Efectivamente, el establecimiento de nuevos mecanismos para la distribución y comercialización de alimentos, y en el caso que nos ocupa, de alimentos de origen agrícola y pecuario, no significa hacer política alimentaria, es la parte final de un largo proceso que nace con la política de producción y aún más atrás, que nace en el surco, mediante la implantación y adaptación de variedades vegetales y la cría y adaptación de nuevas variedades animales, que pasa por la definición de superficies de siembra y áreas de cría y que transita por la medición de las demandas internas y la exploración de mercados internacionales, la capacidad de producción de insumos y la disponibilidad de medidas de control sanitario.

En el caso de Venezuela, además de los factores citados, habría que agregarle, la capacidad que tendría todo el sistema de respaldos institucionales, para organizar y encarrilar la puesta en producción de las tierras que se rescatan por la vía del proceso de transformación agraria.

Viendo desde la perspectiva indicada el tema de la política alimentaria, acreditarle al Ministerio de Alimentación funciones de carácter rector, resulta ser poco apropiada, pues evidentemente una cosa es direccionar los esfuerzos productivos y su impacto final en el consumo interno y las iniciativas de exportación, y otra, darle contenidos, soporte y seguimiento a la política agrícola y pecuaria. En ambas áreas, el manejo de información básica, que permita establecer objetivos y metas y el seguimiento de los parámetros que tengan que ver con el esfuerzo productivo, resultan ser de naturaleza vital.

Las incoherencias que puedan darse entre las manifestaciones de diversos funcionarios, a cargo de carteras ministeriales que están involucradas en la producción de alimentos, tiene que ver tanto con un diseño indebido de la estructura institucional y a la ausencia de claridad en las estructuras de mando. Las manifestaciones de competencias indebidas que se pueden estar dando, son la expresión de que la estructura institucional no responde a las necesidades reales del esfuerzo productivo y a las condiciones de operación de todos los esfuerzos involucrados, en las condiciones de la nueva economía que se está construyendo. Estas manifestaciones, así como otras que se deben estar dando en diversas áreas de la actividad gubernamental en Venezuela debe obligar a las autoridades de gobierno a una revisión de la estructura institucional vigente y la implementación de medidas urgentes, que permitan poner al sistema de instituciones públicas a la altura de las demandas del proceso de cambio que vive el país, y no solamente en el sector agropecuario institucional.

En cuanto a la implementación de la política alimentaria, evidentemente se necesita crear una especie de centro de dirección, que logre establecer criterios de planificación de corto, mediano y largos plazos, que logre articular y orientar todos los esfuerzos productivos, que implante medidas relacionadas con la estructura funcional de las instituciones del sector agropecuario, que eleve y fortalezca sus condiciones de competitividad.

Venezuela es un país, que por sus características de desarrollo productivo de los últimos 40 años, tiene una gran dependencia del mercado externo en alimentos básicos y el crecimiento de la oferta interna no ha logrado todavía los ritmos necesarios, en cuanto a producción de alimentos básicos. Los altos precios del crudo ha permitido y todavía permiten, la importación de volúmenes importantes de alimentos de consumo básico que representan una carga importante de divisas, pero tal tendencia no puede continuar porque se generan riesgos innecesarios, que deben paliados con el desarrollo de un pujante sector agrícola, que bajo distintas formas de organización empresarial y productiva, pueda responder en forma paulatina, a cubrir las demandas internas en un alto porcentaje, que evita además estar importando inflación externa. De ninguna manera se deben dejar de lado, el establecimiento paulatino de una política de exportación de productos agrícolas.

Algunas iniciativas a implementar.

La implementación de una política alimentaria debe darse en forma integral a partir de la integración paulatina de una serie de elementos complementarios e interrelacionados, en fin debe ser un proceso participativo de todos los actores institucionales y productivos, que asegure a la vez a la sociedad mecanismos de seguimiento, monitoreo y rendición de cuentas.

Deben diseñarse mecanismos que aseguren el fortalecimiento del mercado interno, como una manera de acercar al productor con el consumidor y combatir la intermediación y especulación, como un factor de distorsión de precios y de deterioro de la calidad. Una visión integral de la relación productor-consumidor permite además reducir la vulnerabilidad ante los efectos de fenómenos externos.

Es necesario ajustar el sistema institucional del país a las necesidades de la política alimentaria, para que cada instancia de gobierno cumpla como elemento facilitador de la estrategia general. Los problemas del desarrollo agropecuario hay que verlo dentro de lo posible, desde la perspectiva de desarrollo rural integral, en donde los factores y enfoques productivos se crucen con las iniciativas de mejoramiento de la calidad de vida en el área rural.

Es necesario para los efectos de una política alimentaria, y más, para los efectos de una política agropecuaria, establecer una ley marco que armonice y concilie, en donde sea necesario, todos los instrumentos y leyes vigentes, en comercio exterior e interior, para integrar los enfoques principales. Y de la misma manera es necesario emprender iniciativas que establezcan claramente las relaciones y dependencias entre diferentes agencias del gobierno, que defina los patrones políticos y administrativos para el diseño de una política alimentaria, como parte de una estrategia de seguridad nacional. Todo el esfuerzo político y administrativo debe estar encabezado por una estructura política superior, que logre articular y orientar los esfuerzos principales, en una especie de órgano contralor nacional de la seguridad alimentaria y la política agropecuaria.

Este órgano superior debe tener capacidades tales que le permitan desarrollar funcionar en las siguientes áreas:

1.- participar en la definición de la política agropecuaria, metas de producción y políticas de abastecimiento.
2.- participar en negociaciones comerciales que involucren al sector agropecuario.
3.- establecer mecanismos de arbitraje comercial y de compensación y sustentación de precios y que además sirva como instancia de regulación de las prácticas de comercio desleal entre el mercado externo e interno.
4.- vigilar las condiciones y calidades de los alimentos que se comercializan en el país.
5.- intervenir en la formulación de políticas arancelarias y de compensación, en la línea de fomento de la producción nacional.
6.- El fomento de una política que estimule una tecnología agropecuaria sostenible mediante la implementación de prácticas de investigación agrícola que consideren el potencial agroecológico y metodologías de extensión agrícola que potencien el conocimiento tradicional y los nuevos aportes tecnológicos, como medio también para reducir la dependencia de insumos importados.

Algunos instrumentos a establecer.

1.- Una estrategia de investigación y desarrollo tecnológico que permita mantener actualizados los paquetes de producción de productos tradicionales, nuevos productos y variedades a introducir en la práctica agrícola del país.
2.- alternativas y paquetes financieros adecuados , ágiles y de costos competitivos, mediante el establecimiento de sistemas de crédito adecuados, identificados en su orden con las iniciativas de producción dictadas como políticas oficiales. Tiene que darse una conciliación entre banca y producción, para asegurar rendimientos adecuados y costos accesibles y competitivos.
3.- el fomento de cadenas agroalimentarias como medio de dinamizar la economía regional, incrementar la oferta interna y el valor agregado, de la producción agropecuaria.
4.- establecer una estrategia de cooperación interna y externa que involucre organismos oficiales y cooperación solidaria.


Federico Picado
Ingeniero Civil