Tanto las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP, como Ejército de Liberación Nacional, ELN, así como el naciente gobierno de la República de Colombia, han coincidido en sus declaraciones, que hacen falta “Gestos de Paz” para que se pueda considerar la posibilidad de iniciar procesos de acercamiento, diálogo, conversaciones y ulteriormente, negociaciones, entre el Estado y las Fuerzas insurgentes con el fin de dar por terminada el largo y fraticida conflicto social y armado que humilla, martiriza y desangra al noble y alegre pueblo trabajador colombiano y permita pueda desarrollar su economía y darle bienestar a sus ciudadanas y ciudadanos.
Tal reclamo es legítimo y conveniente, en primer lugar, porque es necesario que los actores sociales y políticos que secundan a cada uno de estos factores del conflicto colombiano, necesitan verificar en los hechos, la sinceridad y voluntad de los discursos y declaraciones de sus contradictores para “desanclar” sus posiciones “inamovibles” sobre la guerra, condicionadas por las inconsecuencias y traiciones que a lo largo de los últimos 30 años se han producido en los procesos de negociación y que hacen imposible aceptar la palabra como único instrumento de voluntad política.
Del lado del Estado, es clara la exigencia reiterada a la insurgencia revolucionaria de la liberación de los militares y policías prisioneros de guerra y la derogación del decreto 002 del Secretariado de las FARC, que establece la pena de captura y retención de todo colombiano que, teniendo ingresos superiores a un (1) millón de dólares, se negara a pagar el impuesto de guerra a favor de las FARC.
Desde las organizaciones revolucionarias la exigencia es la realización de un Acuerdo Humanitario que permita la libertad de cerca de quinientos (500) guerrilleros, milicianos y cuadros políticos de las FARC – algunos enfermos y lisiados de guerra - a cambio de la libertad de todos los veinticuatro (24) militares y policías colombianos que se encuentran, desde hace varios años, en su poder.
Hay, sin embargo, un hecho adicional a lo anterior que tendría una extraordinaria significación para abrir la posibilidad de un proceso de acercamiento entre las posiciones del Estado y la insurgencia colombiana en el tema de la paz, el cual está representado por la posibilidad de que el Consejo de Estado, en su condición de máxima instancia jurisdiccional y supremo consultor de los órganos del Estado, pueda invalidar el Acuerdo mediante el cual, el gobierno de Alvaro Uribe le concedió a los Estados Unidos, el uso de siete (7) bases militares y la posibilidad de acceso a otras por diez (10) años, prorrogable, con el declarado propósito de combatir al narcotráfico y a las organizaciones en armas.
Una decisión del Consejo de Estado de declarar “exequible” (conforme a la Constitución) tal acuerdo, haría aún más difícil las negociaciones, por cuanto los Estados Unidos condicionarían la dirección las operaciones de guerra de las Fuerzas Militares e impondrían su autonomía operativa para utilizar intensa y extensivamente el poder de fuego aéreo sobre las unidades móviles de la insurgencia, tal como lo pidió Alvaro Uribe Velez en su despedida ante el alto mando militar, lo que inevitablemente provocará que ésta apele a otros medios y objetivos militares para neutralizar tal superioridad militar y amenaza real a sus fuerzas, incluyendo el uso intensivo y extensivo de su capacidad militar; todo lo cual escalará la guerra en favor de los enemigos de la Paz.
De allí que los magistrados del Consejo de Estado, en conciencia sobre su responsabilidad histórica con Colombia y la paz en Nuestra América, deberían ser los primeros en hacer un “Gesto de Paz”, sacando a la maquinaria de guerra imperial del conflicto interno colombiano, para que sean los representantes del Estado y la insurgencia colombiana, quienes decidan sobre la paz de su pueblo. Entre la guerra y la Paz, necesaria es la Paz.
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