En medio de la cuarentena y dentro de un ambiente de extremo control contra el COVID – 19 en las instalaciones del comisariato de FERROMINERA el Gobierno Nacional repartió del día 11 al 15 de mes en curso 9.000 cajas del CLAP a trabajadores jubilados y pensionados de las empresas básicas, briqueteras , refractarias, etc. Este es un esfuerzo titánico que lleva a cabo el gobierno del presidente Maduro, en medio de una pandemia y bajo el acoso criminal del imperio que no da tregua en su guerra fratricida que tiene declarada contra nuestro país. Un día aplica las reiteradas sanciones y bloqueos y, otro día nos envía sus mercenarios cargados de muerte y destrucción.
Valga la oportunidad para denunciar que por un lado el gobierno distribuía GRATUITAMENTE las cajas de alimentos a estos trabajadores y por el otro lado en las inmediaciones de la Plaza del Hierro de Puerto Ordaz, los mismos productos eran vendidos a precios especulativos. Por allí no vi a ningún funcionario de los llamados aplicar el cumplimiento de los precios acordados de los 27 artículos; menos de la presencia de algunos de estos comisionados que impiden que productos alimenticios que sean repartidos GRATUITAMENTE o a precios solidarios lleguen a manos de estos delincuentes de la especulación. Si le siguieran los pasos a estos expoliadores…con muchas sorpresas podrían encontrarse las autoridades…
La ola especulativa al parecer no tiene ni freno, ni parangón con otras similares que se hayan dado en el país. Por un lado tenemos el confinamiento en nuestras casas obligado por el coronavirus y por el otro lado cuando salimos a la calle en busca de los productos básicos de la alimentación, nos encontramos con la panorámica que estos han subido de precios, que en el mejor de los casos solo alcanza para comprar un solo producto. Habría que hacernos varias interrogantes: ¿O estamos ante la presencia de un comerciante que se ha deshumanizado? O esta práctica tiene como objetivo político ocasionar malestar contra el gobierno. Este tiene que dejarse de vainas, de rodeos y embestir el toro por los cachos. Tiene a la mano un artificio jurídico, como lo es el listado oficial de los 27 artículos regulados, que ha sido revisado y requeté revisado y salir a la calle a solicitar su cumplimiento. En Puerto Ordaz los precios están disparatados y para nada se acercan a los precios acordados en los sitios aledaños a Alta Vista; mientras que en la populosa población de Unare, no cumplen estrictamente, pero si están cerca de los precios regulados. O el gobierno sale a la calle con este instrumento jurídico a exigir su cumplimiento o se va a quedar en el tintero como la otrora lista de artículos de precios acordados.
