Todos conocemos algo sobre la historia sucia de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA). Es de conocimiento público que la CIA estuvo detrás de golpes de estado, asasinatos políticos, planes de subversión y espionaje, pero lo que menos se conoce sobre ese trabajo clandestino es como hoy siguen ejecutando esas mismas estrategias bajo una fachada “legítima”. Actualmente, varias instituciones y entidades quasi-privadas son utilizadas para dar una nueva cara al trabajo de subversión de la CIA. Una de esas “caras” es el Instituto Democrático Nacional para Asuntos Internacionales (NDI) de Estados Unidos. Esta entidad canaliza los fondos otorgados a través de diferentes agencias del gobierno estadounidense a movimientos, partidos políticos y otros grupos en el exterior que promueven los intereses de Washington. Tan efectivo ha sido esta manera de filtrar y cubrir el trabajo de inteligencia y subversión de Estados Unidos, que estas instituciones, como el NDI, se pasan por ser Organizaciones No-Gubermentales (ONG) respetadas en la comunidad internacional. El NDI, por ejemplo, actualmente se esta postulando para formar parte del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), que es uno de los órganos más importantes y prestigiosos de los defensores de los derechos humanos en la comunidad mundial. Permitir al NDI formar parte de la ECOSOC significaría una gran pérdida para las ONG y los defensores de los derechos de los pueblos, y despreciaría ese cuerpo multilateral, convirtiéndolo en otro instrumento de la potencia estadounidense.
El NDI, tanto como otras instituciones establecidas por el gobierno estadounidense para promover su agendia imperial, forma parte de la historia sucia de la CIA. El pasado 26 de junio del 2007, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) desclasificó 702 páginas de documentos de un archivo secreto denominado, “las joyas de la familia”. Los documentos, los cuales llevaban las clasificaciones internas de “secreto”, “top-secret”, “secret ‘eyes-only’” y “secreto/sensible”, se hicieron públicos debido al “contrato social” que mantiene la CIA con el pueblo estadounidense, según el actual director General Michael Hayden. También, declaró Hayden, este grupo de documentos, que revelan las actividades clandestinas y muchas veces ilegales o quasi-ilegales, que conducía la CIA durante los años 1960-1975, demuestra “otra época y otra Agencia”, distinta a la de hoy.1 Sin embargo, la realidad indica que la “Agencia” es la misma, y que simplemente ha encontrado nuevas maneras de ejecutar su trabajo intervencionista, ahora con una fachada légitima y más dificil de criticar. Desde que se conoció una pequeña parte del trabajo sucio que realizaba la CIA durante los años 1948 a 1975, debido a varias fugas de información interna, el Congreso de Estados Unidos concluyó, trás una investigación profunda liderada por el Senador Frank Church, que no iban a continuar permitiendo y financiando acciones “quasi-ilegales” en nombre de “la libertad.” Establecieron comités en el Senado y la Cámara de Representantes para supervisar las actividades de inteligencia, y recortaron el financiamiento a esos cuerpos de seguridad. Pero no tardó mucho para establecer otros mecanismos y frentes para continuar promoviendo las mismas estratégias reveladas en las “joyas de la familia”.2
Dentro de esas “joyas” se encuentran varios informes sobre los planes detallados de asesinar al Presidente Fidel Castro de Cuba, haciendo uso, por ejemplo, de una pastilla envenenada que intentaran meter en la comida o bebida del jefe de estado cubano a través de un agente reclutado por la CIA. También se encuentran múltiples confesiones sobre el espionaje que realizaba la Agencia en contra de “disidentes” y “radicales” estadounidenses, sin órden judicial. No tan distinto está ese programa ilegal ejecutado hace tres décadas por la “otra Agencia” con el monitoreo invasivo ordenado por el Presidente George W. Bush de las lineas telefónicas de millones de estadounidenses através de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y con la complicidad de las empresas de telecomunicaciones, como Verizon y AT&T.
Las “joyas de la familia” también incluyen documentos que confirman que la CIA estaba detrás de los complots de asesinar al entonces jefe de estado de la República del Congo, Patrice Lumumba, y el Presidente socialista de Panamá, Omar Torrijos. En un memoranda de una conversación realizada en la Casa Blanca el 4 de enero del 1975, entre el Presidente Gerald Ford, el Secretario de Estado Henry Kissinger y el Sub-Asistente de Asuntos de Seguridad Nacional, General Brent Scowcroft, Kissinger afirmó que Robert Kennedy personalmente manejó la operación para asesinar a Fidel Castro. Además, mencionó Kissinger que “la cosa chilena” (haciendo referencia al golpe de estado contra Salvador Allende), “no estaba dentro de ningún informe”, y alertó al Presidente Ford que “estos cuentos son solo el comienzo de la ola…”
Y no fue sino hasta finales de la década de los años setenta, que la sombra de esa ‘ola’ desapareció. Fue entonces cuando una coalición de líderes sindicales, empresariales, políticos y académicos crearon la Fundación Política de Estados Unidos (American Political Foundation “APF”), con la finalidad de buscar nuevos métodos para lograr los objectivos de la política exterior de Washington a pesar de las restricciones del Congreso. La APF, financiado por el propio Congreso y compuesta por un comité asesor ultraconservador que incluía representantes del Centro de Estudios Estratégicos y Internacionales, el Instituto Empresarial de Estados Unidos, el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) y la Agencia de Información de Estados Unidos (USIA), la oficina de propaganda de Washington, propuso la creación de una institución financiada por el Congreso para ofrecer apoyo financiero y político a grupos y organizaciones que defendían los intereses de Estados Unidos en el exterior. La institución centraría su atención en la “promoción de la democracia” en países estratégicamente importantes para la política exterior estadoundiense. También, la institución suministraría fondos destinados a fomentar la “infrastructura de la democracia” que permitiría que la prensa libre, los sindicatos, los partidos políticos, las universidades y las organizaciones sociales funcionaran según los intereses de la política exterior de Washington.
En 1983, como resultado de las recomendaciones de la APF, se creó la National Endowment for Democracy (NED) mediante legislación del Congreso, la “Ley del National Endowment for Democracy) (P.L. 98-164), y se autorizó el financiamiento por parte del Congreso para garantizar su éxito. En su legislación, el Congreso prohibió que la NED directamente financiara a partidos políticos y campañas políticas en otros países, y entonces, según recomendaciones de la APF, se formaron “institutos claves” para canalizar los fondos del Congreso hasta los partidos políticos y grupos de resistencia en otras naciones. Estos incluían al Centro de Empresas Privadas Internacionales (CIPE), el Instituto Democrático Nacional (NDI), y Instituto Republicano Internacional (IRI) y el Instituto de Sindicatos Libres, supervisado por la AFL-CIO y denominado posteriormente Centro de Solidaridad Laboral Internacional de Estados Unidos (ACILS). 3
La NED fue creada como conducto perfecto para canalizar los fondos del gobierno de Estados Unidos destinados a ofrecer la ayuda que respaldaría sus intereses en el extranjero e influirá en la política exterior y nacional de las naciones de importancia estratégica. Creada durante la Guerra Fría, los objectivos de la NED reflejaban una agenda neoconservadora que concedía prioridad a su lucha global contra el comunismo por encima de los conceptos democráticos de soberanía y libre determinación. Por lo tanto, el debut de la NED en Nicaragua durante los ochenta proporcionó la dosis principal a la intervención de Estados Unidos en los asuntos políticos y las decisiones electorales y, en el transcurso de casi una década, su técnica se perfeccionó. Se consolidó tanto sus operaciones que hoy en día, la NED recibe un presupuesto del Congreso encima de los 80 millones de dólares anuales para el trabajo que realiza en noventa páises.
Sin embargo, el presupuesto otorgado a la NED le queda chiquita en comparasión con la cantidad de grupos, movimientos y países donde Washington ve necesario intervenir. Por eso, la Agencia del Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID), brazo financiero del Departamento de Estado, aumentó su capacidad de realizar este mismo trabajo en “promoción a la democracia” y los ideales estadounidenses en el exterior, através de su Departamento de Democracia y Gobernabilidad, y sus Oficinas de Transición. La USAID, tanto como la NED, canaliza una mayoría de sus fondos a través de la NDI y la IRI, para hacerlo llegar a los partidos y movimientos políticos favorables a la agenda de Washington, y de esa manera llega con menos “huellas” del gobierno estadounidense.
El National Democratic Institute (NDI) fue creado por el gobierno de Estados Unidos a través de la NED, y su principal financista es el Congreso, que canaliza los fondos hacia el Instituto con la NED y la USAID. Sin embargo, este Instituto que cuenta además con una junta directiva del partido demócrata, incluyendo algunos congresistas activos y liderado por Madeleine Albright, se auto-clasifica como una Organización No-Gubermental (ONG), que es oficialmente definida como “una entidad de carácter privado, con fines y objetivos definidos por sus integrantes, creada independientemente de los gobiernos locales, regionales y nacionales, así como también de los organismos internacionales.”4
Pero el NDI no fue creado independientemente de un gobierno, sino fue creado por el gobierno de Estados Unidos en el año 1984 para servir los interéses de ese gobierno, y para lograr un trabajo que antes estaba clasificado como “una operación de inteligencia” y que había sido restringido a los cuerpos de seguridad de estado por el propio Congreso.
En el caso de Venezuela, por ejemplo, el NDI ha recibido alrededor de cinco millones de dólares desde el año 2001 para ayudar en la construcción de partidos políticos con posiciones en oposición al actual gobierno venezolano, liderado por el Presidente Hugo Chávez. Esta información esta comprobada por documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos y disponsibles en el internet a través de www.venezuelafoia.info/ndi.html y www.venezuelafoia.info/usaid.html. El NDI también ha dirigido el desarrollo de grupos opositores como Súmate, responsable por varias campañas políticas incluyendo al referendo revocatorio en contra del Presidente Chávez. Los grupos financiados y asesorados por NDI en Venezuela, como Primero Justicia, Queremos Elegir, Alianza Bravo Pueblo, Súmate, Liderazgo y Visión, Proyecto Venezuela, etc, fueron todos involucrados en la ejecución del golpe de estado contra el Presidente Chávez de abril 2002. Sin embargo, el NDI continuaba su trabajo con estos grupos y hasta aumentó el financiamiento a sus contrapartes en Venezuela, particularmente a Súmate, organización acusada por la fiscalía general de Venezuela por “la usurpación de un poder gubermental con el uso del financiamiento de un gobierno extranjero”. Estos ejemplos claramente demuestran que el objetivo del trabajo del NDI en Venezuela está lejos de la “promoción de la democracia”.
El NDI también fue recipiente de una gran parte de los 41 millones de dólares otorgados por el Congreso estadounidense para su campaña de “construir la democracia” en Serbia durante los años 1999-2000. El NDI asesoró a los movimientos de “resistencia” al gobierno de Slobodan Milosevic y condujó una campaña muy severa de encuestas para afectar y manipular la opinión pública, logrando entonces bajar la popularidad de Milosevic con un juego psicológico. Utilizando a la encuestadora estadounidense Penn, Schoen y Berland, que también fue utilizada por la NDI junto con Súmate en Venezuela para intentar acusar al gobierno de Chávez de fraude, tesis que fue rápidamente desacreditado por los observadores internacionales (como el Centro Carter y la Organización de Estados Americanos), el NDI montó una estrategia comunicacional para la oposición de Serbia. Junto con una campaña de publicidad y acciones de calle, diseñada y financiada por la USAID y la NED através de la NDI y la IRI, lograron el objectivo de Washington: el cambio del régimen de Milosevic. Esto no debe ser el trabajo de una ONG.
El NDI ha sido activo en países como Haiti, junto con el IRI, utilizando a las mismas tácticas para construir movimientos de oposición a gobiernos que no sirven a los intereses de Washington, y luego para apoyar golpes de estado u otras acciones desestablizadoras, y ha estado al frente de la campaña de agresión y subversión contra Cuba.
Organizaciones como el NDI rayan el buen trabajo que hacen las ONGs que luchan a diario para defender los derechos de sus pueblos y de la humanidad. Por eso debería ofender a los y las luchadores por los derechos humanos y los miles de miembros de ONGs respetables en el mundo, que una entidad como el NDI se ha postulado para un estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, (ECOSOC), órgano que “se ocupa de promover niveles de vida más elevados, el pleno empleo, y el progreso económico y social; de identificar soluciones para los problemas de salud, económicos y sociales en el plano internacional; de facilitar la cooperación en el orden cultural y educativo; y de fomentar el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales.”5 El ECOSOC consulta con más de dos mil ONGs en el mundo para asegurar y garantizar la efectividad de su trabajo y el cumplimento de sus objetivos.
Además de que el NDI viola una de las normas sobre las organizaciones que pueden formar parte del ECOSOC, que especifica que “las organizaciones establecidas por gobiernos…no son consideradas ONGs”, es también una entidad que promueve a la desestablización, la violación de la democracia y de los derechos humanos de los pueblos donde opera, que ha participado en golpes de estado en Haiti y Venezuela, y “cambios de regimenes” en países como Serbia, Ucrania, Georgia, Nicaragua, Filipinas, Indonesia y otros, y que ha ejecutado una campaña de terror y agresión contra el pueblo cubano durante más de una década. El NDI, tanto como otros “pseudos-ONG” creados por el gobierno de Estados Unidos, es un vehículo de la subversión y la criminalidad de la CIA, y a pesar de sus intentos de esconder trás una fachada de legitimidad, sus acciones violatorias han sido descubiertas y expuestas ante el mundo entero.
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