Nuestra Ley de Educación superior, por ejemplo, además de datar de la época de María Castañas, todo el mundo la viola de la manera más bárbara e impune, principalmente en las universidades autónomas. La Sección II de la actual Ley de Universidades, artículo 28, reza: “El Rector, los vicerrectores y el Secretario de las Universidades, deben ser venezolanos de elevadas condiciones morales (cuándo lo han sido)”, poseer título de doctor (ninguno de ellos lo ha poseído en los últimos cuarenta años), poseer suficientes credenciales científicos (sic) y profesionales (¿Qué carcamán de estos posee tales prendas?), de haber ejercido con idoneidad funciones docentes y de investigación en alguna universidad venezolana durante cinco años por lo menos (¿Cuándo hemos visto que en alguna universidad venezolana estos señores hayan ejercido tales funciones? Puros politiqueros)”. Parágrafo Único: El respectivo Consejo Universitario, determinará en el reglamento que al efecto dicte, las condiciones que han de exigirse para ocupar los cargos de Rector, Vicerrector y Secretario a los profesores que no hayan obtenido el título de doctor, en razón de que el mismo no sea conferido en la especialidad correspondiente por esa universidad”.
Resulta que en los actuales cuarenta años ninguna de estas autoridades ha tenido el título de doctor, aún cuando en sus respectivas carreras se podía obtener tal título.
Ahora bien, no se quiere modificar la Ley de Educación para seguir manejando las instituciones universitarias como verdaderas mafias. Por ejemplo, en lo relativo a la investigación en la que se gastan miles de millones cada año, no se produce casi nada que realmente valga la pena y que beneficie el país. Eso hay que cambiarlo urgentemente. La universidad venezolana prácticamente casi nada ha aportado al desarrollo del país, a su adecentamiento, a su organización y cultura.
En la ULA, un estudiante puede repetir hasta diez veces una materia. Lo insólito será que al fin y al cabo estos "estudiantes" acabarán graduándose, para luego pasar a engrosar el mundo de esos maltrechos profesionales que asesinan en las salas de operación de nuestros hospitales; de esos arquitectos o ingenieros aberrados que destruyen ríos, hermosas zonas boscosas y áreas de reservas vegetales para montar sus monstruos de concreto; abogados que habrán aprendido de maravilla en nuestras aulas la manera de delinquir, de burlarse de las leyes.
Pero estas cosas son delicadas y están dominadas por la nauseabunda politiquería de nuestros partidos. El RR (Reglamento de Repitientes) no puede ser abolido, pues saldría una camada de incontrolable horda (que no acaban por graduarse y cuyo centro de diversión es nuestra universidad) de “estudiantes” de manitas blancas para hacer temblar la ciudad con sus "protestas" callejeras.
Ante la descarada imposibilidad de que las universidades nacionales se reformen a sí mismas, el Estado venezolano debería solicitar a la ONU la conformación de una organización (como la de los Cascos Azules) para intervenirlas. Que se pueda entrar en ellas a saco para auditarlas, y requisar ese mar de proyectos de investigación, avalados por sus altas autoridades y que han resultado fraudulentos.
¿Qué ocurriría si una comisión internacional conformada por notables científicos interviniera los CDCHT de nuestras universidades, para evaluar la calidad de ciertos proyectos que se tragan presupuestos multimillonarios? Qué de sorpresas nos llevaríamos. ¡Con qué cantidad de piraterías nos encontraríamos!
Para darnos una somera idea de lo que podría ocurrir, basta con que nos ocupemos de revisar algunos trabajos de ascensos que reposan en nuestras bibliotecas.
Con la paradoja de que muchos proyectos que son realmente útiles y respetables, estos mismos CDCHT no los consideran dignos de ser financiados o apoyados académicamente. El Estado y las universidades deben proceder a una severa revisión de estos centros de distribución de inmensos capitales a los que sólo unos pocos privilegiados tienen acceso.
Como una prueba de lo que planteo relataré algunos fraudes que pese a ser denunciados en su momento, en varias ocasiones, de manera pública y a diferentes niveles de la Universidad de Los Andes (ULA); ante el Consejo Universitario y ante el equipo rectoral, los embaucadores jamás recibieron sanción alguna; por el contrario, los implicados en el fraude, como la protagonista de la presente historia, a partir de los desmanes y descréditos que ocasionaron, fueron premiados y favorecidos con cargos cada vez más relevantes; su cotización en el medio académico se disparó de modo incontrolable. Pareciera que en nuestro país para ocupar una alta posición política en el gobierno o en las universidades, se exige previamente haber delinquido.
En cuanto a trabajos de ascenso, he aquí el siguiente testimonio del sabio Santiago López Palacios:
“Hace cerca de diez años una profesora de esta UNIVERSIDAD DE LOS ANDES vino a solicitarme los nombres botánicos e información bibliográfica de la cedoaria, la cúrcuma, el fenogresco y otras 12 ó 14 plantas exóticas con el fin de elaborar un trabajo de ascenso.
Yo le dije que por qué no hacía algo más práctico y más en relación con nuestro medio, y que efectuara su investigación, memoria, ensayo, o lo que fuera con plantas autóctonas, de modo que resultara utilizable por nuestras gentes.
Entonces ella, con amable franqueza, me contestó que no le importaba que su trabajo fuera práctico o no lo fuera, que ya lo tenía planeado así y que lo que le interesaba era su ascenso que estaba retrasado.
Felicitaciones para los que así pueden ascender.”
jsantroz@gmail.com
