“Una cosa es el error y otra cosa es el engaño: nosotros bien podemos equivocarnos, pero mal podemos engañarnos”.

(Hugo Chávez Frías, “Aló Presidente Nº 243)

Uno de los casos que están tratando de pasar por debajo de la mesa en los actuales momentos, donde el diálogo ha entrado a jugar un papel importante en la vida del país, es el relacionado con la situación que viven más de 28 mil jubilados de la industria petrolera y petroquímica nacional.

La industria principal motor de la economía del país y que ha sido el centro de acontecimientos políticos en los últimos años, sobre todo después del paro petrolero del 2002, donde valientes patriotas la rescataron para el servicio del país y de la Revolución Bolivariana, todavía arrastra rémoras (algunas vestidas de rojo).

Las citadas especies se han reproducido en la industria y muchos son agazapados (Gente del Petróleo), quienes se quedaron dentro de Pdvsa para torpedear proyectos y decisiones de corte revolucionario y otros, son nuevos trabajadores o “enchufados”, quienes penetraron la industria gracias al padrinazgo o al amiguismo de quienes han hecho de la industria “la gallinita de los huevos de oro”.

El tiempo ha transcurrido y el accionar de una quinta columna, los delata cuando manipulan y logran sus objetivos al discriminar a trabajadores que por muchos años, con su esfuerzo y dedicación, dedicaron parte de su vida a la industria petrolera.

Es verdad que de todo hay en la Viña del Señor y así como hoy, en el escenario político venezolano, tenemos a quienes son partidarios del diálogo y la paz y otros piden la violencia; allí en la “Nueva Pdvsa”, están atrincherados militantes de ambos bandos, quienes no dejan de sabotear o imponer políticas negativas las cuales trascienden lo laboral.

La industria petrolera la cual será sometida en los próximos meses a una contienda electoral por parte de sindicatos y Federaciones, sobre todo en la clase trabajadora que le pone el pecho a la brisa en los taladros y centros de producción, se encuentran algunas rémoras vinculadas a gerencias como RRHH, quienes aplican políticas discriminatorias y que no están plasmadas en los Contratos Colectivos.

Paralelamente a esta población, que ya ronda los 150 mil trabajadores activos ( con algunos tercerizados) ya existe una población que supera los 28 mil jubilados agrupados en AJIP y CENAJIP, quienes de un solo plumazo quedaron por fuera de la homologación, como la guayabera, por una decisión tomada por la JD de Pdvsa en el año 2014.

La medida no hubiese sido conocida si no es por el accionar de los nuevos dirigentes del colectivo de jubilados (la Nueva AJIP), quienes descubrieron el “patuque” dirigido por quienes se fueron con la cabuya en la pata y por quienes desde dentro, lograron su sueño de asegurar una jubilación homologada al 100% y discriminando a más de 28 mil jubilados, quienes hoy reclaman justicia y sus derechos, justa jubilación, homologación y el rescate de su Fondo de Jubilaciones.

El Presidente Nicolás Maduro, La Fiscalía General de la República y el Defensor del pueblo deben conocer la política discriminatoria y de exclusión que existe con jubilados de primera y de segunda en Pdvsa.

Para ampliar detalles citamos documento que circula en las redes entre los jubilados y trabajadores de Pdvsa y el cual, debe ser conocido por la opinión pública y las altas autoridades del Estado venezolano:

“En 1993, se constituyó la Asociación Civil Administradora de los Fondos de Pensiones de los Jubilados de Petróleos de Venezuela S.A. y sus Filiales, APJ-PDV, sin fines de lucro, con personalidad jurídica propia, para proveerles de un mecanismo que permitiera compensar la pérdida del valor adquisitivo de sus pensiones.

Por esta razón, las inversiones realizadas con los haberes del fondo siempre tuvieron un alto componente en divisas, superior al 60%.

Cumpliendo las regulaciones del ordenamiento legal vigente y su objeto social, el documento constitutivo de la Asociación APJ-PDV estableció la

distribución total del rendimiento de las inversiones en beneficio de los jubilados, en proporción a los haberes de sus cuentas individuales ya que

los aportes de los jubilados al fondo de pensiones son diferentes.

A partir del año 2005, comenzó el incumplimiento de los estatutos de APJ-

PDV. En un comienzo, a los jubilados de pensiones más altas no se les dio aumento y hoy en día prácticamente todos los jubilados, tienen la misma pensión relacionada con el salario mínimo nacional, independientemente del aporte que se haya hecho al fondo y si se fue director o se fue obrero.

Esto es, APJ-PDV manejó el fondo que es de capitalización individual como si fuera de recursos fiscales. Esto en un principio afectó en su patrimonio solo a un grupo de jubilados pero actualmente los está afectando a todos al no distribuir la totalidad del rendimiento.

Los haberes pertenecientes a los jubilados y depositados en la Asociación Civil APJ-PDV se han manejado en beneficio de PDVSA y no de los jubilados conforme a sus estatutos, como se evidencia al comparar el ejercicio económico 2013 con respecto al del año 2005:

La inversión en divisas disminuyó

de 74% a 66%.

El efectivo y equivalentes en divisas disminuyó drásticamente de US$ 7.233.000 a US$ 1.399.000.

El portafolio de inversiones en el extranjero administrado principalmente por Wachovia Securities de US$ 699.564.000 fue reducido a US$ 113.290.

000 administrado por Unión Banque Suisse, quedando la mayor parte de las inversiones en instrumentos financieros PDVSA.

Los intereses por cobrar en divisas al cierre de ambos ejercicios aumentó de US$ 586.000 en el 2005 a US$ 95.711.000 en el 2013

Al cierre del ejercicio 2013, sólo el 10% de los activos totales del fondo de pensiones no corresponden a instrumentos financieros PDVSA (mayoritariamente) o a títulos avalados por la Nación. Con la migración de la cartera internacional a instrumentos financieros PDVSA se observa la tendencia creciente de aumento de intereses por cobrar que tiene APJ-

PDV.

En el 2014, estos ascienden a la cantidad de 6.498 millones de bolívares lo que representa diez veces más que en el ejercicio anterior.

En el ejercicio 2014, las utilidades por distribuir a los beneficiarios ascendieron a 99.900 millones de bolívares que es mucho mayor que la distribución hecha del orden de 27.000 millones de bolívares para aumentar las pensiones a Bs. 17.000 mensuales en el año 2015, esto es habría un excedente del ejercicio 2014 que todavía no ha sido cancelado a los jubilados.

Del ejercicio 2015, APJ-PDV no ha suministrado información alguna; sin embargo, partiendo de los haberes que deberían existir según la información disponible del ejercicio anterior, las ganancias estimadas para ese ejercicio deberían ser del orden de 230.000millones de bolívares, monto que es superior a la cantidad que se estima de 110.000 millones de bolívares que fue distribuida para aumentar las pensiones a Bs. 40.000 mensuales este año 2016.

Nota: Esa cantidad de dinero no la reciben los jubilados sino que se suman a las reservas actuariales existentes para poder pagar las pensiones futuras con el aumento hecho a las mismas).Ante esta situación de hecho y no de Derecho, APJ-PDV modificó sus estatutos en noviembre 2014 (Oficina de Registro Público del Cuarto Circuito del Municipio Libertador, N° 21, Tomo 33, Protocolo Primero del 26-11-2014) para atribuirle la propiedad de los haberes de los jubilados a PDVSA, con lo cual se daría aparente legalidad al no pagarles la totalidad del rendimiento de los haberes del fondo de pensiones.

La motivación expresada para modificar los estatutos es su adaptación a la normativa de PDVSA, para libertad en la distribución del rendimiento y para “llevar adelante el actual proceso de restructuración de la distribución del ingreso nacional” por justicia social, todo lo cual menoscaba el derecho de propiedad de los jubilados sobre los haberes del fondo y su rendimiento por cuanto no son recursos fiscales.

Por otra parte, a los jubilados de PDVSA y Filiales a partir de enero 2016, se les homologará las pensiones iníciales dándole los mismos aumentos que reciba el trabajador activo, al igual que ocurre en otras instituciones del Estado como el Banco Central de Venezuela, el Poder Judicial, el CNE, el sector militar.

En consecuencia, hay una evidente discriminación de los 28.000 jubilados antes de enero 2016 de PDVSA, Filiales y Pequiven, con el agravante de que se les niega su derecho a recibir la totalidad del pago del rendimiento que producen sus haberes, no se les reconoce los haberes en sus cuentas individuales para distribuir el rendimiento, y adicionalmente con la modificación de los estatutos, se le atribuye arbitrariamente a PDVSA la propiedad de sus haberes que administra

APJ-PDV, manteniendo a esos jubilados en una pensión relacionada a los ajustes del salario mínimo nacional.

Los 28.000 jubilados afectados deben ejercer las acciones que les otorga la ley para reivindicar sus derechos”.

¡Amanecerá y veremos!