A lo largo de 20 años, Venezuela ha sufrido constantes acciones de desestabilización, agresiones armadas, intentos de magnicidios y fuertes bloqueos económicos, financieros y comerciales lanzados por diferentes administraciones estadounidenses con el fin de destruir a la Revolución Bolivariana.

Como potencia imperial, Washington ha presionado a sus aliados en el mundo para que le acompañen en esas prácticas desestabilizadoras contra Venezuela. Uno de los que siguen fielmente las directrices emanadas en el Norte, es Gran Bretaña, que con sus antecedentes coloniales le ha sido factible retener arbitrariamente las 31 toneladas de oro que el gobierno de Caracas tiene guardadas en las bóvedas del Banco de Inglaterra.

Recientemente el legítimo presidente Nicolás Maduro denunció que se están robando el oro (más de 2 000 millones de dólares) que pertenece al pueblo venezolano y lo calificó como "piratería del siglo XXI".

Recordemos que solo en los últimos seis años, cerca de 150 extorsiones le fueron impuestas a Venezuela por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y algunas naciones latinoamericanas.

En ese tiempo, el Producto Interno Bruto del país se redujo un 60 % y los ingresos de divisas cayeron un 99 %, principalmente proveniente de las ventas petroleras.

Siguiendo las órdenes de Washington de reconocer al opositor Juan Guaido como "presidente interino" de Venezuela, el Banco de Inglaterra y el gobierno de esa nación se negaron a entregarle el oro a Caracas para que pudiera comprar vacunas y alimentos y así aminorar los problemas que padece la nación debido a la pandemia de coronavirus y al bloqueo estadounidense.

La política hostil contra Venezuela de la anterior administración de Donald Trump la ha continuado Joe Biden quien el pasado cinco de julio, día de la independencia de la nación sudamericana, le envió una carta a Guaidó, llamándolo "señor presidente".

Pero diversas posiciones a nivel mundial han ido cambiando tras mantenerse incólume la unión del pueblo con el gobierno bolivariano pese a todas las acciones desestabilizadoras.

La primera luz fue la participación por una parte de la derecha no extremista en las elecciones legislativas de 2019 donde el gobierno logró mayoría en la Nueva Asamblea Nacional (sin Guaidó) y la oposición alcanzó representación.

A finales de junio en una declaración conjunta, Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá propusieron "revisar las sanciones" si se producían "avances en una negociación global que permita elecciones libres" y señalaron que han visto "progresos en la reconstrucción de las instituciones democráticas" del país.

Al no poder derrocar a la Revolución Bolivariana por la fuerza, la ultraderecha encabezada por Guaidó y Henry Ramos Allup, se vio obligada a integrarse a la mesa de diálogo, con sede en México, entre el gobierno de Venezuela y la oposición, y también decidió participar en los comicios para gobernadores y alcaldes municipales, a celebrarse en noviembre próximo.

Para el logro de un acuerdo de paz, el gobierno venezolano planteó cuatro puntos: levantar las sanciones contra la economía y la sociedad; el reconocimiento de todas las autoridades legítimas y constitucionales; el retorno de todos los recursos y activos del país confiscados en el exterior, y que la oposición extremista renuncie a la violencia y a la conspiración.

Ante el fracaso de las extorsiones y agresiones contra la República Bolivariana, la perdida de apoyo y un mayor desprestigio de Guaidó en varios países occidentales, a Gran Bretaña no le quedará otro remedio que devolver el oro a su legítimo dueño: el pueblo y gobierno venezolano.

Ha sido una práctica habitual que muchos países (unos 30) guarden para mayor seguridad, parte de sus reservas internacionales de oro en el Banco de Inglaterra. Gran Bretaña no reconoció en 2019 al nuevo gobierno de Maduro y le dio el apoyo al auto juramentado "presidente virtual" Juan Guaidó.

Si Gran Bretaña no devuelve el preciado metal a sus legítimos dueños se estaría creando una oscura mancha sobre la seguridad del Banco de Inglaterra para resguardar esas riquezas lo que podría dar lugar a que muchos países desestimaran hacerlo.

Las leyes internacionales se derrumbarían si los Bancos reconocieran cómo dueños de la riqueza de un país guardadas en esas instituciones a cualquiera que se autoproclamara "presidente".

Acciones coloniales como las del gobierno inglés no pueden tener cabida en este mundo. El oro debe ser entregado, irremediablemente, a la Venezuela del legítimo presidente Nicolás Maduro.