El 1 de mayo, Día del Trabajo, en el que no solo se recuerda los sucesos de Chicago de 1886 y a los mártires de esa jornada, también se conmemora en Ecuador desde 1911. Por entonces la clase trabajadora asalariada era incipiente, bajo un sistema precapitalista, dominado por una poderosa oligarquía agraria, comercial y, sobre todo, bancaria. Sin embargo, gracias a los gobiernos Julianos (1925-1931) se inició un largo proceso histórico de superación del régimen oligárquico y la Constitución de 1929 fue pionera en reconocer el principio pro-operario y una serie de derechos laborales, consolidados y ampliados con la expedición del Código del Trabajo en 1938.
Con el transcurso de las décadas y al compás del crecimiento de la clase trabajadora y del lento camino capitalista del país, crecieron las organizaciones y las luchas reivindicativas. En 1938 nació la CEDOC, primera central nacional, a la que siguieron la CTE (1944) y la CEOSL (1962) diferenciadas y confrontadas por razones ideológicas que prevalecieron sobre las clasistas. Pero a inicios de la década de 1970 lograron converger y crearon el "Frente Unitario de Trabajadores" (FUT), que libró importantes huelgas nacionales en los 80. A partir de los 90, una serie de factores, entre los que destaca la vía neoliberal-empresarial que tomó el país, debilitaron al movimiento de los trabajadores. Su presencia renació desde 2007, cuando la Revolución Ciudadana cortó el neoliberalismo y avanzó en la construcción de una economía social. También aparecieron nuevas organizaciones de trabajadores. Paradójicamente, las dirigencias de varias de las organizaciones tradicionales rompieron con ese gobierno, pasaron a la oposición y, desde entonces, el "correísmo" fue convertido en una especie de enemigo principal a vencer.
Desde 2017, la recuperación del modelo empresarial-neoliberal ahondó las consignas de las elites empresariales para conquistar, en forma definitiva, una serie de reformas destinadas a flexibilizar las leyes laborales. La pandemia de 2020 creó las condiciones adecuadas y la "Ley Humanitaria" (junio, 2020) concretó significativas flexibilizaciones, que pretendieron profundizarse en septiembre de 2021 con la "Ley de Oportunidades", que la Asamblea Nacional no aprobó. Pero las consignas flexibilizadoras se mantienen, no solo por interés de esas élites, sino porque existe el compromiso de las reformas laborales con el FMI.
Como era previsible, de acuerdo con la experiencia histórica tanto latinoamericana como ecuatoriana durante las décadas finales del siglo XX e inicios del XXI, el modelo empresarial-neoliberal restituido desde 2017 y el interés de las derechas políticas y económicas por impedir cualquier proyecto alternativo de economía social y mucho menos encabezado por alguna fuerza de izquierda, han provocado, en tan solo cinco años, la reversión de los logros sociales de la década inmediatamente pasada, la modificación del dominio político y la hegemonía de un bloque de poder encabezado por altos grupos económicos, bancarios y mediáticos. En tales circunstancias, aunque algunos índices macroeconómicos sugieren una coyuntural recuperación, en la sociedad ecuatoriana la pobreza aumentó, así como el desempleo y el subempleo, de acuerdo con datos del INEC (https://bit.ly/3y44SMd), mientras se acentuó la concentración de la riqueza en la clase capitalista, favorecida por recurrentes medidas gubernamentales, según lo demuestran los distintos estudios del IIE-UC (https://bit.ly/3ktBiry). Creció la desinstitucionalización en las distintas funciones del Estado, igualmente la corrupción pública y especialmente la privada (evasión tributaria, paraísos fiscales, INA Papers, Panamá Papers, Pandora Papers, etc.), se ha disparado la inseguridad ciudadana, la emigración de ecuatorianos nuevamente despega, se reflejan la desesperanza y el desarraigo a través de las redes sociales, no hay más un sentido latinoamericanista, mientras se ha forjado una "cultura del privilegio" (CEPAL) gracias a que florece el poder privado, ante un Estado víctima del "achicamiento", que ha afectado severamente la provisión de bienes y servicios públicos. Falta completar lo fundamental del camino neoliberal-empresarial a través de las "privatizaciones", los nuevos tratados de libre comercio y la definitiva reforma laboral. Ante semejante panorama es obvio, históricamente hablando, que la conflictividad social se ha agudizado, con imprevisibles sentidos para la vida futura de la nación.
En consecuencia, la conmemoración del Día del Trabajo en Ecuador ha convocado no solo a organizaciones de trabajadores, también a los diversos sectores políticos de las izquierdas y, además, a una multiplicidad de fuerzas sociales independientes, orgánicas e "informales", que expresan la desesperanza común frente a la realidad nacional, lo que ha constituido una situación nueva desde hace años, y a la que se ha tratado de descalificar como la conjunción de fuerzas "desestabilizadoras". En todo caso, existe una situación compleja para los sectores populares, todavía con fuertes desuniones y débiles frente al bloque en el poder. No hay duda que existe una reacción contra el camino neoliberal-empresarial y hoy, además, plutocrático. También se ha manifestado la demanda por democracia, el respeto a la movilización social y a los derechos constitucionales. Sin embargo, al mismo tiempo, es necesario advertir que es evidente la urgencia de reconstituir el movimiento de los trabajadores, agotado por múltiples limitaciones, que incluyen la ubicuidad política de distintas cúpulas, así como la sujeción a posturas tradicionales, que ya no responden a la dinamia de los cambios que ha experimentado la evolución histórica del país.
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