Lo que está sucediendo en Cochabamba, Bolivia, pone nuevamente en el tapete el viejo dilema: reforma o revolución. Así como: ¿quién debe gobernar, los trabajadores y el pueblo pobre organizado, o los partidos y representantes de la burguesía?

En Bolivia hace ya varios años, está abierto uno de los procesos revolucionarios más profundos del continente. Todo los acontecimientos recientes, con la caída de dos presidentes de por medio, así como la conformación del “gobierno revolucionario popular” en Cochabamba, ponen en evidencia que en ese país, como en todos los de América Latina, no hay salida a sus recurrentes crisis, a la pobreza, a la defensa de la soberanía y a la entrega de los recursos naturales, en el marco estrecho del capitalismo, bien sea regentado a través de gobiernos abiertamente reaccionarios y entregados al imperialismo y las transnacionales, o gobiernos que intenten algunas tímidas reformas como el de Evo Morales y el MAS.

La insurrección del pueblo cochabambino contra el prefecto (gobernador) Manfred Reyes Villa, dirigente de uno de los partidos de la burguesía boliviana es el reflejo del poderoso movimiento social revolucionario que recorre a ese país andino, y se emparenta con la lucha del pueblo oaxaqueño contra el gobernador Ulises Ruiz.

Las revoluciones no conocen de leyes escritas por los abogados de las clases dominantes locales, lacayas del imperialismo. Las revoluciones históricamente siempre han tenido sus propias leyes, su propia dinámica impuesta por la decisión de los pueblos y los trabajadores de movilizarse contra el estado de cosas que hasta entonces los oprimió. En procesos como el boliviano, o el nuestro, lo que determina el establecimiento de nuevas instituciones y nuevos gobernantes es la lucha y la movilización obrera y popular, así como la correlación de fuerzas que surge de este proceso. No son las leyes burguesas, las constituciones existentes, o la sacrosanta “institucionalidad” lo que prevalece sino la voluntad mayoritaria de los explotados y excluidos de siempre, impuesta por la fuerza de la movilización.

Pero también las revoluciones sirven para que las caretas caigan. Cada quien, cada sector social, cada clase, desnuda con nitidez sus intereses, y toma partido sin eufemismos. En Venezuela lo pudimos apreciar con toda transparencia en los días del golpe de abril de 2002, pero aún con más claridad durante los dos meses del paro-sabotaje patronal y petrolero. Las apariencias y dobles discursos desaparecen, y el pueblo y los trabajadores pueden apreciar quiénes son sus amigos y aliados y quién es el enemigo.

Veamos los acontecimientos
En la tarde del día de ayer, se produjo en Cochabamba un multitudinario cabildo abierto popular que en la propia plaza central de la ciudad, deliberó durante horas exigiendo la destitución del prefecto Manfred Reyes Villa. Trabajadores, maestros, campesinos, cocaleros y estudiantes, decidieron no esperar una leguleya reforma constitucional que establezca el referéndum revocatorio, y obligaron a los consejeros departamentales a elegir un nuevo prefecto. Si embargo estos, argumentando una supuesta ilegalidad, se negaron a debatir y asumir el mandato popular. Ante esto, el pueblo cochabambino decidió conformar una Prefectura Popular, o Comité Popular como también lo llaman, y para instalarlo escogieron la sede de la Central Obrera Departamental, rebasando a sus propios dirigentes que se debatían entre la ilegalidad o legalidad de las acciones tomadas por el pueblo movilizado.

El principal dirigente de la COD, Víctor Mitma, llamó a la calma a los miles de cochabambinos concentrados en la plaza “para evitar la violencia”, mientras que el senador y dirigente del MAS Omar Fernández abogó por una salida “legal”, pero los campesinos y cocaleros se sintieron traicionados por algunos de sus dirigentes y tomaron las instalaciones de la COD exigiendo la inmediata designación del nuevo prefecto.

Mientras se exigía al Ministerio Público que investigue y encuentre a los responsables de los enfrenamientos de la semana pasada en los que perdieron la vida dos personas; se exigió a la Contraloría que realice auditorias a la gestión de Reyes Villa, así como juicio de responsabilidades contra el Prefecto, y se determinó que las regalías departamentales sean entregadas directamente a los municipios.

La propuesta presidencial de un referéndum revocatorio de mandato fue acogida por algunos sectores, pero la mayoría de las organizaciones sociales reunidas en el cabildo popular optaron por las vías de hecho. Optaron por sus propias “leyes”, las que impone la movilización y la dinámica propia de los procesos revolucionarios. Las que determinan la correlación de fuerzas sociales, y dejaron a un lado el laberinto de las leyes burguesas, de los procedimientos “legales” y de la “institucionalidad”, en cuya pira han sido inmolados tradicionalmente los intereses y las reivindicaciones de los trabajadores y el pueblo.

La posición del gobierno: negociar y conciliar con la burguesía
Desde un comienzo, más allá de algunas medidas progresivas pero limitadas como la nacionalización parcial de los hidrocarburos, el gobierno de Evo Morales ha insistido en la negociación y la conciliación con la burguesía. Esta política nefasta es lo que ha permitido que la oligarquía de Santa Cruz de la Sierra haya recuperado fuerzas envalentonándose contra el gobierno en el tema de la Asamblea Constituyente, que aún sigue paralizada, impidiendo la posibilidad de lograr alguna reforma que favorezca los intereses de los trabajadores, de los campesinos y del conjunto del pueblo, que aún alberga esperanzas en el gobierno de Evo Morales y en la Constituyente.

Evo Morales llegó al poder como consecuencia de la insurrección del pueblo boliviano tanto contra el gringo” Sánchez de Losada como contra Carlos Mesa, a pesar de que él y su partido no fueron precisamente vanguardia de estas luchas. Su victoria electoral es fruto de la crisis de los partidos de la burguesía y de cientos de trabajadores asesinados en la lucha contra los anteriores gobiernos de la oligarquía. Es hijo de directo de la “guerra del agua” y de la “guerra del gas”. Evo nunca hubiera llegado al gobierno con tan alta votación si no hubieran mediados dos grandes insurrecciones populares, que pusieron de rodillas a la burguesía boliviana y al imperialismo. Es decir, que el MAS y Evo Morales llegaron al poder con un mandato: la “agenda de octubre”, la cual costó sangre de obreros y campesinos, y no para conciliar con los enemigos del pueblo.

No obstante, llama la atención las primeras reacciones del gobierno sobre el establecimiento de un gobierno obrero, campesino y popular en Cochabamba.

Es así como vemos atónitos como el vicepresidente Álvaro García Linera, antiguo guerrillero, pidió a los movilizados que aguarden el referéndum revocatorio si quieren cambiar a Manfred Reyes Villa. “Esperemos que se habilite una salida pacífica democrática y legal en este tema, esa es nuestra esperanza. Hay un conjunto de normas y reglas democráticas que tienen que ser preservadas y respetadas por todos”.

Por la tarde, cuando el cabildo esperaba que se reuniera el Consejo Departamental de la Prefectura, el mismo Vicepresidente, declaró: “el gobierno respeta a las autoridades legalmente constituidas, nos gusten o no”. Mientras que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, restó autoridad al cabildo de Cochabamba para elegir otro prefecto “porque va contra los derechos constitucionales”. Es decir que los funcionarios del gobierno de Evo Morales, en lugar de cumplir con el mandato popular que los llevó al poder resultan “más papistas que el Papa”, invocan la legalidad y la institucionalidad burguesa y le brindan garantías para que gobierne a un representante de la oligarquía boliviana, como lo es Manfred Reyes Villa. ¿Entonces con quién están? Con el pueblo movilizado o con la burguesía secesionista de Santa Cruz instigada por las trasnacionales y el imperialismo. De acuerdo a este criterio legalista Evo Morales, García Linera y el MAS, de encontrarse en Oaxaca, hubieran estado del lado del gobernador fascista del PRI, Ulises Ruiz. Sin ir muy lejos, en la propia Bolivia el pueblo sacó del poder a Sánchez de Losada y a Carlos Mesa sin cumplir con los lapsos establecidos en la ley. Esto es “ilegal” desde el punto de vista de la burguesía.

En situaciones revolucionarias y extremas como las de Cochabamba es que se sabe ¿quiénes son los verdaderos amigos del pueblo?, parafraseando a Lenin.

Seguid el ejemplo que Cochabamba dio
Al pueblo cochabambino le debemos en toda América Latina la más profunda solidaridad internacional en su lucha, así como al gobierno obrero, campesino y popular revolucionario establecido. Ahora vienen las tareas para organizar el ejercicio del poder, así como medidas de seguridad y armamento del pueblo y los trabajadores, ya que la oligarquía no tardará en organizarse para enfrentar el atrevimiento popular.

Sin embargo, el gobierno popular de Cochabamba sólo se podrá mantener y consolidar si procesos similares se producen en todo el país. Este ejemplo debe ser seguido por todos los departamentos de Bolivia, continuando con La Paz, donde un proceso similar ya está en curso. Confluyendo en un gobierno obrero,campesino y popular en todo el país, mediante el cual la COB, la Fejuve, la Confederación Campesina, la Federación Minera y demás organizaciones obreras y populares, asuman el poder en toda Bolivia.

La Prefectura Popular de Cochabamba debe exigir al gobierno de Evo Morales que deje a un lado su postura legalista y le de todo su apoyo para emprender las tareas que debe realizar; al mismo tiempo deben enviar emisarios a la Paz y a otras ciudades y departamentos para lograr el apoyo y la solidaridad de las organizaciones obreras, campesinas y populares, como la COB y la Fejuve.

*Docente de la UCV y miembro del Comité Nacional Impulsor del Partido Revolución y Socialismo (PRS)
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