El viernes 9 de julio de 2.004, la oposición venezolana anunció su largamente esperado “plan” para un gobierno y una sociedad post-Chávez. Denominado Plan Consenso País, esta nueva agenda procura buscar la “reconciliación” y la “reconstrucción” de Venezuela y traer “paz”, la “Reactivación de la economía” y “la creación de una esfera política, social y educativa que incluya a todos los ciudadanos sin excepción”. El plan propuesto fue presentado por Diego Bautista Urbaneja, coordinador del comité para el Plan de Consenso del País de la Coordinadora Democrática, el grupo que engloba a los sectores de oposición.

En una rueda de prensa el viernes en la mañana, Urbaneja explicó que el plan era el producto de un proceso de consultas y consenso de 9 partidos políticos, 26 organizaciones sociales de la sociedad civil, 27 organizaciones de los trabajadores y 5 grupos de opinión. El Plan Consenso es un pacto entre la oposición que supuestamente está dispuesta a adoptar este plan como la base de un gobierno de transición post-Chávez. Urbaneja afirma que el plan durará desde que el presidente sea revocado en el referéndum a efectuarse el 15 de Agosto de 2004, hasta Enero de 2007, cuando finaliza el término presidencial constitucionalmente asignado.

La oposición ha sido atacada recientemente por la prensa internacional y por sus propios miembros por no ofrecer ninguna alternativa concreta al pueblo venezolano, sino meramente clamando por la destitución del actual presidente. Muchos de los partidos y de los políticos dominantes dentro de los integrantes de la Coordinadora Democrática son miembros de gobiernos anteriores y de partidos políticos tales como Acción Democrática y COPEI, los cuales perdieron el poder debido a su falta de políticas dirigidas a la mayoría de pobres y gente de la clase trabajadora, y a sus políticas de exclusión que favorecieron a la élite de Venezuela.

El nuevo Plan Consenso ofrecido hoy, puede en su cara aparecer como una alternativa viable, pero existe un hecho que erosiona su credibilidad: el plan es una creación del National Endowment for Democracy, un organismo del gobierno de los Estados Unidos que ha estado enviando millones de dólares a los grupos anti-Chávez de Venezuela para ayudar al golpe de estado y el paro petrolero en el 2002-3 y ahora para la campaña por el referéndum y este nuevo “Plan” para el gobierno de transición.

El National Endowment for Democracy asignó aproximadamente 300.000 dólares a principios de 2003, al Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE), una entidad con sede en Estados Unidos, y una de las cuatro organizaciones a las cuales el NED les asignó recursos, junto con el Centro para la Difusión de Información Económica (CEDICE), una organización venezolana. CEDICE es presidida por Rocío Guijarro, una de las que firmó el ahora infame “Decreto de Carmona” anunciado durante la breve dictadura que tomó el control del gobierno en Venezuela, durante el golpe de estado de 47 horas contra el presidente Chávez en Abril de 2002. El “Decreto” autorizaba al hombre de negocios Pedro Carmona como “Presidente” y disolvía todas las instituciones democráticas Del país, la Asamblea Nacional (y todos sus miembros electos popularmente), el Tribunal Supremo de Justicia, la Constitución, el Fiscal General y el Defensor del Pueblo.

La asignación monetaria fue titulada “Proyecto Consenso para construir una Agenda Nacional” y en ella figuraban prominentes líderes radicales de oposición y participantes en el golpe de estado como miembros del comité del proyecto. Las organizaciones que componen el “Proyecto” incluían a muchos de los grupos que condujeron el golpe de estado de Abril de 2002 y el paro general ilegal de Diciembre 2003 hasta Febrero 2004, que dañó la economía del país, tales como Gente del Petróleo, Fedecámaras, Alianza Bravo Pueblo, CTV, COPEI y la Coordinadora Democrática, entre otros. Otra organización clave que figura el el comité del “Plan Consenso” es Liderazgo y Visión, directamente financiada por el NED y liderada por Oscar García Mendoza, jefe del Banco Venezolano de Crédito. García Mendoza publicó un anuncio en la prensa venezolana durante el golpe de Abril de 2002, donde alababa el golpe “Que nos devolvió la Libertad y la Democracia, con Instituciones sólidas y respeto a la Ley”. García Mendoza también firmó un remitido publicado en la prensa nacional el 13 de Abril de 2002, reconociendo y apoyando el “Gobierno de Transición” de Pedro Carmona, a pesar de que Pedro Carmona había tomado el poder por la vía ilegal de un golpe de estado y flagrantemente violado la Constitución de Venezuela.

En el informe trimestral de Marzo-Mayo 2003, hecho por Cedice al NED, el Proyecto Plan Consenso, está justificado comparando el gobierno de Chávez con el partido Nazi de Alemania. “Lo único que salva al país del completo control revolucionario es el hecho de que el gobierno de Chávez era resultado de elecciones libres (tal como el régimen Nazi en sus inicios)…” (vea el documento original en http://www.venezuelafoia.info/NED/CIPE-CEDICE/CIPE-CEDICE-Con/pages/CIPE-CEDICE-consensus-02.htm).

Mas de dos años después del golpe de estado contra el presidente Chávez, la oposición se ha vuelto cada vez mas dependiente del gobierno de los Estados unidos para ayuda eonómica, dirección política y apoyo. Los fondos del NED para 19 organizaciones que operan en Venezuela –todas anti-Chávez-, es un hecho que los mismos representantes del NED han admitido en varias ocasiones. (Bart Jones, The National Catholic Reporter). Otras fuentes de financiamiento tales como USAID, que destina anualmente mas de 5 millones de dólares a actividades de “construcción de la democracia” en Venezuela, a organizaciones que están en manos de la sociedad civil y ninguna en manos del gobierno.

Ahora el ofrecimiento de la oposición de una real alternativa a los venezolanos descontentos con el actual gobierno, es nada menos que una creación del gobierno de los Estados Unidos y de organizaciones e individuos que participaron en el golpe de estado de Abril de 2002.

El gobierno de Estados Unidos ha escogido a líderes del golpe de estado e individuos que violaron la Constitución para crear una agenda alternativa para un gobierno de transición en Venezuela. ¿Permitirán los venezolanos que su futuro sea puesto en las manos de un gobierno extranjero que no tiene en mente sus mejores intereses?