En Venezuela, hemos denunciado durante más de cuatro años la injerencia de Estados Unidos a través de entidades financieras como la National Endowment for Democracy (NED) y la Agencia Internacional del Desarrollo de los EEUU (USAID). Estas dos instituciones reciben su financiamiento del Congreso estadounidense y están incluidas en el presupuesto de la operaciones internacionales del Departamento de Estado. Para el año 2008, la NED fue asignado la cantidad de ochenta millones de dólares para su trabajo de “promover la democracia” en más de 70 países, mientras que la USAID maneja un presupuesto inmenso de 625.7 millones de dólares que incluye más de cincuenta millones de dólares para las Oficinas de Iniciativas hacia una Transición (OTI) que se ha establecida en doce países como Venezuela, Bolivia, Zimbabwe y Afganistán. Estas y otras instituciones privadas como Freedom House, que pretenden tener como su misión principal la “promoción de la democracia” en países de interés estratégico para Estados Unidos reciben millones de dólares en financiamiento del Departamento de Estado y terminan promoviendo la agenda de Washington en lugar de una verdadera democracia dentro de los países donde activamente están interviniendo. Como evidencia claro de esto, el actual Jefe de la Junta Directiva de Freedom House, Peter Ackerman, quien además es fundador del Centro Internacional para el Conflicto No-Violento (ICNVC), entidad que enseña y entrena movimientos sociales en las técnicas de la “no-violencia” para lograr cambios de gobiernos, recientemente confesó en un artículo titulado “El lado correcto de la Ley” (publicado en la revista “The American Interest”, Sept/Oct. 2007) que el objetivo real de los grupos e instituciones que proponen “promover la democracia” es el “cambio del régimen” a través de métodos de injerencia “técnicamente legales”.
Ackerman argumenta que estas entidades no deben tener miedo de admitir sus intenciones para impulsar cambios profundos de gobiernos y sistemas socio-político-económicos en países que ellos consideran “autoritarios” o “semi-autoritarios” (Venezuela esta incluida en esta lista). Según Ackerman, un antiguo banquero que hoy en día es un multimillonario, la práctica histórica de países y gobiernos que promovían, financiaban y manipulaban grupos de oposición en países “rivales” y/o mantenían entre sus filas políticas salariados que trabajaban en sus intereses, demuestra que la intervención “no-militar” en los asuntos de un país “rival” es una norma aceptada por la comunidad internacional. Tanto así, aboga Ackerman, que cuando las Naciones Unidas codificó el concepto de la no-intervención como ilegal dentro de su Carta fundadora, solamente prohibió el “uso o la amenaza del uso de la fuerza militar por un estado contra otro”, dejando entonces legal y aceptada la injerencia no-militar contra los países vecinos y enemigos. Además, según Ackerman, los derechos internacionales a la información y al intercambio de la información y la participación cívica, se hacen ilógica e irracional la regla en contra de la intervención extranjera.
Esta postura de Ackerman es realmente un intento de justificar una nueva forma de injerencia y aplaudir la violación de la soberanía de las naciones que los cuerpos de seguridad, inteligencia y defensa de los Estados Unidos han venido perfeccionando durante varios años. La NED, Freedom House, la USAID, el Instituto Republicano Internacional (IRI), el Instituto Democrático Nacional (NDI) y el Instituto por la Paz de EEUU, entre otros organismos que se consideran “promotores de la democracia” en el mundo, intentan convencer a la comunidad internacional que su visión de la democracia representativa es el único modelo de la libertad aceptada como democracia. Según ellos, cualquier otro modelo, como la democracia participativa que practicamos en Venezuela, es nada más que un régimen “semi-autoritario” y debe ser cambiado con la ayuda de ellos. Simplemente porque la metodología que emplean para lograr este fin no es militar no significa que no es una injerencia ilegal.
Estas entidades, que por cierto tienen sus orígenes en el trabajo que hacia la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y otros cuerpos de seguridad e inteligencia que funcionan para subvertir la voluntad de los pueblos en nombre de los grandes intereses económicos y políticos mundiales (liderados por Washington), son nada más y nada menos la pura expresión de la arrogancia imperial. El hecho de que andan por el mundo impulsando cambios de gobiernos en países que ellos consideran no suficientemente democráticos bajo su definición limitada, o más bien no suficientemente subordinados a los intereses del imperio, demuestra su agresión unilateral. Si el pueblo venezolano en su mayoría elige a un presidente a través de elecciones transparentes y certificadas por respetables organizaciones y observadores internacionales, y con eso elige también a un sistema de democracia participativa y socialismo-revolucionario, esta entonces ejerciendo sus derechos bajo las normas internacionales de la libre determinación y la soberanía. Cuando Freedom House, la NED, el IRI, la NDI, la USAID o cualquier otro organismo extranjero invierte millones de dólares en una minoría que no le gustó el resultado logrado por la mayoría, y entrenan, enseña, guían y asesoran a esa minoría de cómo “cambiar ese gobierno” sin una intervención militar, es una violación criminal de las normas internacionales que prohíben a la injerencia por parte de un estado o organismo en los asuntos internos de otro estado. Con o sin fuerza militar, lo que hacen estas instituciones tiene el mismo efecto y viola a los mismos conceptos.
Peter Ackerman y su Freedom House, el Departamento de Estado de EEUU y su USAID, NED, IRI, NDI, Instituto por la Paz y otras fachadas, y hasta otros gobiernos, como Canadá y Alemania, y sus respectivos “promotores de la democracia”, están asustados porque nosotros en Venezuela, tanto como nuestros hermanos y hermanas en Bolivia y en otros países, nos hemos dado cuenta de que la misión de estas instituciones es una gran farsa, y la estamos desenmascarando ante la luz pública internacional. Tanto como el trabajo sucio de la CIA fue descubierto y denunciado por los pueblos del mundo, esta falsedad de “promover la democracia” en nombre de la arrogancia imperial se esta dando a conocer, y los países víctimas de su agresión están tomando acciones para impedirla.
Con la nueva reforma constitucional en Venezuela, el Artículo 67 pondrá fin a esta injerencia, porque prohibirá al financiamiento de entidades públicas y privadas del extranjero a grupos con fines políticos en el país. Esperemos que otros países también tomen medidas para derrotar esta nueva forma de intervención que busca “clandestinamente” subvertir la voluntad de nuestros pueblos.
