I.

En la entrega anterior presentamos los argumentos y el esquema para una Ley de Protección para Victimas de la Privatización impuesta en Venezuela durante del periodo 1988-1998. Propuesta de Ley que hemos prefigurado de la siguiente manera:

Capítulo I: Aspectos esenciales

Capítulo II: Clases de victimas y tipos de protección

Capítulo III: La organización de las victimas.

Capitulo IV: Obligaciones del Estado en la protección de las victimas y sus familias.

Capítulo V: De la Comisión Presidencial para el Registro de Victimas.

Como investigadores populares y orgánicos, a fin de medir daños, iniciamos un Registro de Victimas, orientado hacia las personas que se les violó el derecho a jubilarse, específicamente durante la privatización de SIDOR. En 72 horas pasaron de 300 y seguimos recibiendo victimas. También aplicamos una encuesta a nivel de instancias legales-financieras de SIDOR y otros entes que sufrieron privatización hasta hace poco tiempo. Con la Ley se hará el Registro de Victimas en todo el país y en todos los sectores de la economía.

II.

Los análisis científicos preliminares señalan que la negación de la Jubilación especial, es el tipo de daño social, causado por la privatización al pueblo trabajador venezolano, muy grave, que no ha sido reparado ni una pizca y tampoco es comprendido a profundidad por las autoridades competentes junto a algunos sectores de la sociedad.

Se desconoce que en el periodo 1988-98 había una Ley de Jubilaciones del 18 de Julio de 1986, que mediante la jubilación especial, garantizaba la protección de los trabajadores con 15 o mas años de servicio al Estado, ante circunstancias excepcionales y nadie puede negar que la Privatización fue una circunstancia excepcional.

Se desconoce que la Ley de Privatización, aprobada en 1993, reformada en 1995 y 1997, para expropiarnos las empresas, el trabajo y la seguridad social establecía que no podían violentarse el derecho a la jubilación.

Se desconoce que fue una injusticia del difunto Rafael Caldera, Presidente de la Republica para aquel entonces; de las autoridades del Fondo de Inversiones de Venezuela y de las oficinas de recursos humanos de la Administración Pública Nacional que no sustanciaron los expedientes y aprobaron las jubilaciones especiales.

Se desconoce que el derecho a la jubilación es un derecho humano fundamental y como tal, es irrenunciable y no tiene precio en dinero, ya que esta en la misma dimensión del derecho a la vida.

Es evidente, que las personas que tenían 15 o mas años al servicio del Estado y fueron despedidos durante la privatización, tenían derecho a ser jubiladas y por lo tanto, hoy día deben ser jubiladas como medida para reparar el daño social. Y en nuestro Proyecto de Ley son una Clase de Victimas que requiere protección inmediata.

III.

Como elemento importante en esta lucha de ideas por la Protección de las Victimas de la Privatización, encontramos que los leguleyos, que solo ven por los espejuelos del derecho romano y las políticas neoliberales, niegan toda posibilidad de la jubilación especial para las victimas de la privatización, argumentando que para tener opción a la jubilación especial hay estar prestando servicio activo en la Administración Pública.

Ante esta complicación eminentemente legal, pues no es una situación regular, nosotros proponemos en nuestro Proyecto de Ley que es una Obligación del Estado en la protección de las victimas y sus familias, la incorporación de las victimas a la nómina del Estado por un tiempo no mayor de un mes, periodo durante el cual se debe sustanciar, tramitar y aprobar la Jubilación especial negada en tiempos de privatización, garantizando la dignificación de ese pueblo trabajador que hoy tiene mucha edad y poca salud pero toda la razón.

Es una tarea revolucionaria trascender los elementos del Estado burqués con acciones donde la justicia se imponga a las leyes. Solo asi alcanzaremos el socialismo.

Seguimos haciendo el Registro de Victimas y trabajando en el Proyecto de Ley de debemos entregar al Obrero Mayor, Nicolas Maduro, Presidente de Venezuela.

Justicia para las Victimas de la Privatización.