Una porción de la comunidad internacional asegura que las “sanciones” económicas y el bloqueo contra Venezuela, solo afectan al Gobierno de Nicolás Maduro; la realidad es que las consecuencias de estas medidas coercitivas son inmedibles, no obstante, algunos datos y cifras permiten que la opinión pública tenga una idea de lo que ha significado esto para el país y sus ciudadanos.

Los graves daños causados a la población venezolana, se pueden entender teniendo los elementos del panorama completo, Hinterlaces.net le ofrece una panorámica en cifras de las “sanciones” contra el país bolivariano:

En mayo de 2017, más de 121 millones de dólares venezolanos fueron bloqueados en Barclays Bank PLC, institución británica que argumentó cumplir con regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC); en septiembre de ese mismo año se retuvo un cargamento con más de 300.000 dosis de insulina en un puerto internacional, los medicamentos nunca ingresaron a Venezuela. Miles de pacientes de diabetes se quedaron sin tratamiento y en paralelo, a decenas de atletas se le impidió su participación en competencias internacionales, luego que un banco internacional bloqueara la transferencia de más de 1 millón y medio de dólares, para gastos de boletos y alojamiento. Esta política ilegal que inició en 2015, continúa hasta la actualidad.

Pero la ligereza con la que se habla desde los medios de comunicación sobre estas acciones, tipificadas como delito de lesa humanidad, por ser continuadas en medio de una emergencia sanitaria por pandemia, es la causa por la que se han subestimado y minimizado su peso ante la opinión pública.

El Gobierno de Venezuela denuncia permanentemente las afectaciones que genera al país el bloqueo económico, sólo con el robo de Citgo Petroleum Corporation, propiedad de PDVSA en 2019, el país perdió más de 5 mil 200 millones de dólares, en activos netos, así como el ingreso que percibía de las más de 6.000 estaciones de servicio afiliadas a Citgo, números que se traducen en acceso a medicamentos y productos de primera necesidad para atender la emergencia que impone el COVID-19. Este mismo año se saboteó una transacción de 4 millones 851 mil 252 Euros que salvarían la vida de 26 pacientes venezolanos que se encontraban en Italia recibiendo tratamientos por enfermedades graves.

El robo de la empresa Monómeros ejecutado por el Gobierno de Colombia, dirigido por Iván Duque, significó la reducción de la producción agrícola en un 50%, es decir, de 6.000.000 de hectáreas que producían entre 24 y 30 millones de toneladas de rubros, sólo producirían la mitad. Ese mismo período el sector alimentario también se vio afectado y la distribución de alimentos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) sufrió retraso de más de un mes debido al bloqueo de navieros que trasladaban los alimentos al país, posterior a esto, desde Washington el presidente Trump impuso medidas contra este programa social.

Esta agresión continua también permitió que “Novo Banco”, de Portugal, congelara más de 1.700 millones de dólares de una cuenta del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, (Bandes), mientras que Euroclear, una institución financiera europea con sede en Bélgica, inmovilizó 34 millones de dólares. Por su parte, el Banco de Inglaterra confiscó más de 1.700 millones de dólares del Banco Central de Venezuela, tras consultas con el Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido.



La fundación Simón Bolívar, en febrero de 2020, empezó a poner rostro y nombres a parte de los afectados por el robo de Citgo, entre ellos niños y niñas con enfermedades mortales. “La Fundación Simón Bolívar -adscrita a la filial de PDVSA, Citgo, apropiada por EEUU el año pasado – notificó a madres de niños/as trasplantados, que su tratamiento cesará el 30 de julio de este año y tiene prohibido pagar los servicios médicos a los pacientes”, este texto, junto a una comunicación oficial fueron publicados por la institución vía Twitter.

En mayo de 2020, Fundalatin alertó a la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet, que el bloqueo de EE.UU. impide el ingreso de gasolina al país lo que “afecta a millones de venezolanos y venezolanas que se ven sometidos a pasar horas en largas colas esperando para recargar combustible, aumentando el riesgo de contagio de la COVID-19 (…) y que está impactando la distribución de alimentos y medicamentos, así como el traslado de las personas a los centros de salud. El bloqueo es una acción inhumana”, denunció la directiva vía comunicado oficial. Pero no sólo se ha impedido el ingreso de combustible, sino el acceso a los aditivos químicos, insumos y repuestos necesarios para el proceso de producción de gasolina necesaria para movilizar el parque automotor venezolano.

A esta denuncia se suma la del propio presidente Nicolás Maduro, quien durante la intervención en la reunión de Jefes de Estado sobre el “Financiamiento al Desarrollo en la era del COVID-19 y más allá”, quien solicitó “el cese de los bloqueos económicos, financieros y comerciales contra los pueblos, pues sólo agravan las condiciones de pobreza y vulnera aún más el derecho al desarrollo”.



Este año EE.UU. rompió con todos los records de la ilegalidad. El Citi Bank con sede en Nueva York, congeló más de 342 millones de dólares de una cuenta del Banco Central de Venezuela, en Alemania confiscó más de 38 millones de dólares. En abril el canciller de la República, Jorge Arreaza, presentó un reporte ante la ONU, que refería que hasta ese momento un total de 9 mil millones de dólares estaban bloqueados.

En resumen, el canciller Arreaza destaca que las pérdidas financieras de Venezuela, por las medidas coercitivas asciende a 1.4 billones de dólares, cifra que supera con creces a la totalidad de lo que Donald Trump haya aportado en toda su administración, para “asistencia humanitaria de emergencia”. Según datos de la prensa local, con el dinero robado a Venezuela, Donald Trump construye el muro fronterizo entre EE.UU. y México realizando un primer desembolso de 601 millones de dólares en 2019 para la construcción del muro, refiere el despacho informativo que estos «fondos» ahora en manos de EE.UU. se utilizan principalmente para financiar investigaciones policiales y para ayudas a gobiernos extranjeros.

Aunque Venezuela ha podido sortear la situación sanitaria causada por el coronavirus con tratamientos producidos desde el potencial científico y médico, como es el caso del Doctor Luis Ojeda, director y fundador del Centro Científico Nacional del Ozono, quien, a través de la aplicación de su tratamiento se ha logrado la recuperación del 95% de los pacientes actuales de COVID-19.

Pero el acceso a equipos médicos, tratamientos, insumos para el personal médico y material estratégico para la nación, llega sólo vía ayuda humanitaria a través de países como China, Rusia, Irán y Cuba. La verdad evidente y confesa es que las medidas ilegales del Gobierno de Donald Trump contra Venezuela, están orientadas a asfixiar la economía del país suramericano y generar una crisis interna que debilite la gobernabilidad y produzca un desastre que ocasione la renuncia del Gobierno legítimamente electo.

Esta «estrategia» de robos y agresiones económicas no iniciaron con Venezuela, los gobiernos de EE.UU. la han naturalizado a la vista de la comunidad internacional, como la forma de presionar para generar cambios de Gobiernos en los países que se nieguen a seguir sus reglas del juego. Estas mismas agresiones los estadounidenses también las impusieron sobre Yugoslavia en 1921, contra Grecia en 1925 y contra Cuba desde 1962 hasta la fecha, siendo este último el país con más años de bloqueo por parte de la Casa Blanca.