El retiro de algunos partidos políticos de participar en la elección de la Asamblea Nacional que se realiza este domingo 4 de diciembre en Venezuela, ampliamente "publicitado" por la mayoría de los medios comerciales de difusión masiva del país y profusamente difundido por las monopolizadas agencias internacionales, requiere ofrecer a los lectores, especialmente de otras latitudes, algunos antecedentes que les permitan formarse una idea más cercana a la realidad venezolana actual.

El gobierno del Presidente Hugo Chávez

Desde el mismo momento en que el Presidente Chávez asumió el cargo, el 2 de febrero de 1999, rompió con los esquemas tradicionales sorprendiendo a sus partidarios y adversarios al decretar la celebración de un referendo para que fuera el propio electorado el que aprobara o negara la convocatoria a la realización de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), principal ofrecimiento de su campaña electoral. Los adversarios al Presidente señalaron que dicho referendo no era posible ya que no estaba contemplado en la legislación vigente. El camino se allanó al acoger la extinta Corte Suprema de Justicia como justa la interpretación de que: la soberanía reside en el pueblo. Los resultados fueron favorables a la propuesta presidencial, se convocó a una elección para elegir la ANC y fue este cuerpo el que redactó la nueva constitución, aprobada también en consulta electoral en diciembre de 1999.

Echar las bases del proyecto de país establecido en la nueva Constitución Nacional, con aciertos y errores, avances y retrocesos ha sido la tarea del proceso bolivariano de cambios que se lleva a cabo en Venezuela. La herencia de un 80% de pobreza ha obligado a las autoridades a tomar decisiones de emergencia, en ese sentido se inscriben, por ejemplo, la implementación de las Misiones: Barrio Adentro (Salud), Robinson (Alfabetización), Mercal (Alimentación) y varias otras con labores específicas.

La resistencia al cambio de la ¿oposición? venezolana

En honor a la verdad, los gobiernos de la era petrolera venezolana, es decir, de todo el siglo XX, dirigieron la administración pública siguiendo al pie de la letra las instrucciones de Washington, imponiendo medidas políticas que defendían los intereses de las trasnacionales e implementando sólo las acciones que a su parecer concretaban dichas instrucciones.

También es menester aclarar que en Venezuela hoy día, lo que comúnmente se entiende por "oposición": el sector que se opone a las políticas de un gobierno, presenta un programa alternativo al mismo y respeta y acata las reglas del juego democrático, lo constituye un muy reducido grupo de personas y organizaciones. Los sectores que forman parte de la vieja política que gobernó al país durante los últimos 40 años, encarnada por Acción Democrática (socialdemócratas), COPEI (socialcristianos), conocidos como los partidos del Pacto de Punto Fijo y sus derivados, Primero Justicia, Proyecto Venezuela, son los que férreamente se resisten al cambio.

AD, COPEI y sus derivados, hasta 1998 manejaron el gobierno, detentando el poder de disponer de la renta petrolera a través de los contratos con el Estado, favoreciendo los intereses de las grandes empresas trasnacionales, especialmente estadounidenses, teniendo como privilegio recibir en pago por sus servicios las migajas que sus amos de Washington les otorgaban. Son estos "sectores opositores" los que dieron el golpe de Estado de Abril del 2002, los que organizaron el sabotaje petrolero y paro patronal de diciembre de 2002 y enero de 2003 y, hoy se prestan a dar un "golpe electoral".

El plan "made in USA"

La cadena de fracasos cometidos por estos "sectores opositores" en estos últimos años, aún contando con el generoso financiamiento otorgado por Washington y teniendo a su disposición la mayoría de los medios comerciales de difusión masiva, ha llevado a sus asesores y financistas a "imponerles" un plan de acción diseñado por los "tanques de pensamiento" que trabajan para las grandes corporaciones trasnacionales y "el papel a desempeñar" por cada uno de los grupos que conforman el sector opositor.

Preparación de la opinión pública mundial a las renuncias de los partidos

Las etapas del plan desestabilizador de guerra sucia hacia Venezuela han sido implementas paso a paso. Conveniente es recordar las constantes denuncias realizadas por el Presidente Chávez acerca de los ataques a nivel político y comunicacional contra Venezuela, generados en Estados Unidos, orientados a lograr el aislamiento del país en el ámbito internacional.. El 21 de febrero de este año, el ministro de Comunicación e Información, de aquel entonces, Andrés Izarra, precisó que se estaban imponiendo tres matrices de opinión adversas a la gestión del actual gobierno: Chávez es cómplice de terrorismo; es una amenaza al hemisferio y es un autócrata en potencia.

En ese sentido se inscriben las constantes declaraciones de los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos manifestando "preocupación" por las condiciones de la democracia en Venezuela, y las constantes críticas y acusaciones formuladas por los dirigentes de los "sectores opositores" del país señalando la subordinación de los diferentes poderes del Estado venezolano al Presidente Chávez. Las acusaciones de esta subordinación son especialmente contra el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia.

Primer paso: llamado a la abstención

La tarea de llamar a la abstención, señalando entre otras excusas una "supuesta" falta de credibilidad y confianza en el árbitro electoral, tarea visiblemente auspiciada por la mayoría de las empresas mediáticas, le correspondió al grupo más recalcitrante, fascista y golpista. Ese grupo está integrado esencialmente por dueños de medios privados de difusión y algunas "figuras" consagradas por esos medios como "expertos analistas".

Las renuncias por "goteo"

Durante los meses que han precedido al acto electoral de este 4 de diciembre, los partidos tradicionales y sus derivados formularon duras críticas al Consejo Nacional Electoral (CNE), exigiendo con la finalidad -según expresaron- de garantizar la transparencia del proceso eleccionario: la presencia de observadores internacionales de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA). Una vez que los representantes de estos organismos se encontraban en el país, de las peticiones formuladas el CNE accedió a no utilizar los cuadernos electrónicos y auditar el 45% de las papeletas.

En el comunicado de la OEA de fecha 28 de noviembre se señala que en el marco de la reunión del pasado domingo 27, "la Misión recibió de los dirigentes de los partidos políticos que conforman la alianza Unidad la solicitud de transmitir al Consejo Nacional Electoral (CNE) la petición de no utilizar las máquinas captahuellas, para asegurar el secreto de voto y la plena participación de dichos partidos en las elecciones del 4 de diciembre. En la reunión participaron Henry Ramos (AD), César Pérez Vivas (COPEI), Julio Borges, Gerardo Blyde y Juan Carlos Caldera (Primero Justicia), Leopoldo Puchi (MAS), Adalberto Pérez, Enrique Márquez y Ana Ferrer (UNTC), y Enrique Mendoza." (*)

El comunicado agrega (…) "la mencionada petición fue transmitida a las autoridades del CNE. En el día de hoy la Misión estuvo presente en la reunión en la que el CNE accedió a dicha solicitud y los partidos políticos de la Unidad se comprometieron a participar en la contienda electoral y a instar a la ciudadanía a salir a votar el 4 de diciembre, afirmando que "el secreto del voto en este proceso no va ser vulnerado". Además expresaron que de no ocurrir un hecho excepcional sobreviniente, las garantías ofrecidas hasta el presente permiten convocar a la participación de la ciudadanía en los comicios del domingo, sin realizar nuevas peticiones. La Misión ve con satisfacción que los esfuerzos de los partidos de la Unidad y del CNE produjeron importantes avances para generar confianza en el proceso electoral." (*) (1). Hasta el momento en el cual se produce este comunicado, no hubo ninguna manifestación contraria a participar en el proceso electoral.

Extraño retiro opositor

Sorpresivamente, desconociendo el acuerdo suscrito el 28 de noviembre, el día 29, Acción Democrática y COPEI anunciaron su retiro de las elecciones. Después lo hizo Proyecto Venezuela. Posteriormente de haber asegurar públicamente su participación a través de sus representantes, el Partido Primero Justicia anunció su retiro y también la precandidatura presidencial de Julio Borges. La "justificación" dada fue que el árbitro electoral no es confiable, que debía renunciar y las elecciones ser pospuestas. Lo que no se sabe es a quién consultaron. La violación al acuerdo es una prueba del absoluto desprecio de estos dirigentes políticos a los representantes de los organismos internacionales que sirvieron de mediadores, con esta acción emulan con el irrespeto que comete Estados Unidos hacia las resoluciones de la ONU.

Las "informaciones" que difunden las agencias internacionales no aclaran que de acuerdo a la Ley Electoral venezolana vigente, para ocupar uno de las 184 curules; de ellas 167 a la AN, 12 al Parlamento Latinoamericano y 5 al Parlamento Andino, las postulaciones son nominales y que para esta elección se postularon 5.516 candidatos. Por lo tanto para que la renuncia sea efectiva debe realizarla cada candidato, y hasta hoy sábado 3 de diciembre han realizado formalmente su dimisión ante el ente electoral aproximadamente alrededor de 400 candidatos. Este número equivale al 7% de los postulados. Esto evidencia que si bien es cierto los partidos tradicionales y sus derivados de alcance nacional hicieron una renuncia pública, ésta en el fondo es meramente mediática, porque sólo algunos de sus candidatos han renunciado.

En la "mira" la elección de diciembre del 2006

Al unir las piezas del rompecabezas se tiene que tanto las constantes declaraciones de los funcionarios de la Casa Blanca como las de esos dirigentes venezolanos, así como la "publicitada" renuncia de los partidos políticos de "oposición" realizada estos últimos días tienen un propósito bien preciso, presentar ante los ojos de la opinión pública internacional, obviando que participan grupos regionales e independientes la idea de que los diputados elegidos a la Asamblea Nacional este 4 de diciembre pertenecen sólo a los partidos que apoyan al gobierno del Presidente Chávez, siendo por lo tanto "ilegítima".

Dicha acusación de ilegitimidad persigue el objetivo de mostrarla como inhabilitada para designar al Fiscal General, el Contralor y el Defensor del Pueblo, funcionarios que cumplen su periodo de ejercicio el próximo año 2006. A ello hay que sumar que los grupos opositores están exigiendo la renuncia de los rectores del máximo ente comicial. Si esa renuncia se produjera, la Asamblea Nacional está obligada por la legislación vigente a designar los nuevos miembros del Poder Electoral, la cual sería objetada por hecha por una Asamblea ilegitima.

Ante ese posible panorama, preparado por Washington, cobran sentido las declaraciones de algunos dirigentes de los partidos políticos que renunciaron a participar en las elecciones del cuerpo legislativo de este 4 de diciembre, cuando señalan la necesidad de buscar mecanismos políticos de consenso que permitan superar la "supuesta crisis" que hoy enfrenta el país.

"Dar a Venezuela un gobierno democrático"

Atrás quedaron los tiempos de los golpes militares para derribar a los gobiernos que no se sometían a los dictados de Washington, hoy es otro el método. Se fomenta la desestabilización creando o aprovechando las protestas populares con disturbios lo más violentos posibles, muy bien publicitados, para mostrar que el país carece de gobernabilidad, se realizan cambios institucionales, reemplazando un gobernante por otro cuidando que la estructura quede intacta, es decir, son golpes institucionales. Ilustrativos de esta nueva técnica son los casos de Bolivia y Ecuador.

Para la Casa Blanca qué importa una mentira más, como lo prueba la invasión y el calvario que vive el pueblo de Iraq. Dentro de los planes para salir de Chávez, se encuentra, probablemente, la acusación de ilegitimidad de la Asamblea Nacional, la creación de focos de protestas, difundidas reiteradamente, para señalar que Venezuela padece de ingobernabilidad y por lo tanto es necesario aplicar la Carta Democrática Interamericana, interviniendo para resolver la situación.

¿Olvido?

Sin embargo, dentro de los detallados planes aplicados para cambiar gobiernos, hay un elemento que no contemplan las grandes trasnacionales y el gobierno de Estados Unidos que las representa: se trata del pueblo de cada país. Y son precisamente esos pueblos los que hoy han despertado y están en pie de lucha, la cual hoy tiene una característica que no tuvieron las movilizaciones populares del pasado, la unidad: el avanzar juntos y al mismo tiempo en aras de un objetivo común. Prueba de ello son los encuentros de trabajadores del continente del área eléctrica, los de las empresas recuperadas y cooperativistas realizados en Venezuela.

Si los funcionarios de Washington creen que saliendo de Chávez la movilización en el continente se va a detener, están equivocados. Los pueblos han aprendido con sudor, con lágrimas, con sangre, la lección de que las oligarquías no gobiernan a su favor, porque tienen otros amos e intereses. La pobreza y el hambre que padecen día a día son el recordatorio de que sólo la cooperación, la solidaridad y la unidad, les permitirá evitar que se sigan incrementando.

Esa lección la aprendió el pueblo venezolano por eso las amenazas ya no lo amedrentan, como lo demostró el 13 de abril del 2002. Más aún, hoy participa de manera conciente porque aprendió que lo que está en juego es la soberanía, la cual le permite construir la democracia que necesita. Asimismo sabe que no está sólo, que tiene la solidaridad de sus hermanos del continente. Por todo ello este 4 de diciembre los partidarios del gobierno y la verdadera asistirán a las urnas, para defender esa soberanía y la esperanza de un futuro más promisorio.

(*) Los subrayados son nuestros
(1) http://www.oas.org/main/main.asp?sLang=S&sLink=/OASpage/esp/ultimasnoticias/ultimasnoticias.asp