Estados Unidos y las oligarquías locales se han embarcado en un proyecto de restauración derechista en América Latina con el uso de variados recursos, legales e ilegales, mediáticos, de inteligencia y guerra sicológica, militares y económicos, entre otros. Aunque iniciado en tiempos de Bush es en el primer año de la presidencia de Obama que ha tomado una gran dimensión al socaire de sus vacilaciones, concesiones y retrocesos frente a la feroz embestida de la extrema derecha estadunidense. No habían pasado seis meses de su investidura y cinco de su promesa en la cumbre de Puerto España de cambiar la política hacia sus vecinos del sur y se tragaba el golpe de Estado contra Manuel Zelaya del que en un principio llegó a decir que era el único presidente de Honduras que reconocía. Al esquema restaurador no escapa gobierno o fuerza popular cuyas políticas choquen, en mayor o menor grado, con las de Washington o los intereses de las oligarquías.
Por consiguiente, incluye a los integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América pero también a los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Nicaragua. Son sus herramientas principales la reactivación de la IV Flota, el golpe de Estado en Honduras y la instalación de las bases yanquis en Colombia, Panamá y las ya existentes en las Antillas Holandesas y América Central así como la maquinaria de terror mediático de los periódicos afiliados a la Sociedad Interamericana de Prensa y las cadenas televisivas.
Se trata de revertir el ascenso de la ola popular alzada en el continente contra las políticas neoliberales y en torno a los gobiernos que decidieron desacatar frontalmente las directivas del Consenso de Washington e iniciar trasformaciones sociales profundas; intimidar, presionar y acabar también con los demás gobiernos progresistas por moderados que sean, así como con los movimientos populares a la vez que alebrestar a una derecha alicaída por las derrotas que venía sufriendo desde la elección de Hugo Chávez. Es lo que hemos visto desde el ataque yanqui-uribista a Ecuador, aumentado exponencialmente después del cuartelazo en Honduras y el convenio sobre las bases en Colombia. Viene a la mente una de las Reflexiones de Fidel Castro cuando afirmó que antes que Obama concluya su mandato ”habrá de seis a ocho gobiernos de derecha en América Latina que serán aliados del imperio”.
El objetivo principal del proyecto restaurador es destruir a la revolución Bolivariana puesto que esta y su líder Hugo Chávez constituyen un baluarte decisivo de la lucha antimperialista, la solidaridad y la integración continentales, que las elites de Estados Unidos y la región sueñan con quitar del medio y provocar un efecto dominó desde Ecuador y Bolivia hasta Cuba. Las violaciones del espacio aéreo venezolano por naves de guerra estadunidenses procedentes de Curazao, reiniciadas a fines de 2009 y principios de 2010 forman parte de la escalada de provocaciones y globos de ensayo montados por Washington contra Caracas, al igual que los vaticinios de las últimas semanas sobre el inminente “fin del ciclo de Chávez”, coincidentes con una intensificación del lenguaje golpista en los mayoritarios medios de difusión contrarrevolucionarios de Venezuela.
Paralelamente, continúa el ataque de la prensa reaccionaria argentina contra la presidenta Cristina Fernández tomando como pretexto las decisiones sobre el banco central que legítimamente ha adoptado. A la vez, una feroz campaña mediática contra el proyecto de programa de derechos humanos del gobierno de Lula ha creado una crisis política cuyo propósito es desgastarlo y por carambola debilitar a su candidata a la presidencia Dilma Rosseuf. Como se puede apreciar es disímil el grado de radicalidad de los gobiernos que disgustan a Washington pero de lo que no hay duda es que todos ellos en conjunto han coadyuvado a crear y sostener el cuadro político actual de independencia latinoamericana, incluyendo al de Uruguay y actitudes como la de Michel Bachelet cuando como presidenta de Unasur facilitó la condena del golpe “cívico” impulsado por Washington contra Evo Morales.
Por todo ello, es un deber de las fuerzas populares y antimperialistas, sin por ello renunciar a su independencia crítica, la denuncia y el combate vigoroso a los intentos desestabilizadores de Estados Unidos y las derechas locales contra los gobiernos que no se les pliegan y contribuyen a la unidad e integración continental.
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