Hace unos días, el líder opositor y gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, estuvo reunido en Washington, capital del imperio estadounidense, junto con algunos de sus compañeros opositores y el representante del Departamento de Estado para América Latina, Thomas Shannon. En ese reunión, solicitaron la “ayuda” de Estados Unidos para impedir la inminente aprobación del proyecto de reforma constitucional en Venezuela. Publicamente el gobierno de Washington no se ha comprometido a dar ese apoyo, sin embargo, ha aumentado el financiamiento y la asesoría estratégica a los partidos politicos opositores, como Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, y las ONG como Súmate, Liderazgo y Visión, Consorcio Justicia, Queremos Elegir y Sinergia, entre otras. Al mismo tiempo, el gobierno estadounidense ha lanzando una ofensiva regional para frenar las alianzas bolivarianas y revolucionarias en América Latina, con la clara intención de debilitar al gobierno venezolano y limitar su influencia internacional.
Como parte de esa ofensiva, Estados Unidos ha activado sus métodos intervencionistas en Bolivia, contra al gobierno de Evo Morales. Las tensiones entre Washington y La Paz se han incrementado con una velocidad alarmante durante el último mes. Bolivia, tanto como Venezuela, es víctima de la subversión imperial dentro de la sociedad civil. Las agencias estadounidenses como la NED y la USAID invierten más de $125 millones de dólares en la penetración e infiltración de los diferentes sectores bolivianos, incluyendo al gobierno, anualmente. Esa cifra es la más alta en América Latina (vean la diferencia: en Venezuela la inversion de la NED y la USAID no pasa por encima de los $9 millones al año).
En Bolivia, la USAID tiene montado todo un aparato inmenso, que involucra y hasta controla al Ministerio de Planificación y Desarrollo del gobierno. El propio Presidente Evo Morales ha admitido que cuando llegó a la presidencia, el gobierno de Washington y su embajador en La Paz eran quienes ponían y quitaban los ministros bolivianos, y tomaban las decisiones estratégicas para el país. Con Evo, todo eso va cambiando, y hasta sacaron una oficina de la CIA que estaba dentro del palacio del gobierno.
Como era de esperarse, el gobierno de Washington no ha asumido su pérdida de control en Bolivia de manera ligera. Cuando el Presidente Evo Morales estuvo hace poco en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, mencionó en su discurso ante la Asamblea General, que realmente habrá que considerar cambiar esa sede a otro país, porque el gobierno estadounidense limita e impide la entrada de las diferentes delegaciones internacionales y gubermentales que viajan allá para participar en esa reunión anual de la comunidad internacional. Lo dijo el Presidente Hugo Chávez el año pasado cuando occurió algo similar con la delegación venezolana: el gobierno de Washington no permitió la entrada de ciertas funcionarios venezolanos y cubanos que acompañaban al presidente Chávez en su gira internacional y se tuvieron que quedar casí una semana dentro del avion presidencial en la pista del aeropuerto.
La reacción de Washington contra Evo por sus declaraciones ha sido cínica, irónica y racista. El embajador de Estados Unidos en Bolivia, Philip Goldberg – quien es experto en el tema del separatismo y el Golpe Suave, habiendo trabajado en la ex-Yugoslavia para promover la división de ese país, que ahora son dos: Bosnia y Serbia - declaró ante la prensa boliviana que “no sería raro que el Presidente Morales se proponga también el cambio de la sede de Disneylandia, tanto como lo hizo con las Naciones Unidas.” El embajador Goldberg luego dijo que la intención detrás de sus declaraciones era “bromear” y “aliviar” las tensiones entre los gobiernos, sin embargo no se disculpó por haber ofendido al gobierno y al pueblo boliviano. El Presidente Evo Morales lo clasificó un “interlocutor inválido” y le prohibió la entrada al palacio gobierno (que significa que no lo reconocerán como un representante diplomatico en el país) hasta que se disculpe con el pueblo boliviano. El Ministro de la Presidencia del gobierno de Bolivia, Juan Ramón Quintana, declaró el lunes 15 de octubre, que si el embajador Goldberg no se disculpara pronto por sus declaraciones racistas e irrespetuosas, que sera denominado “persona non grata” en el país.
En Venezuela, nos hemos acostumbrado a esa actitud de “payaso” de los diferentes embajadores que han estado representando al imperio durante el gobierno del Presidente Chávez: Charles Shapiro, con su show de títeres y su papel en el golpe de estado de abril 2002, y luego el William Brownfield, con su humor cínico mejor reflejado en la franela roja que llevaba durante su fiesta de despedida que decía “Uh, ah, Brownfield si se va”. Pero en el caso de Bolivia, apenás esta comenzando esa ruptura en relaciones amistosas, y el gobierno de Evo Morales se esta dando con todo.
Además de amenazar al embajador Goldberg con ser clasificado “persona non grata” si no se disculpa por ofender al pueblo boliviano, el día 10 de octubre del 2007, fue decretado por Decreto Supremo de la Presidencia Constitucional de la República de Bolivia, que no se permitirá más el uso de la cooperación internacional para desestablizar al país. El Decreto Supremo 29308 sobre las “Normas para la gestión y ejecución de recursos externos de donación”, establece un claro marco legal para regular y monitorear las relaciones entre organizaciones no gubermentales, partidos politicos y entidades del estado y la cooperación extranjero – pública tanto como privada. El Decreto Supremo se prohibe a la contratación de terceros para “administrar” la cooperación internacional, tal como lo hace hoy en día la USAID en Bolivia y en Venezuela, a través de su Oficina para las iniciativas hacia una transición (OTI). En Venezuela, la USAID contrata a la empresa privada Development Alternativas, Inc., para administrar los más de $5 millones en financiamiento que anualmente estan entregando a los sectores opositores en el país. En Bolivia, la USAID contra a Chemonics, Inc. y Casals & Associates, para administrar más de $123 millones que anualmente estan invertiendo en la desestablización de la sociedad civil, el control de los recursos naturales y los movimientos separtistas que buscan dividir al país y asumir control sobre las zonas más productivas y ricas en hidrocarburos y agua.
El Decreto Supremo de Bolivia también establece mecanismos para registrar todos las ONGs, grupos sociales y politicos y hasta los consultores independientes que entran en una relación de cooperación con entidades públicas y privadas internacionales. Sirve este decreto como un ejemplo para países como Venezuela, que también son víctimas de esa subversion en la sociedad civil através de la mal llamada “cooperación internacional”.
Sin embargo, es poco probable que el gobierno estadounidense obedecerá esas normas y leyes que intentan frenar su ofensiva imperial. En el caso de Bolivia, estan montando un Golpe Suave, al estilo Serbia y Ucrania, como también vienen trabajando en Venezuela (La Revolución Caléndula). Las últimas declaraciones del Presidente Chávez sobre el compromiso de Venezuela de defender al gobierno de Evo Morales y al pueblo boliviano en caso de un magnicidio, golpe u otro atentado contra su democracia y soberanía demuestran la necesidad de establecer un convenio de seguridad y defensa regional en contra de la agresión imperial.
Sin la unión e integración de nuestros pueblos, jamás podremos construir verdaderos movimientos revolucionarios capaces de resistir al poder imperial de Estados Unidos. Esa integración no solamente es a nivel cultural, social y comercial, sino también en defensa, seguridad e inteligencia colectiva. Solo así romperemos con la dominación y la imposición esos poderes nefastos que buscan aplastar al futuro de nuestra humanidad.
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