La liberación unilateral por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia(FARC) del sargento Pablo Emilio Moncayo, y dos días antes la del soldado Libio José Daniel Calvo proyecta un rayito de esperanza hacia la “solución política y negociada” del conflicto, como recordó la senadora Piedad Córdova. Ambos militares fueron entregados por la guerrilla a la comisión integrada por Córdova, monseñor Leonardo Gómez, la Cruz Roja Internacional y militares brasileños. Lamentablemente, una solución política ha sido saboteada sistemáticamente por el presidente Álvaro Uribe y un amplio sector de la oligarquía colombiana, que junto a las transnacionales han hecho pingües negocios a costa del desplazamiento impuesto por la guerra y la acción de los paramilitares a cientos de miles de campesinos, indígenas y afrodescendientes. La salida política que haga callar cuanto antes a los fusiles es lo que más conviene a los pueblos de Colombia, Venezuela, Ecuador y demás países vecinos pero precisamente por eso choca frontalmente con los intereses de Estados Unidos, que está utilizando el conflicto armado como elemento de desgaste, provocación y rampa de lanzamiento de una agresión militar contra Venezuela. Es una perogrullada afirmar que esa es una de las razones principales para la instalación de las siete bases militares yanquis en territorio colombiano.
Sin embargo, numerosos analistas coinciden en afirmar que la sucesiva entrega unilateral de rehenes por las FARC ha creado el marco político adecuado para propiciar un intercambio humanitario de los veintitrés militares en poder de la guerrilla y los aproximadamente quinientos miembros de esta recluidos en cárceles de Colombia y, no debe olvidarse, de Estados Unidos. Uribe no se ha cansado de exigir gestos a la insurgencia mientras pone un obstáculo a cada intento por esta de llevarlos a cabo. Sin embargo con la entrega de 13 retenidos a través de las gestiones de la senadora Córdova y la facilitación –no todos en todas las etapas-, de los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Brasil y Cuba, desde enero de 2008 cuando fueron liberadas la ex candidata a la presidencia Clara Rojas y la ex congresista Consuelo González hasta la puesta en libertad de Moncayo el día 30 de este mes, las FARC han más que probado su deseo de caminar hacia una salida política. Sin embargo ya aclararon que esta son “las últimas” liberaciones unilaterales y que ahora lo que queda es avanzar hacia el intercambio humanitario.
Fue precisamente tras la liberación de Rojas y González que Uribe reventó con burdos pretextos la prometedora gestión con las FARC, conducente a un diálogo de paz, que en apoyo a la senadora Córdova adelantaba el presidente Hugo Chávez. Por eso no ha de extrañar que el sargento Moncayo omitiera a Uribe de su lista de agradecimientos, en la que sí figuraron los presidentes Correa, Chávez y Lula da Silva. Moncayo dijo de las FARC lo que no entienden doctos graduados de Harvard pero es el ABC para abordar el conflicto armado en Colombia: por más que se quiera no se las puede negar. Parecen invisibles pero allí están.
Con la intransigencia de Uribe es muy difícil imaginar un avance hacia el intercambio humanitario pero acaso sea posible con cualquiera de sus dos seguidores y candidatos a la presidencia que resulte electo, sea el hasta ahora puntero en las encuestas, ex ministro de defensa y supervisor de la masacre de Sucumbíos Juan Manuel Santos o la ex canciller Noemí Sanín. De ambos, dicen observadores, podría esperarse que fueran más pragmáticos que el actual inquilino de la Casa de Nariño. Por otra parte, el tema del canje humanitario podría tomar fuerza si es levantado agresivamente durante la campaña electoral por el Polo Democrático Alternativo y organizaciones de derechos humanos, que tal vez en esa circunstancia puedan sortear en parte el feroz bloqueo mediático del uribismo con el poderoso auxilio de clanes oligárquicos como los Santos Calderón.
Como es conocido por todos quienes tienen un enfoque realista y humanista del conflicto colombiano este no tiene más salida posible que la negociación política y el reconocimiento de la beligerancia de la guerrilla ya que la alternativa sería continuar desangrando al país hasta el infinito pues mientras no se ataquen las profundas causas sociales que reproducen a la insurgencia esta seguirá viva por más que el gobierno mantenga el cruel terrorismo de Estado contra el pueblo colombiano.
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