Parte I: Medidas coercitivas unilaterales: A confesión de parte

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Continuemos examinando el Informe suscrito por la oficina del gobierno estadounidense "United States Government Accountability Office (GAO)" sobre los efectos destructivos para nuestra población de las Medidas Coercitivas Unilaterales adoptadas por su administración. Para destruir un país, aniquilar su industria fundamental. Y al respecto, confiesa el Informe que "Las sanciones de Estados Unidos aparentemente contribuyeron a la declinación de la economía venezolana, fundamentalmente por limitar todavía más su ingreso por las exportaciones de crudo. La producción venezolana de crudo antes del anuncio de las sanciones a PDVSA en enero de 2019 era de 1.2 millones de barriles diarios, y había declinado aproximadamente 47 % de los niveles de producción de crudo del 2010. Desde enero de 2019, sin embargo, la producción ha caído todavía más, y en septiembre de 2020 permaneció en 324.000 diarios, un decremento de 59% comparado con el promedio de la producción para 2019. Debido a las sanciones de Estados Unidos, pocos compradores están dispuestos a comprar crudo venezolano, y aquellos que lo hacen exigen un pesado descuento. Adicionalmente, Venezuela tiene que transportar su petróleo a países más distantes que Estados Unidos, lo cual incrementa los costos de transporte. Como resultado de ello, el gobierno de Maduro está recibiendo menos dinero de sus ventas de petróleo, pues vende menos crudo a un mayor costo y a menor precio". Doble extorsión: amenazar no sólo a quien produce petróleo, sino a quien lo compre.

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Privar a un país de sus medios fundamentales de vida es hazaña que debe ser pormenorizada. Y así, detalla el informe de la GAO que: "La participación de Venezuela en la producción de crudo de la Organización de Países Exportadores de petróleo ha disminuido de 10,1% en el 2000 a 2,1% en 2020. Como se muestra en la figura 6, la producción de crudo venezolana de 2011 a 2015 se mantuvo consistentemente en 2,5 millones de barriles por día. Hacia septiembre de 2020, la producción de crudo había declinado a 340.000 barriles diarios, una disminución de 86% desde el nivel de 2015". A tal efecto, no está de más el latrocinio: el robo de 32 toneladas de oro de reservas internacionales depositadas en el Bank of England; el de incontables bienes como la red venezolana de refinerías y expendios CITGO, situadas en territorio de Estados Unidos.

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Privar a un país del uso de sus medios de producción es devastarlo. Ante todo, en el campo hacendístico. Según la GAO: "En 2010, la tasa de inflación era de 28.2%; hacia 2017, había alcanzado el 438%. En 2018, Venezuela experimentó la hiperinflación, que culminó en 65.374 %. Hacia 2020, la tasa de inflación disminuyó, pero siguió extremadamente alta, a 6.500%". Son cifras estimadas por el Fondo Monetario Internacional a partir de datos del Banco Central de Venezuela y por "varios analistas de la Asamblea Nacional de Venezuela", a quienes se supone imparciales pues no reconocen al gobierno legítimo.

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La obstrucción de ingresos aumenta la necesidad de recurrir al crédito público, y la dificultad de obtenerlo. Y así, informa la GAO: "El gobierno de Maduro tiene acuerdos de pago a largo plazo con gobiernos como los de China y Rusia, según los expertos. Pero mientras que el gobierno venezolano ha cancelado algunas de sus deudas, todavía conserva una de monto sustancial, con menos petróleo disponible para vender. Según el Fondo Monetario Internacional, Venezuela en 2019 tenía una deuda pública general de 233% de su PIB, comparada con el 11% de 2015". Este porcentaje ha crecido tanto en relación con el PIB, porque este último, como vimos, se ha reducido a magnitudes negativas. De la moderación crediticia ejemplar, a la Deuda Impagable.

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La agresión externa concluye así desmantelando servicios públicos y políticas sociales. Añadamos otras confesiones de la GAO: "Consumo subsidiado de petróleo doméstico: El consumo doméstico oscila entre 400.000 y 500.000 barriles de petróleo diarios, los cuales son considerablemente subsidiados. El monto del combustible utilizado para el uso doméstico y el pago de la deuda deja a Venezuela con un pequeño residuo de crudo disponible para obtener provecho de su venta". "Según expertos que entrevistamos, los apagones han incrementado frecuencia y duración desde que Estados Unidos comenzó a imponerle sanciones a Venezuela". Gracias, Estados Unidos, por favor concedido.

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Podríamos continuar citando efectos atroces que el mismo gobierno de Estados Unidos atribuye a sus medidas coercitivas unilaterales contra la población. Mejor examinemos la lógica tortuosa en virtud de la cual se intenta inmolar todo un país. Estados Unidos sostiene que "Maduro se declaró victorioso en una elección Presidencial que la Asamblea Nacional Venezolana, así como muchos observadores externos, consideraron como no libre y fraudulenta". La agresión contra el pueblo venezolano buscaría forzarlo a lograr lo que Estados Unidos no pudo apoyando invasiones de mercenarios e intentos de magnicidio: deponer al Presidente. Suponer que un pueblo desarmado pueda lograr tal objetivo es admitir que vive bajo un gobierno democrático; al cual, por tanto, no habría que derrocar. Por otra parte, buscan supuestamente las medidas coercitivas deponer a un gobierno que estaría afectando al capital interno y manteniendo relaciones con países competidores de Estados Unidos. ¿No se le ocurre a la gran potencia que justamente sus medidas restrictivas están destruyendo al capitalismo nacional, y empujando irremisiblemente al gobierno venezolano a ampliar, fortalecer y robustecer las relaciones con esos competidores? Al igual que el retrato de Dorian Gray, esta lista de atrocidades no estaría completa sin el rasgo hipócrita de compasión hacia el pueblo que inmola. El Informe GAO concluye señalando que "El Tesoro provee licencias para autorizar transacciones relacionadas con materias humanitarias, pero los bancos pueden tratar de minimizar sus riesgos limitando las transacciones que involucren entidades venezolanas". Por lo cual "los empleados del Tesoro señalan que las organizaciones humanitarias con gran frecuencia citan retrasos en la transferencia de fondos operativos hacia Venezuela como un inconveniente asociado con las sanciones estadounidenses". Pero los bancos retienen los fondos de sus legítimos propietarios venezolanos justamente por las amenazas de medidas coercitivas que les asesta el gobierno estadounidense. Tales retrasos han causado la muerte de niños venezolanos hospitalizados en el exterior. La culpa entonces no sería de quien destruye un país, sino de los bancos que temen al aniquilador. Como para absolver a ambos cómplices. Es la lógica del Imperio que tras detonar dos artefactos termonucleares sobre centros poblados sin instalaciones militares, arrojó una caja de curitas para demostrar su bondad. A confesión de parte, relevo de pruebas.