La fabulosa operación de inteligencia montada por el gobierno de Estados Unidos contra los “poco amigables” gobiernos de Argentina y Venezuela, comienza a revelar aristas poco difundidas por la gran prensa mundial y sus medios locales acólitos.
La noticia publicada en el diario Clarín de ese país el 24 de diciembre de 2007, da cuenta que la Presidenta “quedó molesta con el hecho de que el subsecretario para Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, Thomas Shannon, varias veces recibido por los Kirchner, no estuviera aquí el lunes 10, pero sí de gira por Brasil y Chile” y además señala que el flamante gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner “ha concentrado su enojo con el gobierno de Estados Unidos en la figura del embajador Earl Anthony Wayne.
Este malestar está basado en el siguiente hecho: “Los funcionarios cuentan que desde hace rato están molestos por la aparición de Wayne en los medios argentinos, con sus múltiples entrevistas con funcionarios de los más diversos rangos, incluyendo a la Presidenta. De ahí se explica la decisión oficial de restringir ahora sus actividades al ámbito de la Cancillería”.[1] Es decir, el Embajador de Estados Unidos solo podrá tener contacto con funcionarios de la Cancillería Argentina y con nadie más. La información periodística de ese “prestigioso” medio argentino no hace mención a las actividades del embajador, a los funcionarios que se entrevistaron con él, ni a los motivos de esos encuentros; sin embargo otros artículos e informes publicados en medios de verdadero prestigio internacional han dado cuenta de tales acontecimientos, echando luz a la principal oscura actividad del representante del gobierno de Bush en tierras pampeanas: la “propiedad intelectual”.
Motivos de la actividad en Argentina:
Dado el fracaso de las políticas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la Región, Estados Unidos comenzó a desplegar una estrategia de lobby creando plataformas para presionar políticamente sobre aquellos organismos del Estado conectados a intereses de empresas norteamericanas. A estos encuentros son invitados funcionarios de organismos clave para la implementación de políticas restrictivas en materia de propiedad intelectual como las desarrolladas en aduanas (Aduana Argentina), organismos de control de impuestos (Administración Fiscal de Ingresos Públicos, AFIP), fiscalías, policías aduaneras, organismos de derechos de autor (Registro Nacional de Derechos de Autor) y propiedad industrial (INPI), asociaciones de gestión colectiva (SADAIC; CAPIF) a participar de encuentros donde el anfitrión (EEUU) presenta e impone a estas instituciones una matriz de opinión y un discurso acorde con la defensa de los intereses de dichas corporaciones en aquellas actividades comerciales susceptibles de ser protegidas por propiedad intelectual. Al mismo tiempo, manipula a los funcionarios creando las condiciones de lobby para la presentación de leyes favorables a estas políticas.
Actividades:
En el artículo publicado el 01 de mayo de 2007, en el portal de información y opinión Aporrea.org bajo el título “Piratería como chantaje político” se ha informado que: “El embajador norteamericano en Buenos Aires acusa a la Argentina por supuestos delitos de piratería. Esta estrategia es empleada por los Estados Unidos como chantaje político, para obligar así a los países del Sur, a modificar las leyes de propiedad intelectual en beneficio de las grandes empresas transnacionales”.[2]
Agrega más adelante:
El embajador de los Estados Unidos en Argentina, Earl Anthony Wayne, ha expresado recientemente que la Argentina “genera y consume piratería” y que los ciudadanos con mayores ingresos son los que más consumen. El evento organizado con motivo de celebrarse el día internacional de la propiedad intelectual (en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires) contó con la asistencia de la Cámara de Comercio Argentina de los Estados Unidos en el país (Amcham), quién presentará en la segunda mitad del presente año al gobierno del presidente Kirchner, un plan para luchar contra la piratería comercial. La iniciativa será una segunda etapa de un programa de acciones de la entidad destinada a crear lobby sobre el gobierno argentino[3].
En el artículo de Rebelión.org, “De criminales y piratas: kit imperial” del 25 de julio de 2007, se afirma: “En consecuencia, la Cámara de Comercio Argentino Norteamericana propondría al Gobierno Argentino un proyecto de reforzamiento de las medidas de control en las fronteras relacionadas con la falsificación de marcas y la elevación de penas para el delito denominado “piratería”[4]. Allí estaban presentes en conferencia de prensa (en la Embajada Norteamericana en Buenos Aires) también el encargado de relaciones externas del laboratorio Merck, el presidente del Citibank, y el presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la Argentina, (entre otros funcionarios), noticia publicada un día después en el diario Infobae digital de ese país”.
La embajada ofició nuevamente de anfitriona en un segundo encuentro, esta vez para consolidar la estrategia de presentación de una ley favorable a los intereses corporativos. En el artículo “Argentina: lobby norteamericano para modificar ley de marcas” (ver: http://www.aporrea.org/tecno/n101270.html) se menciona:
Organizado por el embajador norteamericano en Argentina y con la presencia de representantes de grandes marcas de EE. UU, se realizó en la ciudad de Buenos Aires un encuentro que forma parte de una serie de presiones políticas a las que se ve sometido el Estado argentino con el propósito de modificar la actual ley de marcas N° 22.362 y aumentar así las penas impuestas por supuestos delitos de la mal llamada “piratería”, técnicamente denominada “copias no autorizadas”. El seminario, del que también participaron funcionarios de la Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Estados Unidos, fue organizado por la Cámara de Comercio de EE.UU. en la Argentina (Amcham). El embajador norteamericano, Earl Anthony Wayne, inauguró el encuentro expresando consejos para el país sureño: "Proteger los derechos de propiedad intelectual es una prioridad para ustedes y para mí. Y también es bueno para la Argentina” enfatizó, intrometiéndose en asuntos internos del país miembro del MERCOSUR. Se encontraban presentes, entre otros, varios directivos de empresas transnacionales que forman parte de esta intensa presión para modificar la actual Ley que regula las marcas o signos distintivos: Raúl Gatica, del laboratorio Merck Sharp & Dome, el representante legal de Nike, Santiago Ferrer Reyes., y Orlando Grassetti, director de Servicios al Cliente de Ford.
También se encontraban allí los responsables de los organismos a mencionados. Para completar las acciones y por otro andarivel, “quien presentó el Proyecto de ley en el Congreso Argentino ha sido la Senadora Nacional por la provincia del Chaco perteneciente al opositor partido de la Unión Cívica Radical, Miriam Belén Curletti, y la ley ha tomado estado parlamentario con fecha 22 de Junio de 2007. En el cónclave, no podía faltar la obsesiva relación que pregonan los funcionarios del país del norte entre la “piratería”, la financiación del terrorismo, el lavado de dinero y la Triple Frontera”.
El día internacional de la propiedad intelectual (26 de abril) fue propicio para que el embajador publicara un artículo pregonando las “virtudes” de la “propiedad intelectual” en periódicos argentinos: “Ese mismo día se publicó en Buenos Aires, un artículo en el diario El Cronista titulado “Fomentar la creatividad: la mejor razón para proteger la propiedad intelectual”, firmado por el señor Earl Anthony Wayne. También escribió artículos sobre el mismo tema en Infobae y Clarín.
En los últimos meses, previos a las elecciones a presidente, y mientras se preparaba la denominada “operación basura” las actividades de organismos internacionales y de la embajada no se detuvieron según lo publicado en el artículo “La propiedad intelectual como último bastión de las corporaciones”[5] que describe algunas de las actividades en apoyo al lobby sobre propiedad intelectual en Argentina:
“Varios especialistas neoliberales
han advertido que las políticas emanadas de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y de la OMC se han visto
socavadas por las demoras originadas en las reuniones y asambleas de
diversos tratados internacionales desarrolladas en Ginebra,
produciéndose con el paso del tiempo, una considerable pérdida
de ganancias en los países centrales debido a las trabas
impuestas por el tercer mundo. Esta advertencia comienza a
materializarse en los últimos meses a través de algunos
acontecimientos producidos en países de la Región que
han sido descriptas en varios informes y publicaciones:
Argentina:
Proyectos de modificación de ley de Derechos de autor (aumento de protección en años que pasa de 70 a 80 después de la muerte del autor, defendiéndose así los derechos corporativos de editoriales y discográficas)[6].
Proyecto de modificación de ley de Marcas: aumento de penas y multas por “falsificación” de marcas y “piratería” con el propósito de asociar estas infracciones con delitos de mayor gravedad[7].
Creación de maestría de propiedad intelectual auspiciada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), bajo la doctrina de los países centrales[8].
Llamativa visita del embajador de los Estados Unidos a:
* Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina[9],
* la Aduana[10] y
* el Organismo Federal de Impuestos[11].
Reunión de Directores de oficinas de propiedad industrial y derechos de autor de Latinoamérica y el Caribe en Buenos Aires, bajo el auspicio de OMPI[12].
Reunión de Directores de Propiedad Industrial de Latinoamérica y El Caribe bajo el auspicio de EPO[13].
Seminarios auspiciados por OMPI, Oficina Europea de Patentes (EPO) y Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)[14].
Concurso auspiciado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina[15]”.
También fueron visitados por el
embajador de acuerdo a la información publicitada por la US
Embassy, la Ministra de Defensa, Nilda Garré (13
de noviembre), el Ministro de Educación Daniel Filmus (29 de
noviembre), el Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde
(29 de noviembre), el Rector de la Universidad de Buenos Aires, Rubén
Hallú (19 de noviembre), el titular de la Corte Suprema,
Ricardo Lorenzetti (15 de noviembre), y la Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner (30 de noviembre)[16].
Si
bien el caso del maletín es parte de la arremetida del imperio
en su política hegemónica dirigida a disciplinar al
gobierno de Argentina por su relación con Venezuela, es
también una cortina de humo que oculta uno de los principales
instrumentos con los que los Estados Unidos defienden sus intereses
económicos y condicionan a las débiles estructuras de
los Estados: la propiedad intelectual.
[1] http://www.clarin.com/diario/2007/12/24/elpais/p-00601.htm
[2] http://aporrea.org/tecno/a34009.html
[3] http://aporrea.org/tecno/a34009.html
[4] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=54059
[5] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=60400
[6] http://www.aporrea.org/tecno/n83206.html
[7] http://www.aporrea.org/tecno/n103776.html
[8] http://www.idec.upf.edu/inpi_ok.pdf
[9] http://spanish.argentina.usembassy.gov/rel212.html
[10] http://spanish.argentina.usembassy.gov/rel209.html
[11] http://spanish.argentina.usembassy.gov/rel199.html [12]http://www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/ompi_jpi_bue_06/ompi_jpi_bue_06_inf_1.pdf [13]http://www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/ompi_jpi_bue_06/ompi_jpi_bue_06_inf_1.pdf
[14] http://www.inpi.gov.ar/eventoseptiembre/principal.html
[15] http://www.mercado.com.ar/mercado/vercanal_nota.asp?id=354475
