Las organizaciones populares articuladas en la iniciativa #LaOtraCampaña exigen al Estado la libertad de los trabajadores injustamente judicializados y encarcelados por defender derechos o por denunciar corrupción. Interpelan a todos los candidatos a pronunciarse sobre este tema.
"No puede haber elecciones realmente democráticas con trabajadores judicializados por defender los derechos humanos laborales", señaló Adelmo Becerra, dirigente sindical en el Inces y militante de Frenpodes, quien participó de la acción ante el Ministerio Público en Parque Carabobo (Caracas), este 11.06.24, en la que exigían libertad para los Sidoristas Daniel Romero y Leonardo Azocar.
Ana Barrios, activista de Surgentes, colectivo de DDHH que también hace parte de la Otra Campaña, señaló que, según una investigación de la organización, entre 2014 y 2022 "fueron arbitrariamente judicializados 133 trabajadores.
Dicha investigación arrojó datos como los siguientes:
El 92% de los trabajadores injustamente judicializados pertenecen al sector público, en particular a los sectores petrolero y siderúrgico.
En el 47,4% de los casos fueron judicializados como respuesta a su exigencia de cumplimiento de derechos laborales.
En el 39,9% fue consecuencia de que se atrevieron a denunciar corrupción o que fueron utilizados como chivos expiatorios por los verdaderos corruptos.
Se trata de detenciones y juicios políticos, lo que se evidencia en que en el 72,5% de los casos el cuerpo de seguridad actuante fue de naturaleza política: Dgcim (64,6%) y Sebin (7,9%); en que muchos de los delitos imputados son de naturaleza política, como Traición a la patria, terrorismo o sabotaje y en que los juicios son totalmente amañados, con los mismos patrones de violación al debido proceso: los incomunican, no les permiten nombrar abogados privados, los fiscales acusan aunque no hay pruebas, los jueces de control deciden que continúe el juicio sin base probatoria, en el 85,7% de los casos los juicios no avanzan de la etapa intermedia y, si los sueltan, les ponen cautelares que les impide hablar o participar en protestas, es decir, les anulan derechos políticos". Entre esos casos, señala la activista de DDHH, "se encuentran Daniel Romero y Leonardo Azocar, dos sindicalistas de Sidor, chavistas, que llevan un año presos solo por haber protestado pacífica y legalmente en los portones de la empresa.
Romero, se encuentra en una grave situación de salud, ha rebajado más de 40 kilos y presenta un color amarillento, por las condiciones inhumanas de reclusión. Por eso estamos aquí, exigiendo su libertad y atención inmediata a su salud".
Adelmo Becerra (Frenpodes) agrega que estas violaciones a los derechos de los trabajadores "ocurren, además, con el silencio cómplice de instituciones como la Defensoría del Pueblo, que no está cumpliendo con su rol institucional. Y es que se trata de todo un andamiaje estatal puesto al servicio de una política de criminalización, amedrentamiento y disuasión de las luchas por derechos laborales". Agrega el dirigente sindical, que "la represión es la otra cara de la política económica neoliberal, que es producto de una nueva alianza entre la burguesía y el Estado. Si el Ejecutivo flexibiliza los derechos laborales, deroga de facto la Ley del trabajo, desaparece el salario, las prestaciones, las utilidades y el bono vacacional como consecuencia de la bonificación del salario, eso evidentemente genera conflicto, movilización, reclamos.
Y esos reclamos -continúa Becerra- son respondidos con el uso arbitrario e ilegal del poder coactivo del Estado.
Comenta también Becerra, que "nada de esto, por cierto, se discute en la campaña presidencial. El Candidato presidente, porque es el principal responsable de esa política y los otros candidatos, porque representan opciones cercanas a distintos sectores de la burguesía, que siempre han impulsado políticas contrarias a los derechos laborales. Por eso planteamos ese debate desde la Otra Campaña, en esta acción de solidaridad con los compañeros de Sidor".