El 7 de junio de 2005, luego de un encuentro con el Primer ministro británico Tony Blair, George W. Bush declaró: «Nuestros países están trabajando sobre una propuesta [proposición] que eliminará 100 % de la deuda de los países más pobres». Cuatro días después, los ministros de Finanzas del G8 anunciaron en Londres la conclusión de un acuerdo calificado como histórico: anularon la deuda que 18 países tienen con el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo (BAD) y con el Fondo Monetario Internacional (FMI), es decir 40 mil millones de dólares. Además en un cierto lapso de tiempo, 20 países más podrán beneficiarse de esta medida, lo que daría el monto total de 55 mil millones de dólares. La cumbre del G8 de Gleneagles, del 6 al 8 de julio próximo, y en septiembre la Asamblea anual del FMI y del Banco Mundial, los que todavía no se pronunciaron, deberían confirmar este anuncio.

Sin embargo, la parte oculta hace que este cuento de hadas adquiera aires de una verdadera tragedia.

En efecto, en más de una ocasión ya se hicieron tales anuncios y siempre terminaron en un estrepitoso fracaso en lo que respecta al desarrollo humano. Es así que según el Banco Mundial y el FMI, la iniciativa Países Pobres Altamente Endeudados (PPAE), lanzada en 1996 y luego reforzada 1999, debería permitir a los 42 implicados hacer frente a « todas sus obligaciones presentes y futuras en materia de servicio de la deuda externa sin necesidad de reescalonamiento o acumulación de atrasos y sin debilitar el crecimiento ».

Para lograrlo la iniciativa preveía la imposición de reformas económicas neoliberales en la misma línea del ajuste estructural impuesto igualmente en los años 80 y que golpeó duramente a las poblaciones del Sur: aumento de costos de gastos escolares, de salud y del impuesto sobre el valor agregado (IVA), lo mismo que la supresión de subvenciones a los productos de base, cuatro medidas que afectan principalmente a los pobres; privatizaciones; liberalización de la economía y la apertura de una competencia desigual entre los productores locales y las transnacionales… Todo esto conduce generalmente a una degradación importante de las condiciones de vida de la mayoría de la población y a una nueva forma de colonialismo. En efecto, las grandes decisiones son tomadas desde entonces en Washington (sede del Banco Mundial y del FMI) y en el Club de París.

Una vez alcanzado el punto de culminación, el pais en cuestión debía constatar la reducción de la deuda lo cual le posibilitaría continuar reembolsándola en forma regular. Los pocos fondos restantes deberían servir para financiar algunos gastos sociales a fin de reducir la pobreza, lo que, sin cuestionar la lógica misma del sobreendeudamiento y de la pobreza galopante, permitiría a su turno recuperar las revindicaciones contestarias. El anuncio del reforzamiento de la iniciativa PPAE hecho en junio de 1999 tuvo la misma connotación de triunfalismo que el de junio 2005: la deuda anulada alcanzaría los 100 mil millones de dólares y la pobreza recularía en forma impresionante. En una palabra: un hecho histórico.

Hoy el balance es desastroso: menos de la mitad de los PPAE lograron llegar al fin del programa que debía cerrarse a fines del 2004 y que tuvo que ser prolongado para evitar el fiasco. Los bellos anuncios se evaporaron como el agua: no solo nadie vio rastros de los 100 mil millones de dólares sino que entre 1999 y 2003 la deuda externa pública de los 18 países involucrados en el anuncio de Londres, y que corresponde exactamente a los que alcanzaron el punto de culminación bajo la iniciativa PPAE, pasó de 68 a 73 mil millones de dólares. [1] Y, como se puede ver, 40 mil millones de dólares de 73 no equivalen a 100 %... Visto esto, ¿no será necesario exigir otra solución que la repetición de una impostura manifiesta ? Lejos de solucionar el problema de la deuda, el anuncio de Londres es la prueba del fracaso de la anterior iniciativa PPAE: si no fuese así, no cabría una nueva reducción de la deuda de los 18 países.

De hecho, bajo la presión de la opinión pública y de organizaciones de solidaridad internacional, los dirigentes del G8 una vez más fingen hacer una concesión. Pero hay que señalar que la iniciativa PPAE, presentada como un gran avance, no posibilitó eliminar la deuda de los países más pobres. Más grave aún, debido a las condicionalidades a las que estaba ligada, ella reforzó la dependencia del exterior, aumentó las desigualdades y degradó en forma grave la calidad de los servicios públicos.

La reacción de los ricos de este mundo ante el tsunami de diciembre 2004 es otro ejemplo de falsa generosidad: la decisión de una moratoria sobre la deuda de Indonesia y de Sri Lanka fue presentada como el reconocimiento de la « la dimensión excepcional y los efectos devastadores de esta catástrofe ». Pero dicha moratoria estuvo finalmente acompañada de penalidades de atraso y los dos países deberán reembolsar más de lo que hubieran hecho si el tsunami no se hubiese producido. Como dice el adagio popular, el camino del infierno está lleno de buenas intenciones.

El hecho de anular una parte de la deuda de 18 países (que representan solo el 5 % de la población de los 165 países en vía de desarrollo) no es ningún modo un regalo: es la contrapartida de una camisola neoliberal que ya les fue impuesto hace muchos años. Estos 18 países, con la complicidad de sus dirigentes, se encuentran así bajo el control de los acreedores: la presión que ejerce la tenaza de la deuda, instrumento de esta dominación, puede entonces ser levemente aligerada.

Pero en realidad, la sumas liberadas por dicha medida son irrisorias y sin par con las necesidades reales. Las primeras proyecciones indican que los 18 países van a economizar anualmente alrededor de 1 mil millones de dólares, lo que podría ser deducido de la ayuda que van a recibir si no cumpliesen con los criterios impuestos por los países ricos que harán el reembolso en su lugar, pero que en la práctica exigen la docilidad. En realidad, es mucho más que este hipotético mil millones de dólares el que hace falta: el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó en 80 mil millones por año el monto necesario para garantizar un acceso universal al agua potable, a una alimentación decente, a una educación primaria y a los cuidados básicos de salud. Reunir esta suma es una cuestión de voluntad política: cada año los países del G8 consagran en gastos militares 700 mil millones de dólares y en subvenciones a la agricultura 350 mil millones, lo que penaliza en forma dramática a los productores del Tercer Mundo. [2] Apenas dos meses antes de la cumbre de la ONU dedicada al atraso en la realización de los objetivos de desarrollo del milenio, el G8, instancia ilegítima, concede una anulación con una dosis homeopática asociada a la continuación del tratamiento de shock liberal.

Así, la implacable mecánica que crea la deuda y la pobreza continua igual. El G8 la oculta recurriendo a mentiras superlativas para distraer la atención. Nosotros reclamamos el cambio radical de esta lógica: la anulación total e incondicional de la deuda de los países en vía de desarrollo y un financiamiento al desarrollo conforme a las necesidades sociales que corresponda a una redistribución generalizada de la riqueza en todo el planeta.

* Damien Millet es presidente del Comité para la anulación de la deuda del Tercer Mundo (CADTM) Francia, autor de L’Afrique sans dette (CADTM/Syllepse, 2005). Eric Toussaint es presidente del CADTM Bélgica, autor de La Bolsa o la Vida. Las finanzas contra los pueblos (CLACSO, Buenos Aires, 2004). De ambos autores: 50 Preguntas / 50 Respuestas sobre la deuda, el FMI y el Banco Mundial (Editorial Icaria / Intermon Oxfam, Barcelona, 2004; Editorial Aby Yala, Quito, 2005; Editorial del Oriente, Santiago de Cuba, 2005).

Notas:

[1] Cálculo de los autores recogido según el dado por el Banco Mundial, Global Development Finance 2005.

[2] Según el Banco Mundial sólo para el año 2004, la totalidad de los países en vias de desarrollo reembolsó la suma astronómica de 374 millardos de dólares.