Casí pasó despercibido. La oposición y sus financistas aún no se han dado cuenta, o por lo menos, aún no han hecho un escándalo sobre el asunto. El trabajo que llevo de hace cuatro años no era en vano, por fin tendrá una manifestación concreta y legal dentro de la nueva constitución bolivariana, la roja rojita. El Presidente Chávez ha propuesto dentro de su proyecto de reforma constitucional un cambio bastante dramático al Artículo 67: una cláusula que prohibe explicitamente “el financiamiento a las asociaciones con fines políticos o de quienes participen en procesos electorales por iniciativa propia con fondos o recursos provenientes de gobiernos o entidades públicas o privadas del extranjero.” Léaselo bien, compañeros y compañeras, ya no se permitirá que la USAID, la NED, la Freedom House, el Instituto Albert Einstein, etc, siguen financiando con sus millones de dólares a grupos como Súmate, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Liderazgo y Visión, Consorcio Justicia, la CTV, CEDICE, etc, cuando se aprueba la reforma constitucional. Esto es una necesidad urgente para defender la soberanía del país y el futuro de la revolución bolivariana.
Con esta reforma, ya los mecanismos del Golpe Suave y la penetración e infiltración de la sociedad civil estarán debilitados. No desaparecerán por completo; tampoco podemos ser tan optimistas, pero sí Ies dará un golpe bastante contundente que sera otra victoria para la revolución bolivariana. Sin embargo, aún queda la necesidad de aclarar exactamente como se va a clasificar una “asociación con fines políticos”. ¿Será aquellos que abiertamente profesan ser politicos, como partidos políticos? ¿O incluyerá a las organizaciones no gubermentales que trabajan ‘por la democracia’ o ‘en defensa de los derechos humanos’? Hay que abrir un debate sobre el tema, o por lo menos llegar a un acuerdo sobre la definición de un “fin político”. Bajo mi criterio, luchar por los derechos humanos es un fin político, porque los derechos humanos son políticos, y como luchar para ellos es un acto y una decisión política. Pero otros dirían que no, que no es un tema político; así intentarán socavar la ley y burlar del Artículo 67.
La aprobación de la reforma constitucional, en bloque, que incluye este cambio esencial del Artículo 67 para la defensa de la nación, sera un logro para los pueblos del mundo y un ejemplo más de que sí se puede vencer en frente a un superpoder imperial. Y no es cosa de otro mundo. Los propios Estados Unidos prohiben al financiamiento de partidos políticos y campañas políticas por parte de gobiernos extranjeros, y cuando existe una asociación o una ONG que recibe financiamiento de un gobierno extranjero para fines políticos, tiene que registrarse con el Departamento de Justicia como “agente” de ese gobierno extranjero y reportar sus actividades mensualmente. El control es bastante fuerte porque se trata de la soberanía de la nación y de su seguridad y defensa. Por fin, Venezuela lo va a ver de la misma manera, y hasta más contundentemente, porque la reforma del Artículo 67 propuesta por el Presidente Chávez, incluye a una prohibición al financiamiento de entidades públicas o privadas del extranjero. Eso es muy sabio, porque reconoce a los métodos de injerencia y subversión y su sutilidad, y como a veces utilizan a corporaciones e instituciones privadas para filtrar el financiamiento a sus benefactores. Así es el caso de la Freedom House, por ejemplo, que aunque es una entidad tecnicamente privada, recibe la gran mayoría de su financiamiento del Departamento de Estado. Lo mismo sucede con la Development Alternatives, Inc., que maneja los millones de dólares de la USAID y su Oficina de Transición aquí en Caracas desde el año 2002, y entrega ese dinero a organizaciones y proyectos políticos en el país, pero es una corporación privada y se esconde trás su estatus privada.
Importante sería recordar que el financiamiento a las asociaciones, organizaciones, grupos y partidos con fines políticos, incluyendo a la defensa de los derechos humanos o de la prensa, por parte de entidades públicas y/o privadas del extranjero, siempre busca un objectivo beneficioso para ese gobierno extranjero. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, sus entidades financieras, como la NED, la USAID, Freedom House, el Centro Internacional de Periodistas, entre otros, han estado financiando grupos en Venezuela vinculados con la oposición o con la intención de penetrar e infiltrar otros sectores para promover su agenda. Eso esta comprobado en documentos desclasificados de esas entidades, más información en el ámbito público. Así que, cuando comienza la Guerra mediatica y la propaganda de la oposición y de Washington en contra del Artículo 67 (y si lo habrá), ya sabremos como responder. No se trata de una “represión a las ONG” o una “violación de sus derechos”, sino un mecanismo para defender la soberanía de la nación y del pueblo, y un mecanismo también para equilibrar el escenario político.
¡Adelante la reforma constitucional en bloque! Y, ¡adelante mi artículo favorito, el 67!!
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