A la luz de la Constitución Bolivariana, se impone la necesidad de adaptar toda la legislación, a los principios en los que se fundamenta la Refundación de la República; habida cuenta que entre los más importantes tenemos la progresividad de los derechos humanos, y como elemento resaltante de ésta, la participación popular, se hace imprescindible legislar no tan solo para garantizarlos, sino más bien para asegurar su materialización.
En ese mismo sentido, en la constitución se recogió la participación como derecho humano fundamental, ampliándose como deber; de tal modo, que se ha impuesto la necesidad de concebir textos legislativos con mecanismos que permitan el libre, sólido, eficaz y eficiente ejercicio de la participación popular.
Por tanto una nueva legislación revolucionaria que contemple mecanismos dirigidos a profundizar el ejercicio del poder popular, ha sido la máxima aspiración de legisladores y pueblo en general.
Así como el texto constitucional está transversalizado por el derecho y deber de participar, la legislación revolucionaria contiene los elementos, herramientas y mecanismos que garantizan el ejercicio del poder popular y permiten viabilizar el empoderamiento definitivo del pueblo, de su propio destino colectivo, pues con dichas leyes se transfiere poder al soberano, no solo en lo estructural e institucional, sino que esa transferencia va a llegar hasta la organizaciones populares, las cuales por primera vez van a tener de manera organizada, el control de la planificación, ejecución, seguimiento y control de las obras y servicios requeridos para la satisfacción de las necesidades colectivas, y su verdadero crecimiento integral, individual y colectivamente.
Con la legislación revolucionaria caminamos hacia la materialización de la verdadera justicia social, basada en la equidad: dar a cada pueblo de acuerdo a su necesidad y exigirle de acuerdo a su capacidad, construyendo relaciones basadas en valores de convivencia humana, tales como: solidaridad, compasión, servicio, honestidad, inclusión, paz y tolerancia; lo que nos conduce inexorablemente hacia la construcción de un Estado social de derecho y de justicia.
En definitiva las leyes revolucionarias son un instrumento indispensable para ROBUSTECER el poder popular y CONSOLIDAR su ejercicio, mediante el otorgamiento de herramientas y recursos a las organizaciones comunitarias, que les permitan generar el desarrollo integral de las comunidades desde su seno, esto es, desde donde verdaderamente se sienten las necesidades; haciendo letra viva el principio de igualdad, al otorgar las mismas oportunidades y en iguales condiciones a todas las formas de organización populares, consolidando la soberanía y asegurando las condiciones materiales y espirituales que permitan el desarrollo productivo del pueblo venezolano.
Su fin último es lograr el desarrollo equilibrado, armónico y sustentable, del pueblo venezolano atendiendo a las necesidades colectivas con equidad, generando el bien común de todos y todas; de allí que se imponga la necesidad de conservar la mayoría parlamentaria, para solifidicar el Socialismo Bolivariano.
Vicepresidenta del FNAB
minnorij@yahoo.com
