Mañana sábado 15 de enero, es "el día del educador", por ello creo oportuno colocar la III parte de este trabajo.

En la entrega anterior, la II de esta serie, dije que "Durante el primer gobierno del Dr. Caldera, entre 1969 y 1974, hubo lo que solemos llamar una ampliación sustancial, casi explosiva del servicio educativo o para decirlo de otra manera, un aumento trascendente de la matrícula."

https://www.aporrea.org/trabajadores/a308839.html

En esa coyuntura, con amplitud, una nueva manera de hacer política, numerosos educadores, militantes de la izquierda que, antes habían sido excluidos y hasta expulsados, por su sola militancia, ingresan y reingresan al sistema escolar en los niveles primario y secundario, crece exponencialmente el número de escuelas, de docentes y, en consecuencia, la matrícula de alumnos. Tanto fue así que, entonces, no habiendo la cantidad necesaria de profesionales de la docencia, con el título correspondiente, se apeló a buena cantidad de ciudadanos para que cumpliesen ese rol, como también antes se había hecho. Casi, al mismo tiempo, nació lo que entonces se llamó el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, hoy una universidad pública, para formar como profesionales de la docencia a quienes sin el título académico cumplían ese rol en las tantas escuelas que entonces nacieron.

En los años anteriores, hablamos del período 1945-48 y hasta en los tiempos de Pérez Jiménez, el Estado solía contratar buena cantidad de docentes procedentes de España, sur y centro América.

Con el aumento del ingreso petrolero, ya a partir de la década del setenta del siglo pasado, se fortalecieron los sindicatos y las luchas del magisterio por obtener mejores ingresos y condiciones de vida, de manera que la labor docente se dignificase hasta cierto nivel y, quien en eso estaba, pudiese dedicarse con pasión y exclusividad. De esas luchas resultó la primera huelga del magisterio y posteriormente el derecho a contratar y la calificación del educador como trabajador docente y no empleado público y los gremios docentes pasaron a ser Federaciones de Trabajadores de la docencia. De alguna manera se admite al docente como un productor de plusvalía y con eso su derecho a gozar de los beneficios previstos en las leyes laborales. Ya no es un simple empleado público sino un trabajador de la docencia a quien se le reconoce su labor en el proceso productivo y la plusvalía material y cultural.

Pese lo anterior, hay que resaltar cómo a partir de allí la FVM y el CPV, dejan de ser organismos que, en gran medida, ponían énfasis en lo académico, calidad del docente y el sistema educativo todo y se tornan esencialmente en entes sindicales y economicistas. Y lo que es además del economicismo se le añade un carácter hasta electoralista al movimiento antes magisterial y docente. Es decir, paralelo al avance economicista en la vida del magisterio, sus organismos de lucha se embriagan en esa concepción y olvidan lo de poner interés en la educación propiamente dicha, generando como el embrión de lo que posteriormente llegará a ser una práctica que hace de la lucha gremial, artificialmente, un elemento en contradicción con la esencia de la escuela y el sistema educativo.

Esos reclamos y conquistas, significaron un aumento sustancial en lo que la derecha sigue llamando "gasto", pese es una inversión sustancial que no sólo favorece a quienes gozan de ese beneficio directamente, sino a los empleadores, empezando por la empresa privada, que puede contar con más abundante y mejor mano de obra.

Si hay algo que reclama no una simple discusión, sino una ventilación absoluta, es la idea que la escuela no sólo opera en beneficio de quien a ella acude en busca de conocimiento y hasta adiestramiento, sino quienes harán uso de esa mano de obra calificada que genera la escuela en todos sus niveles y especialidades. Y como sólo esto, autoriza, califica al Estado, para imponer al capital tributación muy especial por las ventajas que comporta para él.

La caída de los precios del petróleo en las décadas del 60-70 en adelante, pese la posterior nacionalización de esa industria, dado el control que los grandes consumidores, a la cabeza de ellos EE UU, lograron ejercer, tanto como que, miembros de la OPEP, entre ellos Venezuela misma, violaban descaradamente los acuerdos relativos a las cuotas e inundaban el mercado del hidrocarburo a precios viles, coincidió con una mayor ampliación del servicio educativo en los diferentes niveles y crecimiento de la matrícula escolar. Pero también con mayores exigencias del magisterio, fundamentado en su derecho a contratar, lo que convirtió a la huelga en el mecanismo usual para lograr por lo menos parte de las propuestas iniciales de los proyectos de contrato.

Estas circunstancias, crecimiento de la matrícula, ampliación del servicio y mayores reclamos salariales de los docentes, encontraron una traba en la caída de los precios del petróleo, que como ya dijimos, estuvo determinada por la estrategia de los grandes consumidores de dividir y debilitar a la OPEP en su rol de controlador de los precios del hidrocarburo en favor de los productores. Por supuesto, a la hora de analizar este asunto habría que volver sobre las responsabilidades de una clase capitalista interna que bastante había acumulado, sin hacer inversiones correspondientes con ello, menos en áreas vitales de la economía y había optado en gran medida por sacar del país sus excedentes y poco aportaba o aporta a los ingresos del Estado.

Justamente, esta crisis, llegada a un nivel casi insostenible en 1989, agravada por la vieja cultura estatal, favorable a las clases dominantes, de no pechar a estas con impuestos siquiera razonables y permitirles sacar del país sus beneficios para invertirlos o depositarlos en otros espacios, cuando Carlos Andrés Pérez es electo para su segundo periodo presidencial, con una montaña de votos, el 65 % de la participación electoral, alcanzada por los recuerdos dejados por la bonanza habida en su primer gobierno, aquel del afán "nacionalista" y expropiador de negocios quebrados, encontró al país con una enorme deuda pública descomunal, en buena monta ya vencida y con los precios del petróleo en niveles de miseria, pese la producción nacional era por demás elevada. Las mismas reservas internacionales estaban en un estado de precariedad.

El gobierno que opta por un crédito del FMI, se ve obligado a someterse a los criterios de este organismo, en el cual, como sabemos, predomina la idea de rebajar al máximo lo que suele llamar inapropiadamente "gasto público", en lo que entran servicios como educación y salud, para lograr que el Estado equilibre sus cuentas y garantice el pago de la deuda. A aquel Estado que otorgaba a diestra y siniestra y al límite de lo exigido, créditos y dólares baratos a un empresariado que sólo se ocupaban de importar, no se le podía poner freno y nuevas reglas, como la de invertir la conducta. Ya sabemos, como de todo devino el Caracazo, asunto a considerar aparte y en otras circunstancias.

Esta opción, impuesta por el FMI, crea las bases para que aquellas luchas entre el gobierno y los educadores se profundicen y hasta aumenten por las mejoras salariales y, en general los servicios educativos, de manera indiscriminada Pero en medio de eso, la dirigencia política y magisterial, ya actuando claramente, no como aquellas organizaciones al servicio de la educación toda, que incluye al sistema, alumnos y maestros, la ecuación completa, como lo fueron antes la FVM y el CPV, sino como un sindicalismo pragmático, con criterio puramente economicista, comenzó a usar el arma de la huelga con relativo abuso, en deterioro del sistema educativo y en favor de los planes que estaban en marcha de desplazar la matrícula hacia el sector privado.

Estos planes del FMI y el gobierno tuvieron éxito, tanto que la matrícula escolar privada en Venezuela en esos años, en los diferentes niveles, subió de manera ostensible. Y hasta alguna dirigencia política socialdemócrata, progresista, siempre partidaria de la escuela privada, comenzó a ser ganada para la idea de volver a buena parte de los docentes "emprendedores", calificativo puesto de moda ahora, dándoles créditos para que fundaran escuelas privadas.

Por aquellas paralizaciones o huelgas en la escuela pública, entonces por demás frecuentes y hasta sin que mediase ninguna discusión contractual, por cualquier intrascendencia, empezó a cundir la desmoralización y el descrédito de la misma. Lo que conllevó que, parte de esa matrícula empezase a desplazarse al sector privado, tanto que, hasta los maestros de la pública, inscribían a sus hijos en la privada "porque aquí, más es el tiempo que estamos parados que dando clases", como me dijo una maestra a quien consulté al respecto.

Ahora no hay huelgas, el Estado pudo minimizar y hasta desaparecer ese inconveniente, antes llamado recurso sagrado de los trabajadores. Hay soñadores y tramposos, porque de todo eso existe en la viña del señor, que están diciendo que la huelga de trabajadores fue un recurso del economicismo dentro del capitalismo que no se justifica en una sociedad socialista, para banalizar la necesidad de luchar y reclamar ahora por los miserables salarios que ponen en riesgo el sistema educativo y una sociedad prendida para el cambio y no una adormecida y esclava. Pues, así como la derecha predica que aquí hay una dictadura, para justificar el golpe y la invasión, en el gobierno hay quienes hacen lo mismo con la falsa idea que vivimos en sociedad de iguales, donde todos estamos en mismo nivel y de lo mejor, para justificar acabar con los reclamos salariales.