Sostienen historiadores y periodistas que mucho han escrito acerca de la tragedia colombiana por el narcotráfico y del paramilitarismo (Fabio Castillo, Fernando Garavito, José Contreras y Hollman Morris, entre muchos otros), que Alvaro Uribe Vélez mantuvo estrechos vínculos con personajes de la calaña del capo mayor del tráfico de la droga en el siglo XX, Pablo Escobar Gaviria, a quien le otorgó contratos multimillonarios para la construcción de grandes proyectos de viviendas de interés social, en la oportunidad en que ejerció la alcaldía de Medellín a comienzos de la década de los ochenta e igualmente, que cuando fue designado jefe nacional de la aeronáutica civil, su gestión se caracterizó porque estableció un récord histórico en el otorgamiento de licencias para operaciones de centenares de avionetas, la mayoría propiedad del cartel que manejaba Escobar. Agregan, además, esos acuciosos investigadores de la realidad del país hermano, que ya a finales de la década siguiente (años 90), electo y en el ejercicio Uribe de la gobernación de Antioquia, se ocupó hábilmente de gobernar para beneficio de la oligarquía latifundista local, de la cual su familia hacia parte y dentro de ese objetivo, auspició y le dio gran reimpulso a las fuerzas privadas de protección, denominadas Cooperativas Convivir, creadas por decreto durante el gobierno de Ernesto Samper, pero que ya venían operando desde hacía varios años antes bajo complicidades subterráneas y las que poco tiempo después se transformarían en las bandas de paramilitares que hoy conocemos y que han llenado de sangre a Colombia por todos sus costados.
Más allá de esos señalamientos, por lo demás bien sustentados con evidencias y pruebas materiales suficientes, incluyendo entre éstas últimas hasta documentos desclasificados de la DEA (septiembre/91), que muestran a Uribe Vélez en el puesto 82 de una lista de 104 narcotraficantes que encabeza Pablo Escobar, es bien importante recordar que durante la campaña electoral de Uribe para la primera presidencia (año 2000), la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Mary Robinson, declaró en Ginebra estar alarmada “por la proposición de uno de los principales candidatos presidenciales en Colombia (se refería al propio Uribe, sin mencionarlo) de armar a un millón de civiles para restablecer la seguridad en el país", de donde se infiere que para ese entonces ya era previsible imaginar el destino de Colombia si Uribe ganaba las elecciones: una etapa de mayores tensiones y, obviamente, una prolongación sin término alguno posible de su guerra interna, tal y como vemos que ha ocurrido.
La señora Robinson, sin duda, tuvo una visión muy clara de lo que iba a pasar en Colombia de ganar Uribe la presidencia.
Pero veamos algunas cifras, hechos y actuaciones de la gente de su entorno más cercano, que muestran de forma cruda la magnitud de esa tragedia y lo complejo que resulta llegar a admitir que, efectivamente, con el presidente Uribe en la Casa de Nariño sea posible que se canalicen, con algún grado de éxito, alternativas serias y confiables que conduzcan a la distensión y cese de los conflictos armados en el país, así como al logro de la paz duradera que tanto añoran nuestros vecinos y los pueblos de la patria grande latinoamericana:
-Colombia es el tercer país, después de Israel y Egipto que más ayuda militar recibe del imperio norteamericano. Firmó con éste un tratado de asistencia militar (Plan Colombia, año 2000, hoy llamado Plan Patriota) que ha permitido la instalación en su territorio de, al menos, tres bases militares con la finalidad de acabar con el negocio del narcotráfico, pero que, para nadie en el país hermano es un secreto, se trata de una avanzada estratégica de Washington en su proyecto de controlar el país y, además, las economías de sus vecinos y, obviamente, los inmensos reservorios energéticos y minerales de todos, así como su invalorable biodiversidad (Ecuador, Venezuela y Perú, más Bolivia), pues la producción y comercialización de narcóticos, especialmente la cocaína, se ha seguido manteniendo en las mismas cifras históricas, por cierto bien alarmantes, no obstante que ese tratado tiene ya casi ocho años en vigencia.
En resumen, Colombia ha sido convertida de hecho en cabezada de playa o enclave estratégico de primera línea para el avance de la penetración del gobierno norteamericano en la región, a cuyos efectos, lo cual no debe sorprendernos, seguirá, sin duda alguna, las mismas líneas de acción que el imperio le ha impuesto al Estado de Israel en el Medio Oriente: aupar y promocionar la mayor desestabilización de la región, así como impedir, a todo trance, el acercamiento integracionista de los países que la conforman, con lo cual garantiza la preservación y probable extensión de los conflictos y con ello la venta cada vez mayor de todo tipo de armamento y, obviamente, su influencia y control decisivos en la zona.
La agresión a Ecuador en marzo pasado, con el saldo trágico de 24 ciudadanos asesinados, es una buena evidencia de que el gobierno de Uribe inició así su compromiso con el norte, aun cuando esa perversa aventura, a ojos vista, no fue otra cosa que un globo de ensayo que, para la mayor desgracia del imperio, fue rechazada de forma unánime por todos los países latinoamericanos.
-El diario El País de Cali reveló el pasado 8 de abril que (cita textual): “La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), reveló en su informe semestral que: "desde que se inició el Plan Colombia (2000), y según cifras gubernamentales, por lo menos un millón 665 mil 061 familias fueron desplazadas, es decir, el 88,6 por ciento del total de la población registrada oficialmente". El mismo informe agrega que durante los primeros meses de este año 2008, “…un total de 5 mil 391 personas pasaron las fronteras con Ecuador, Venezuela y Panamá o solicitaron asilo en esos países aduciendo fundadas razones de persecución e inseguridad". Por su parte, Human Rights Watch asegura que “más de la mitad de las personas desplazadas son menores de 18 años”.
-Organizaciones de derechos humanos calculan en un millón los colombianos asesinados por el conflicto armado desde la muerte de Gaitán hasta el pasado año (2007). Human Rights Watch sostiene, por su parte, que solamente en cinco años, entre 1998 y 2003, la violencia paramilitar habría provocado unas 200.000 muertes.
-Acnur, la oficina para los refugiados de la ONU reveló en su informe de junio del 2007 que el número de desplazados internos era de 3.000.428 y el de aquellos que abandonaron el país por amenazas de muerte, sobrepasaba el medio millón, para un gran total de un poco más de 3,5 millones, convirtiéndose así Colombia en el segundo país con el mayor número de desplazados del mundo, después de la República del Sudan con cerca de seis millones.
Señala el mismo informe del organismo mundial, que en los últimos 20 años, ocho (8) de cada cien (100) colombianos se vio forzado a huir de sus hogares, es decir a un promedio de 200 mil por año.
-La Cruz Roja de Colombia asegura en su Informe anual presentado el pasado 2 de abril, que a pesar de una disminución de los desplazamientos masivos, entre 2006 y 2007 el fenómeno de familias desplazadas en la modalidad “gota a gota” creció cerca de 6% en el país, según cálculos hechos por el propio organismo.
-68 senadores y presentantes del parlamento colombiano se encuentran encausados a la fecha presente por la narcoparapolítica, de los cuales más de 90% de esos “representantes del pueblo” son militantes de los partidos que llevaron a Uribe a la presidencia, tanto para su primer mandato, como para el segundo. Tómese nota que entre senadores y representantes, el parlamento colombiano tiene 266 curules.
Noticias de estos últimos días nos dan cuenta de la detención del exsenador y primo hermano de Uribe por sus vínculos con el paramilitarismo, lo cual tiene convulsionado el mundo político de Colombia, pues él ha sido hasta la presente fecha el consejero más cercano y de mayor confianza que ha tenido el presidente, no sólo en su condición de tal, sino que lo ha sido a través de toda su carrera política. Agrega la información, que Mario Uribe intentó evadir la mano de la justicia refugiándose en le sede diplomática de Costa Rica, de la cual tuvo que salir pocas horas después porque el gobierno de Oscar Arias le negó su petición de asilo. Es bueno recordar que en noviembre de 2007 dimitió de su cargo de senador para escapar a la jurisdicción de la Corte Suprema.
-Quien fuera el jefe mayor del organismo de seguridad más importante del país (DAS), Jorge Noguera, mano derecha de Uribe Vélez, comenzó a ser enjuiciado el pasado mes de febrero de este año por desviar fondos públicos a los paramilitares, en coordinación con Rodrigo Tovar Puppio, alías Jorge 40, ex líder de las AUC, así como por otros delitos: concierto para delinquir agravado y toda una relación muy estrecha con los grupos paramilitares de la costa norte colombiana.
Como se recordará, Rafael García, exdirector de informática del DAS, hoy preso por sus vinculaciones con la narcoparapolítica, denunció en una entrevista que le hizo la revista Semana en abril del 2006 que (cita textual de la revista): “Jorge Noguera participó junto con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y con opositores venezolanos en un complot para asesinar al presidente Hugo Chávez de Venezuela. Abunda en detalles sobre la estructuración del plan y afirma que Noguera colocó al organismo al servicio de los paramilitares.”
Pocos días después, la misma revista Semana informó que el gobierno norteamericano le había quitado la visa al jefe de la campaña reeleccionista de Uribe Vélez en la costa atlántica, el empresario Raúl Montoya Flórez, por sus vinculaciones con el narcotráfico, tal y como lo había revelado el Nuevo Herald, según indicó la publicación en su edición digital.
-El exsenador Alberto Santofimio Botero, quizás el político que más entusiasmo desplegó en el departamento de Antioquia para la reelección de Uribe Vélez en la campaña del 2006, fue condenado en octubre del pasado año (2007) a 24 años de cárcel por haber ordenado el asesinato del candidato a la presidencia en 1989, Luis Carlos Galán.
-A comienzos del pasado año la ministra de relaciones exteriores de Uribe, María Consuelo Araújo, renunció a su cargo por las vinculaciones de su padre, Álvaro Araújo y de su hermano, ambos senadores, con los paramilitares, específicamente bajo la coordinación muy especial de “Jorge 40”.
A la familia Araújo se le señala de su alianza con el paramilitarismo para fraguar un fraude electoral en 2002. Señala la versión de Analítica.com (cita textual): “La manera como se llevó a cabo este fraude fue tan ingeniosa como repugnante: para despejar el camino a Alvarito (hermano de la cancillera renunciante) para que ganara las elecciones, Jorge 40 (..) hizo que la popular candidata del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), Juana Ramírez, se retirara de la contienda y, ¡además…!, se uniera a la lista de Araújo para que éste recibiera una mayor votación. ¿Cómo la obligaron a sacrificar su candidatura y ceder sus votos al Araújo júnior uniéndose a su lista? Pues muy simple: secuestrando a uno de sus aliados, el militante del MRL Víctor Ochoa (exitoso empresario), y amenazándola con matarlo sino contribuía al triunfo de Araújo”, el que, efectivamente salió electo senador y hoy se encuentra en la cárcel.
Pero si todo esto lo que muestra es un doloroso y trágico cuadro de la realidad viva de nuestra hermana Colombia, cómo se explica a estas alturas que al señor Uribe Vélez se le pretenda vender como el presidente que ha tenido y mantiene una enorme popularidad, como nunca antes había ocurrido en el país (…?). Hemos indagado y consultado numerosas fuentes y la conclusión de mayor consenso que hemos obtenido es que esa es una jugada parte de la campaña mediática mil millonaria impresionante, frente a la que no existe libertad alguna para enfrentarla y transmitir todo lo contrario a voz en cuello y/o en medios masivos de comunicación, además de que quien ose intentarlo, corre el riesgo real de ser amenazado de muerte o simplemente de ser asesinado por un sicario él o alguno de sus familiares más cercanos (hijos, padres, hermanos, etc.), en el momento menos esperado. Que la revista Semana divulga reportajes y noticias que pudieran comprometer la responsabilidad del régimen en todo esta increíble realidad, se explica por vía de que ese medio, como parte del stablishment, intenta aderezar la tragedia, colocándose como expresión genuina de una libertad que no existe para aquellos que lo adversan.
No hay otra explicación y se hace más que obvia, pues, como vemos, ACNUR, Human Rights Watch y todas aquellas otras organizaciones que en el propio Colombia y en el mundo se han ocupado ser observadores de su inmensa tragedia humanitaria, han mostrado en cifras que el hermano país en los últimos veinte años, regido por una llamada “democracia ejemplar” al decir del actual huésped de la Casa Blanca, George W. Bush, ha venido ocupando uno de los primeros lugares en el mundo en asesinatos y ejecuciones extrajudiciales de dirigentes políticos medios y bajos, pero fundamentalmente de sindicatos obreros y de líderes campesinos. Además, Colombia se ubica en segundo lugar, como se ya lo hemos reseñado, después del Sudan, como el que reporta más refugiados y desplazados.
Este año y hasta la fecha presente han sido asesinados 22 dirigentes sindicales, debiéndose destacar el hecho que 16 de ellos lo han sido desde que se realizó en todas las ciudades de Colombia el 6 de marzo pasado, la marcha en contra del paramilitarismo, lo cual pone en clara evidencia que este drama de nuestros vecinos es mayúsculo y que, al parecer, no tiene fin…por ahora…!
oliverr@cantv.net
