’. Y algunos creen esto. Aunque sepamos que -sacando cuentas- con los votos que se pierden con estos absurdos manejos contrarrevolucionarios, el poder se aleja cada vez más. Y eso, como dice la cuña, “no tiene precio”…
También conozco el caso de una humilde señora, que habita en una modestísima casita del centro de San Cristóbal, a la que sus facturas han aumentado, de Bs. 25,oo -que pagaba a fines del 2010- a más de trescientos bolívares (Bs. 300,oo) que le están cobrando actualmente. Si quieren ver los recibos, están a la orden.
Cuando la gente va a reclamar a Hidrosuroeste, le dicen que es que usted debe tener -casi con seguridad- algún “bote” de agua por algún lado, pero en la mayoría de los casos, eso lo “intuyen”, porque como lo sostengo, no cuentan con medidores suficientes que puedan reflejar mayores consumos o desperdicios de agua.
Por razones como ésta, y como las expuestas anteriormente, es que sostengo que estos asesinos de votos deben ser reemplazados con urgencia de cargos como los que tienen, porque están conspirando descaradamente contra la suerte del gobierno revolucionario, contra Chávez, y contra la recuperación de este territorio de manos de la ultraderecha.
Con los abusos cometidos por estos señores, se violan los derechos constitucionales contenidos en los artículos 43 (a la vida), 46 (a la integridad física), 83 (a la Salud), 80 (a la protección al anciano, en los casos -muchos- que corresponda), 156, apartado 29 (la prestación de servicios públicos como obligatoriedad del Estado), el 127 (que nos habla de que toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de un ambiente seguro, sano…), el 82 (que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales…), y el 117 (que nos dice que todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad…).
Entre las omisiones y ausencias del PSUV Táchira, que con su indolencia, negligencia, dejadez, etc., se hace cómplice de estos desafueros, y las decisiones contrarrevolucionarias de estos jefecitos que no entienden de derechos humanos, por los lados del Táchira no le auguro ninguna ganancia a mi Presidente ni a su candidato a gobernador. Lamentablemente, esa es la situación…
manuelrugeles@gmail.com
