Narremos sucintamente dos groseros procedimientos leguleyos manipulados por el Colegio de Médicos del Estado Carabobo. Sucedió que hace algún tiempo, un joven médico fue incriminado, con testigos falsos, documentos y actas forjadas, de mala praxis médica; cuando el motivo real fue su desobediencia a una línea política partidista que le impartió un funcionario activista del partido político Proyecto Venezuela. Hace pocos días le tocó a una dama, ésta fue condenada por el motivo real de no aceptar las proposiciones indignas que le hizo un superior jerárquico quien en revancha mueve sus influencias y hace le levanten un expediente; finalmente identificado como el TDFMV Nº 113. A estos dos médicos los privan de sus derechos profesionales por un lapso de dos (2) años, siendo la sentencia del último caso citado publicada, con nombre y apellido de la agraviada, en un diario de la ciudad de Valencia el Domingo 12 de Agosto de 2.007; fue un desagradable aviso publicitario emanado del Colegio de Médicos del Edo. Carabobo.
Observen entonces como el Colegio de Médicos del Estado Carabobo, a través de su Tribunal Disciplinario, actúa como si fuera también un órgano de Justicia manejando a su real saber y entender la Ley del Ejercicio de la Medicina, enjuiciando y dictando condenas a sus miembros, que después remiten al Tribunal Disciplinario de la Federación Medica Venezolana (como si fuera el Tribunal Supremo de Justicia de los médicos) con la seguridad de que allí la sentencia será decretada definitiva y firme. Estos métodos seudo judiciales no son más que unas burdas distorsiones de la verdadera Justicia, son en realidad unas patéticas parodias que necesariamente deberán ser abolidas; en este país no se puede seguir permitiendo que los entes privados asuman responsabilidades que son exclusivas del Estado. La Venezuela actual no puede consentir prosiga el desmembramiento de sus instituciones oficiales, no puede abandonar lo que le es propio y fundamental, no puede dejar que los Colegios Profesionales juzguen a sus afiliados y lo lancen al desprecio público; es un contra sentido que se constituyan los Colegios Profesionales en acusadores y jueces de los valores éticos de sus afiliados. El Estado está en la obligación de proteger la integridad moral de sus ciudadanos, y no soportar que los Colegios Profesionales, con su absurdo proceder, la hostigue.
Aun hoy existen personas que evocan las directivas de las antiguas asociaciones gremiales, ellas integradas por gente de bien y de gran calidad humana, todas estas personas se han dado cuenta como han declinado los actuales Colegios Profesionales y aseguran que sus sedes son cuevas de delincuentes, pero sobre todo se conduelen de que todavía se obligue a los nuevos egresados universitarios a inscribirse en ellos para que puedan tener derecho a trabajar en las especialidades correspondientes; es decir, el profesional universitario que no se inscriba en el Colegio que corresponda queda legalmente impedido de practicar su profesión. Aquellas personas reconocen que los Colegios Profesionales hoy solo utilizan el Código de Ética Profesional respectivo y la Ley específica a cada especialidad como instrumentos para consumar represalias contra los afiliados que no están de acuerdo con las ejecutorias de las directivas de turno.
Aquí se reseñan solo 2 casos de profesionales de la medicina que fueron sometidos al desprecio público por asuntos meramente políticos y/o personales, descartándose que así se refleje en los expedientes respectivos; es seguro que habrán casos similares en otros Colegios. Aparte de la delicada licencia de impartir justicia concedida por los gobiernos de la Cuarta República a los Colegios Profesionales, también ellos constituyen unos monopolios, por cuanto manejan del recurso humano especializado y son ellos los que pueden comprometer a determinado profesional. Además, vea como el Colegio de Abogados fue autorizado para cobrar un impuesto a los usuarios de las Notarías y Registros públicos, y que esa recaudación se deposite en sus particulares arcas gremiales. Con una acción justa de la revolución bolivariana, estos adefesios socio-legales, todavía existentes, tendrán que desaparecer en corto tiempo.
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