En la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras (2012) se señala que "La LOTTT incorpora la noción de que la riqueza es un producto social generado principalmente por los trabajadores y las trabajadoras y por tanto se establece que su justa distribución debe garantizar una vida digna junto a sus familias. En la misma línea, atribuye al Estado la responsabilidad de proteger el salario, así como proteger y fortalecer el ingreso familiar, en corresponsabilidad con la sociedad y las organizaciones del Poder Popular…"

Contraponiendo lo antes señalado y alegando que los trabajadores no son productivos y que como bien reza el credo capitalista, no se puede repartir una riqueza que no existe, desde el 2018 el Ejecutivo lleva adelante una política laboral que además de contrariar las leyes vigentes al respecto ha llevado a los trabajadores y sus familias a condiciones materiales deplorables.

El Decreto Presidencial 4.805, del 1 de mayo 2023, elimina el referente "salario mínimo" e impone el de "ingreso mínimo vital", con lo cual además de contrariar lo señalado en la exposición de motivos de la LOTT, contradice el Articulo 91 de la Constitución Nacional, el cual establece que "El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año…"

Así como por arte de magia aparece el concepto de "ingreso mínimo vital" que pasa a sustituir el referente "salario mínimo vital" y entre otras cosas, se soslaya la noción de que "la riqueza es un producto social generado principalmente por los trabajadores y trabajadoras" y que "sea necesaria una justa distribución de la riqueza", como se plantea en la Exposición de Motivos de la LOTTT

Con este decreto se oficializa la "bonificación" del salario, decimos que se oficializa porque en los hechos ya desde enero de 2023 el ingreso de los trabajadores dependía sustancialmente del "Bono de Guerra" ($30) que se comenzó a otorgar el Ejecutivo, a través de la Pagina Patria, a los trabajadores públicos como respuesta al conflicto laboral que desde el 9E los maestros llevaron a las calles del país.

El "salario mínimo" se mantiene invariable en 130 Bs. (equivalente hoy a $ 4,81), no se incremento y como ya se ha explicado ya, en los hechos se introduce el concepto de "ingreso mínimo vital" que viene a sustituir al salario mínimo como referente.

Apenas han transcurrido 11 años de que se promulgo la LOTTT (2012), y basta repasar ligeramente los cuestionamientos de Chávez a las políticas laborales neoliberales de los 90 para constatar que actualmente estamos frente a un proceso de "regresiones a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, incurriendo en evidentes violaciones de derechos fundamentales de la población" (como se alerta en la Exposición de Motivos de la LOTTT)

"… aquí en Venezuela, en los años 90, comenzaron a modificarse leyes, comenzaron a tomar decisiones, la eliminación de las prestaciones sociales, por ejemplo, como la bonificación del salario. Ustedes no se acuerdan que aquí inventaban bonos a cada rato: el bono de transporte, el bono de zapatos, el bono por respirar, el bono por no se que más. Comenzó a ser desmontado y desconocidos los derechos de los trabajadores que cuanto le habían costado. Y no es que tampoco la situación era de privilegiados, pero los trabajadores, la clase obrera había logrado unos derechos fundamentales a punta de batallas, de sacrificios…" (extracto video de Hugo Chávez)

Pero además de la política laboral que no dudamos en calificar de fraudulenta y regresiva que se impone a los trabajadores desde 2018, ante la reacción de los trabajadores en la defensa de sus derechos el Ejecutivo está aplicando la judicialización a quienes se han atrevido a liderizar protestas contra la política laboral gubernamental.

El caso más reciente, pero no el único, es el de los tres dirigentes sindicales de Ferrominera del Orinoco en Guayana quienes fueron detenidos por encabezar las luchas porque el patrono rectifique la política salarial que los mantiene en las peores condiciones materiales de los últimos tiempos. En enero de 2023 algunos dirigentes obreros fueron víctimas de la judicialización por esta causa.

Los trabajadores, sin excepción, debemos solidarizarnos con los trabajadores sidoristas injustamente detenidos en Guayana, exigirle a las autoridades libertad plena inmediata para ellos y mantener la lucha por los derechos vulnerados y contra la política laboral impuesta desde 2018.

No al fraude laboral que han impuesto, no a la vulneración de los derechos laborales y no a la judicialización de quienes defienden sus derechos vulnerados.