Para continuar políticas y medidas que han ampliado de derechos humanos para la mayoría trabajadora y creando las condiciones de crecimiento económico, contribuyendo a la disminución del desempleo y a la recuperación del empleo formal, frente a la informalidad, quedan pendientes los siguientes aspectos:

• Lucha por la disminución de la jornada de trabajo. El mandato contenido actualmente en la Constitución y reforzado en el planteamiento de reforma constitucional debe continuar y el gobierno nacional hoy posee instrumentos para ello. Resulta impostergable que la disminución o reducción de la jornada de trabajo alcance a quienes laboran en procesos continuos (“por turnos”), incluyendo aquellos que trabajan como “tercerizados” vinculados a éstos, así como quienes cumplen tareas de vigilancia y seguridad, de conserjería, de trabajo rural, entre otras. Para ello, parece conveniente en lo inmediato que se designe una comisión de alto nivel que aborde la materia, estableciendo prioridades sobre los sectores de trabajadores y trabajadoras en situación de mayor vulnerabilidad jurídica en la actualidad, los cuales cumplen jornadas de labores superiores a las ocho horas diarias.

• Lucha por la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Los avances registrados en esta materia tanto en el campo legislativo, como en terreno administrativo, deben ser completados por un agresivo y definitorio programa de formación, capacitación e inclusión laboral de las personas con discapacidad, que se inicie por el sector público y que se imponga como obligación en el sector privado, en respeto del 5% de la nómina de trabajadores y trabajadoras que establece la reciente legislación y apoyados en la novísima Misión “José Gregorio Hernández”.

• Lucha por la igualación de las remuneraciones y beneficios sociales en las instituciones del Estado. En contradicción con el discurso socialista y no obstante la evidente ampliación de beneficios laborales en las instituciones del Estado, se evidencia que las políticas de personal y de recursos humanos de éstas resultan dispersas e incoherentes y, en no pocos casos, contradictorias e injustas. Al interior de los trabajadores y trabajadoras del Estado ha surgido un sentimiento de denuncia sostenida frente a regímenes de remuneraciones, de beneficios sociales, de jubilaciones y pensiones, que se justifican como “especiales” frente a la mayoría de quienes laboran en el sector público. Estos regímenes resultan contrarios a los principios de la Revolución, que reivindica el establecimiento de condiciones generales e igualitarias y que valora lo “especial” como privilegios que legitiman la distribución desigual e injusta de los recursos públicos.

Apoyados en la debilidad de la planificación central y en los mecanismos de seguimiento y control derivados de ésta, y sobre la base de una desviado empleo de la “autonomía funcional”, que se traduce en la utilización de recursos propios como patrimonio de las burocracias, en lugar de acercarnos al socialismo, avanzamos con velocidad hacia el corporativismo. Por tanto, la igualación laboral en las instituciones del Estado, pasa por el reconocimiento y fortalecimiento de la planificación central, la identificación de los regímenes privilegiados financiados con los recursos públicos, el establecimiento de un camino de transición hacia su superación progresiva, así como el fortalecimiento de la conciencia política que transcienda la lógica corporativa.

• Lucha por la seguridad social pública y solidaria. Resulta impostergable la creación y funcionamiento de una nueva institucionalidad que supere las estructuras y procedimientos que la población en general, asocia con la corrupción, la ineficiencia y el burocratismo. Muchas propuestas transformadoras han sucumbido, aún en tiempos de la revolución, víctimas de la visión desarticulada e individualista de quienes estaban al frente de las instituciones del Estado (luchando por sus “conucos”) y la victoria de las burocracias sobre los principios de transparencia, eficiencia y eficacia. Más allá de las mejoras puntuales y de los esfuerzos realizados en estos casos, por la abundante inversión pública en este terreno, es necesario caminar en la transición hacia una institucionalidad que centralice los procesos de inscripción y registro de los beneficiarios y beneficiarias, de las empresas y establecimientos, de las verificaciones de cumplimiento, de las inspecciones y supervisiones en los centros de trabajos. La creación de la Tesorería de la Seguridad Social involucra estos procesos, pero adicionalmente permite la centralización y el incremento de la recaudación por estos conceptos, la simplificación de los procedimientos y trámites a través de un registro único de empresas y establecimientos, la creación de una solvencia única y un cuerpo unificado de inspectores e inspectoras al servicio del ministerio encargado de la seguridad social. Adicionalmente, es necesario que en las instituciones que dirijan y gestionen la seguridad social participen representantes o sean consultados representantes de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, así como de los consejos comunales.

• Lucha por ampliación de la cobertura de la seguridad social y la distribución justa de los recursos asignados a ella. En materia de cobertura, la seguridad social debe avanzar en una mejor y más justa distribución de los recursos públicos a favor de la cobertura de la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras y de la población en general, que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad y que justifican su protección. Ejemplos de jubilaciones con montos de 26 mil bolívares fuerte mensuales, contrastan con pensiones de retiro del IVSS de 614 bolívares fuertes mensuales, asignaciones económicas mensuales de la Misión de Madres del Barrio de 491 bolívares fuerte y las ayudas del INASS de 368 bolívares fuerte. Por tanto, políticas como el Plan Cotización 750 (Decreto N° 4.269 de febrero de 2006) inexplicablemente culminado en el año 2007, deben proseguir; pero igualmente ampliarse la protección de las mujeres amas de casa y la protección de los madres y padres en pobreza extrema. Estas políticas pueden ser impulsadas, si se avanza en la revisión de los regímenes especiales, particularmente de aquellos que son valorados por la sociedad como privilegios inaceptables financiados con recursos públicos.

• Lucha por la creación de los Consejos de Trabajadores y Trabajadoras y la gestión revolucionaria de la propiedad. Bajo el impulso y construcción de un modelo económico socialista, la producción y la gestión de las empresas y establecimientos debe orientarse a la satisfacción de las necesidades de la población. Para ello es necesario que las empresas y establecimientos se encuentren bajo regímenes de propiedad social, en la cual los trabajadores y trabajadoras participen en su gestión de manera directa, decidiendo a partir de la planificación centralizada del Estado revolucionario, sobre la distribución de lo que producen y de los servicios que prestan, así como sobre los recursos que destinan para sus retribuciones. Para ello, es fundamental que las empresas y establecimientos estrechen los vínculos con las comunidades y los entornos geográficos en los cuales están situadas, manteniendo relaciones permanentes entre las direcciones de las empresas, los consejos de trabajadores y trabajadoras, las organizaciones sindicales y los consejos comunales, atendiendo desde la planificación central a las necesidades nacionales, regionales y locales. Esta fórmula resulta fundamental para enfrentar el burocratismo y el corporativismo, así como para emprender un progresivo camino de socialización de bienes públicos que hoy son administrados bajo criterios privatistas y elitescos.

• Lucha por profundizar la modernización de la institucionalidad protectora de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Durante estos últimos años, además de ampliarse el marco jurídico de protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, se inició un proceso de mejoras sustantivas, sucesivas y en crecimiento en el plano logístico, de infraestructura y de recursos humanos y materiales, que permitió la ampliación de las instituciones encargadas de la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Los avances presupuestarios aprobados facilitaron la creación del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales; la ampliación y mejora de la infraestructura de las Inspectorías del Trabajo, de las Unidades de Supervisión y de las Procuradurías del Trabajadores y Trabajadoras. Los logros en este terreno, superiores a los de cualquier otro gobierno en la República, fueron interrumpidos en el año 2007. Hoy se trata de retomar esta línea de trabajo y profundizar su cobertura a nivel nacional.

• Lucha por el reconocimiento de la diversidad de corrientes revolucionarias en las organizaciones sindicales. A la luz de la derrota electoral del pasado 2 de diciembre, parece evidente que las relaciones colectivas de trabajo deben ser administradas y conducidas sobre la base del reconocimiento de la diversidad de corrientes y tendencias que hacen vida en el campo sindical, que se afirman como revolucionarias y que parten de la defensa de los derechos e intereses de clase obrera. Para derrotar el bloque histórico capitalista, es necesario sumar a todas las fuerzas del cambio y la transformación, generar los espacios de debate y de encuentro que faciliten darle direccionalidad estratégica,  que apunten a la derrota de los enemigos históricos. La forma sectaria en que se conducen las relaciones de trabajo, la pretensión de imposición de una sola corriente y el deseo de suprimir los logros organizativos que surgidos en el movimiento sindical tras la derrota del sindicalismo “amarillo” de la CTV en los años 2002 y 2003, le han hecho un duro daño en el terreno político al gobierno y a la unidad de los revolucionarios y revolucionarios en el movimiento sindical. Buscar reemplazar en forma burocrática los liderazgos naturales, pactando cuotas de poder en lugar de afianzarse en el trabajo de base, lejos de permitir la construcción de un modelo económico que tiene como protagonista a los trabajadores y trabajadoras, culminará en los pactos de clase que hoy se evidencian en algunas políticas públicas, contrarias a las avanzadas en los años precedentes.

• Lucha por una legislación laboral y de seguridad social acorde con los tiempos de Revolución. Resulta necesario que los avances de conciencia y que los logros institucionales se trasladen al campo legal, superando las figuras excluyentes y flexibilizadoras contenidas en la legislación laboral y de la seguridad social. Para ello, es necesario que el proceso de transformación jurídica sea el producto de escenarios de debates abiertos, donde las posiciones de clase ubiquen esta legislación como parte del ordenamiento jurídico de una sociedad donde los trabajadores y trabajadoras también son protagonistas en la conducción de las empresas y establecimientos bajo formas de propiedad social. La transformación jurídica debe ser parte de un planteamiento serio y sostenido en la construcción de la sociedad socialista, y no un recurso mediático (tipo “pote de humo”) para encubrir las fallas en la gestión gubernamental y las alianzas con el capital en algún conflicto colectivo de trabajo, como viene ocurriendo actualmente.

En vísperas de un nuevo 1° de mayo, Día Internacional del Trabajador, estos aspectos forman parte del marco programático que debe signar las políticas públicas de todo gobierno revolucionario y debe centrar las luchas de las organizaciones de la clase obrera en el combate por el socialismo, en la defensa de una patria soberana, libre e independiente frente al imperio y sus lacayos internos.

04 de abril de 2008
Colectivo Antonio Díaz “Pope”.